Rodrigo Paz contra el boliviano: la dolarización de tarifas eléctricas en Bolivia traslada la crisis al ciudadano

23 de octubre de 2026

La dolarización de tarifas eléctricas en Bolivia se consumó formalmente por vía administrativa mediante los decretos supremos 5750 y 5652, disposiciones que trasladan el impacto de la devaluación y la inflación directamente a la factura de los hogares y al surtidor de combustible. La medida, adoptada en el marco de las condicionalidades financieras pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de un crédito de 1.900 millones de dólares, quiebra el principio de accesibilidad económica de los servicios básicos consagrado en la Constitución Política del Estado (CPE) y prepara un escenario de encarecimiento acumulativo que detonará con mayor crudeza a inicios de 2027.

Desglose de las fórmulas: el artificio técnico que indexa la energía

Bajo un complejo ropaje de expresiones algebraicas, el Decreto Supremo 5750 modificó los artículos 21, 34, 35 y 55 del Reglamento de Precios y Tarifas de la Ley de Electricidad. El núcleo de la reforma radica en atar los Precios de Nodo de potencia, energía y peajes de transmisión al comportamiento de dos variables externas: el tipo de cambio oficial del dólar publicado por el Banco Central de Bolivia (BCB) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En términos sencillos, la fórmula descompone la tarifa en dos partes:

• La porción de costo de inversión y reposición de equipos electromecánicos importados, indexada mensualmente a la variación de la divisa norteamericana.
• La porción operativa y administrativa local, indexada directamente al encarecimiento del costo de vida.

De manera paralela, el Decreto Supremo 5652 intervino el mercado de los hidrocarburos estableciendo que el precio en moneda nacional de los derivados del petróleo se calculará multiplicando el precio internacional en dólares por el promedio mensual del tipo de cambio oficial y un denominado Factor de Ajuste. Para el periodo de doce meses, dicho factor se fijó en la división de 10,4003 entre el tipo de cambio oficial. Mediante este mecanismo aritmético, el Ejecutivo aplicó una devaluación implícita en la estructura de costos energéticos, eliminó la subvención a la Gasolina Premium, fijó un incremento para el Gas Natural Vehicular (GNV) en 2,73 bolivianos por metro cúbico y abrió la comercialización del diésel industrial a precios de paridad internacional que rondan los 18 bolivianos por litro.

El encadenamiento de precios: cómo los hidrocarburos disparan la luz

Ambas normas no funcionan como compartimentos aislados, sino que operan como un engranaje de transmisión inflacionaria en cadena. En el sistema energético boliviano, más del 65% de la electricidad se genera en centrales termoeléctricas que consumen gas natural y combustibles líquidos.

Al encarecerse el insumo base mediante el Decreto 5652, el valor de referencia del combustible dentro del Decreto 5750 se eleva de forma inmediata. Esto incrementa el costo unitario por cada kilovatio hora producido. A ello se suma la actualización de los peajes de transmisión y de las tarifas base de distribución a cargo de las cooperativas y empresas eléctricas, las cuales trasladan al consumidor final el mayor costo de transformadores, postes y cables valorados en moneda extranjera.

El resultado es un circuito cerrado de retroalimentación de precios: la depreciación del signo monetario encarece el combustible y la energía, este encarecimiento empuja al alza el IPC general y la fórmula vuelve a elevar las tarifas de electricidad al mes siguiente.

Choque constitucional y vulneración del bloque de derechos humanos

La aplicación de estos decretos quiebra el marco garantista de la Constitución Política del Estado. El artículo 20 de la ley fundamental proclama que toda persona tiene derecho universal y equitativo a los servicios básicos de electricidad y gas domiciliario, estipulando que su acceso debe regirse por criterios de responsabilidad, accesibilidad económica y continuidad, con tarifas necesariamente equitativas.

Asimismo, el artículo 378 define a la energía como un recurso estratégico cuyo acceso constituye un derecho fundamental, mientras que el artículo 360 encomienda al Estado conducir la política hidrocarburífera en resguardo de la soberanía y el desarrollo social. Al desregular administrativamente los componentes tarifarios y descargar el riesgo cambiario sobre la economía doméstica, el Ejecutivo renuncia al mandato tuitivo del Estado, transformando un derecho humano en un bien indexado a los vaivenes financieros.

En el plano del derecho internacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por el país, consagra en su artículo 11 el derecho a un nivel de vida adecuado y el principio de no regresividad. Si los hogares de menores ingresos deben destinar una proporción cada vez más asfixiante de sus salarios al pago de la luz y el transporte, el Estado incurre en una medida regresiva indirecta que termina sacrificando la alimentación y la salud familiar. La medida resulta desproporcionada, pues resolvió el déficit cuasifiscal de las empresas estatales transfiriendo el 100% del costo del ajuste al ciudadano común, sin contemplar fondos solidarios de compensación.

Adicionalmente, se lesiona el principio de legalidad presupuestaria. La Disposición Adicional Quinta del Decreto 5652 autoriza al Ministerio de Economía a transferir de manera discrecional hasta 1.000 millones de bolivianos a favor de YPFB para cubrir costos de importación, facultando además a asignar cualquier otro monto diferente sin pasar por la aprobación previa de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La bomba de tiempo de 2027: vencimiento de los plazos transitorios

El diseño de ambos decretos contiene los detonantes de una crisis socioeconómica de mayor envergadura concentrada para enero de 2027. Las disposiciones gubernamentales crearon un periodo transitorio de doce meses de gracia que maquilla temporalmente la magnitud del impacto:

• En combustibles, el Decreto 5652 amortigua artificialmente el salto cambiario durante el segundo semestre de 2026 mediante el fondo extraordinario de 1.000 millones de bolivianos entregado a YPFB.
• En GNV, la tarifa de 2,73 bolivianos por metro cúbico rige solo como un tope transitorio que expira al cumplirse el año de vigencia.
• En electricidad, las fórmulas del Decreto 5750 operan con ponderadores transitorios mientras el Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC) concluye los nuevos estudios tarifarios integrales.

Hacia enero de 2027, estos colchones temporales vencerán de forma simultánea, coincidiendo con el cronograma del programa de Facilidad de Servicio Ampliado (SAF) pactado con el FMI para el retiro total de las subvenciones. Al liberarse plenamente el precio del gas en boca de pozo para generación eléctrica y eliminarse los techos al GNV y al diésel, el país afrontará un shock tarifario sincronizado.

El impacto en la canasta básica será inevitable: el transporte pesado trasladará el alza de los carburantes al flete de los alimentos, las industrias pasteurizadoras y molineras aumentarán los precios de la leche y la harina ante el encarecimiento de la energía industrial, y el transporte urbano de trufis y micros presionará por duplicar los pasajes ciudadanos ante el nuevo valor comercial del gas vehicular.

El retorno del FMI: historia de crisis impuestas y la prosperidad sin deuda

La imposición de este esquema de ajuste tarifario corona el viraje político del presidente Rodrigo Paz. Durante la campaña electoral de 2025, el mandatario aseguró públicamente que jamás acudiría a solicitar préstamos al FMI y descalificó a economistas como José Luis Lupo, a quien acusaba de ser un experto en endeudamiento. Sin embargo, al asumir el mando, Paz nombró a Lupo como ministro de la Presidencia y remitió al parlamento el proyecto de ley para autorizar el crédito por 1.369 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a unos 1.900 millones de dólares, formalizado posteriormente mediante la Ley 1765.

La memoria histórica demuestra que el FMI jamás significó estabilidad para Bolivia, habiendo estado presente de manera sistemática en los periodos de mayor empobrecimiento y conflictividad. Desde el primer acuerdo Stand By en mayo de 1958 hasta el programa de 2003, el país encadenó 20 acuerdos de ajuste estructural que desmantelaron el aparato estatal, dolarizaron la economía (hacia el año 2000, el 95% de los depósitos bancarios estaba en dólares) y dispararon la exclusión social sin resolver el déficit fiscal.

Cuándo hubo bienestar

Por el contrario, el periodo de mayor bienestar, expansión del Producto Interno Bruto y soberanía nacional coincidió con los 14 años en los que Bolivia mantuvo deuda cero con el FMI, entre 2006 y 2020, tras la condonación multilateral lograda por las movilizaciones ciudadanas del Jubileo 2000. Durante ese ciclo libre de recetas foráneas, documentado en investigaciones económicas independientes:

• El PIB real creció un 78% a precios constantes, situando a Bolivia como la segunda economía de mayor dinamismo en Sudamérica con un promedio anual del 4,9%.
• La inversión pública saltó de 629 millones de dólares en 2006 a más de 5.065 millones en 2016, alcanzando un histórico 12,6% respecto al PIB.
• Se consolidó la bolivianización financiera, logrando que el 97% de los créditos y el 84% de los depósitos bancarios se pactaran en moneda nacional.
• Las Reservas Internacionales Netas treparon al récord del 45% del PIB en 2014, amortiguando cualquier shock externo sin necesidad de endeudamiento condicionado.
• La pobreza extrema cayó de forma inédita del 45,2% al 17,1%, permitiendo que más de tres millones de personas ascendieran a la clase media y reduciendo la desigualdad entre ricos y pobres de 128 a 46 veces.

La reanudación del ciclo de endeudamiento a través de la Ley 1765 reactiva las recetas tradicionales del organismo financiero internacional: un ajuste fiscal equivalente al 8,5% del PIB, desregulación de tasas de interés y eliminación de subsidios populares. Las empresas distribuidoras y generadoras protegen su rentabilidad en moneda extranjera, mientras el costo del equilibrio macroeconómico se descarga sobre los sectores informales, familias trabajadoras y pequeños talleres artesanales que perciben ingresos fijos en moneda nacional.

Roberto A. Barriga