26 de octubre de 2026
El respaldo del Gobierno a cooperativas auríferas quedó sellado de manera explícita tras las declaraciones del ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, durante el sexagésimo tercer aniversario de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco). En el acto público, la autoridad gubernamental calificó al gremio minero como el verdadero motor de la reactivación económica del país y garantizó el acompañamiento estatal para facilitar las condiciones de su trabajo. Esta muestra de sintonía política ocurre en un contexto de profunda contradicción social, donde las exportaciones de oro alcanzan máximos históricos sin aliviar la escasez de divisas nacionales, mientras las comunidades indígenas de la cuenca amazónica enfrentan una catástrofe sanitaria por contaminación de mercurio y sufren conminatorias judiciales que amenazan con criminalizar su resistencia territorial.
El discurso de Aramayo: pacto con Ferreco y promesas de expansión
Durante su intervención ante los cooperativistas, el ministro Fernando Aramayo enfatizó la magnitud económica y electoral del rubro, señalando que la minería agrupa a cerca de 80.000 afiliados y moviliza de manera indirecta a unas 320.000 personas. “Si revisamos las cifras, quienes realmente sacan adelante al país es el sector minero, un sector minero que todavía tiene mucho espacio por crecer”, afirmó la autoridad, comparando los 6.300 millones de dólares que exporta Bolivia con las cifras mineras de Chile y Perú para justificar la necesidad de intensificar la extracción.
Lejos de condicionar el apoyo gubernamental a la mitigación del desastre ambiental o al cumplimiento de normas laborales, el titular de la Presidencia garantizó facilidades operativas directas al gremio aurífero: “Es un trabajo en el que no están solos. Estamos juntos como Gobierno a su lado, vamos a estar siempre tratando de facilitar todas las condiciones para que su actividad siempre llegue con éxito y a buen puerto”, manifestó Aramayo, consolidando un puente institucional que asegura protección a un sector clave en el sostenimiento del tablero político oficialista.
Radiografía del Oro en Bolivia: Alianza Oficial, Mercurio y Acoso Judicial
Sistematización de datos sobre las declaraciones ministeriales, el hostigamiento a la CIPOAP en Pando, los informes científicos de contaminación y la paradoja financiera.
| Ámbito / Eje | Fuentes y Actores | Dato Central Verificado | Ficha |
|---|---|---|---|
| Alianza GubernamentalCOMPROMISO ESTATAL | Fernando Aramayo (Ministro de la Presidencia) y Ferreco | El Ejecutivo calificó a los cooperativistas como los que realmente sacan adelante al país y prometió facilitar condiciones para su expansión. | |
| Acoso a la ResistenciaULTIMÁTUM PENAL | Fiscalía Anticorrupción de Pando, CIPOAP y Javier Fernández | La Fiscalía dio 24 horas a los indígenas para presentar pruebas de contaminación por mercurio en el río Madre de Dios bajo amenaza penal. | |
| Salud Humana y ADNDAÑO GENÉTICO | UMSA, Seladis, Universidad de Cartagena y Roger Carvajal | Estudios detectaron alteraciones directas en el ADN, fallas hepáticas y daño reproductivo en mujeres indígenas de la cuenca amazónica. | |
| Intoxicación Territorial164 COMUNIDADES EN RIESGO | Mongabay Latam, Iván Paredes, CPILAP y Guido Alfaro | Investigación sobre 39 estudios científicos reveló que la totalidad de las 533 muestras humanas tomadas en 39 comunidades dio positivo a mercurio. | |
| Contaminación de la IctiofaunaPECES CONTAMINADOS | UMSA, Wildlife Conservation Society (WCS) y UMRPSFX | Cerca de la mitad de las diez especies de consumo en el mercado de Rurrenabaque superó los límites toxicológicos internacionales. | |
| Contrabando de QuímicosFALLA REGULATORIA | El Post, INE, AJAM y Viceministerio de Medio Ambiente | Las importaciones legales cayeron a 3,4 toneladas tras el Decreto 4959, pero el mercurio sigue entrando de contrabando. | |
| Convenio de MinamataDILACIÓN HASTA 2031 | CEDIB, Óscar Campanini, ONUDI y Ley 759 | Bolivia postergó las metas de reducción sustancial del mercurio en la minería aurífera artesanal hasta el año 2031. | |
| Paradoja del Oro y FMIDESMOVILIZACIÓN SOCIAL | Gonzalo Colque (Economista y Analista) | El auge exportador del oro ($us 1.616M a agosto 2026) coexiste con la recesión del país y opera como amortiguador político. |
Criminalización en Pando: la Fiscalía traslada la carga a las víctimas indígenas
La cercanía del Ejecutivo con las cooperativas contrasta con la presión judicial que sufren las poblaciones originarias que defienden los ríos. En el departamento de Pando, la Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP), presidida por Javier Fernández, denunció que el Ministerio Público busca convertir a los denunciantes en acusados dentro de una investigación de oficio sobre explotación ilegal en el río Madre de Dios.
A través de la Fiscalía Especializada Anticorrupción de Pando, las autoridades judiciales conminaron a la dirigencia indígena a entregar en un plazo perentorio de 24 horas, bajo expresa advertencia de procesos penales por desobediencia, análisis laboratoriales de contaminación por mercurio, plomo y arsénico, además de exigir la nómina completa de los dirigentes que suscribieron la Resolución de Asamblea de Emergencia número 1/2026.
Al responder formalmente al requerimiento, la CIPOAP cuestionó que el Estado descargue sobre las comunidades vulnerables la obligación técnica de certificar qué operaciones mineras son ilícitas, una tarea que compete de manera exclusiva a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y a las carteras de medio ambiente: “No aceptamos que quienes hemos denunciado la minería ilegal terminemos siendo tratados como si fuéramos parte del problema”, sentenció el pronunciamiento indígena, alertando que exigir las actas de deliberación comunal vulnera los derechos colectivos amparados en la Constitución Política del Estado e ignora las medidas precautorias dictadas previamente por el Tribunal Agroambiental.
El veneno invisible: los hallazgos de Mongabay Latam, El Post y la UMSA
El discurso gubernamental que ensalza la extracción aurífera pasa por alto un acervo contundente de evidencia científica que documenta la intoxicación masiva de la Amazonía boliviana. Una profunda investigación periodística dirigida por Iván Paredes para el medio internacional Mongabay Latam reveló que al menos 39 comunidades indígenas presentan niveles alarmantes de mercurio en sus organismos y otras 125 localidades ribereñas se encuentran en riesgo crítico a lo largo de las cuencas de los ríos Beni, Madre de Dios y Madeira.
A partir del análisis de siete mil muestras biológicas en personas y peces recabadas en 39 estudios científicos durante más de dos décadas, Mongabay Latam constató que en poblados como Puerto Yumani, Puerto Motor, Carmen Soledad y Buena Vista la totalidad de los habitantes testeados rebasa los límites de seguridad fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En la comunidad ese ejja de Eyiyoquibo, en el municipio de San Buenaventura, las pruebas alcanzaron un promedio de 8,1 partes por millón (ppm), cuadruplicando el umbral admisible. Pobladores y autoridades locales como Guido Alfaro, presidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), denunciaron que los comunarios consumen peces como el blanquillo y el surubí a sabiendas de que están contaminados porque carecen de recursos económicos para adquirir otras fuentes de proteína.
Este diagnóstico coincide con los hallazgos publicados por el medio de investigación El Post el 22 de octubre de 2026. De acuerdo con el reporte, respaldado por estudios del Instituto de Servicios de Laboratorio de Diagnóstico e Investigación en Salud (Seladis) y del Instituto de Genética de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), el 74,5% de los integrantes de 36 comunidades de la cuenca del río Beni analizados por la CPILAP superó el límite de una parte por millón, elevándose al 91,7% en el caso del pueblo Ese Ejja. El investigador Roger Carvajal, de la UMSA, alertó que las evaluaciones en mujeres en edad reproductiva revelaron alteraciones directas en el ADN, anomalías en la sangre y afecciones hepáticas severas causadas por el metilmercurio.
El Post también desnudó una contradicción regulatoria mayúscula: mientras las importaciones legales de mercurio registradas ante el Instituto Nacional de Estadística (INE) cayeron a 3,4 toneladas entre septiembre de 2023 y agosto de 2026 tras la creación del Registro Único de Mercurio (RUME) mediante el Decreto Supremo 4959, el metal tóxico continúa ingresando mediante contrabando y se comercializa libremente en calles paceñas como la Tarapacá. Aunque el país ratificó el Convenio de Minamata mediante la Ley 759, el director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Óscar Campanini, advirtió que el Plan de Acción Nacional posterga reducciones sustanciales hasta el año 2031, dejando desprotegidas a las poblaciones que viven aguas abajo de las dragas.
La paradoja económica: exportaciones récord en medio de la asfixia nacional
La complacencia del poder político con la actividad aurífera encuentra una explicación estructural en el análisis del economista Gonzalo Colque, quien documentó la coexistencia de un auge minero extraordinario en medio de una economía en recesión, sin dólares y con escasez de combustibles.
Según los datos analizados por Colque, a agosto de 2026 las exportaciones de oro alcanzaron los 1.616 millones de dólares, impulsadas por cotizaciones internacionales que baten récords históricos. Esta cifra de captación privada supera los 1.000 millones de dólares obtenidos por el Estado en la emisión de bonos soberanos de mayo de 2026 y casi iguala el monto total del crédito de 1.900 millones de dólares contratado con el Fondo Monetario Internacional.
Colque explica la contradicción de fondo: Bolivia vive una bonanza aurífera privada que no beneficia al país porque no existen mecanismos institucionales para transformar esa riqueza sectorial en reservas para el Banco Central, en divisas para el mercado cambiario o en recaudación tributaria significativa, dado que las cooperativas tributan regalías mínimas.
En términos de gobernabilidad, el economista advierte que el auge del oro opera como un poderoso factor de desmovilización política. Mientras gremiales, transportistas, campesinos y juntas vecinales sufren el embate de la inflación y las medidas de ajuste, los mineros auríferos no tienen incentivos para sumarse a las protestas populares porque sus ingresos están indexados a precios internacionales récord. El Gobierno de Rodrigo Paz capitaliza esta fractura social, blindando los privilegios de un sector que genera divisas privadas mientras la Amazonía boliviana absorbe el costo ambiental y biológico del mercurio.
Roberto A. Barriga
