El lawfare se confirma en Bolivia y la lista de golpes blandos crece en América Latina
10 de julio de 2025
La segunda década del siglo XXI en América Latina ha estado marcada por una serie de golpes blandos, una estrategia que, lejos de ser una teoría conspirativa, refleja el rol del imperialismo y la injerencia de actores externos e internos para mantener hegemonía sobre mercados, recursos naturales y sistemas de gobierno. Ignorar este patrón implicaría negar no solo el rol geopolítico de la región, sino también su historia de intervenciones encubiertas.
El lawfare o Guerra Jurídica, mecanismo clave de los golpes blandos, busca eludir la respuesta y/o condena internacional a procesos de desestabilización al interior de los países. Este tipo de procesos usan la normativa jurídica de forma perversa para generar una guerra política que tiene como objetivo eliminar a líderes populares, críticos en su mayoría al capitalismo y neoliberalismo, para así poder cambiar los gobiernos.
Entre los casos más relevantes se encuentran el de Java Lato en Brasil, que llevó al Impeachment contra Dilma y luego al encarcelamiento de Lula. También están el “Caso Sobornos” de Rafael Correa en Ecuador o la proscripción de Cristina Kirchner en Argentina, justo antes de postularse a una candidatura legislativa. Y ahora el caso de Evo Morales en Bolivia.
El Lawfare o Guerra Jurídica, mecanismo clave de los golpes blandos, busca eludir la respuesta y/o condena internacional a procesos de desestabilización al interior de los países
Todos comparten y evidencian un modus operandi: injerencia de adversarios políticos y manipulación en el aparato judicial con fines políticos, vaciamiento de la política para la apertura de discursos de odio y estigmatización. El resultado es la expulsión de la vida política a líderes progresistas, encarcelarlos o mantenerlos en el exilio.
Después de que Evo Morales denunció explícitamente (en su cuenta de X) en diciembre del año pasado una guerra jurídica en su contra, hoy parecen existir las pruebas suficientes para comprobarlo.
Bolivia: El lawfare como política de Estado
Tras un reportaje realizado por la periodista Daniela Pastrana en Diario Red Latinoamérica, que pudo acceder a los archivos del teléfono del exministro de justicia, César Siles, se conoció un fluido intercambio de información y dinero con el vocal electoral Tahuichi Tahuichi Quispe. En esta investigación se evidencian las operaciones del gobierno de Luis Arce contra la habilitación de Evo Morales para las elecciones presidenciales de 2025.
El reportaje demuestra que la resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral, que ratificaba al Tribunal Constitucional Plurinacional; que canceló la personería jurídica de PAN -BOL, partido con el que Evo Morales buscaba competir en las elecciones; fue redactada dos días antes de ser emitido en el despacho del Ministro de Justicia.
Pero eso no es todo, sino que se identifica una red de corrupción de cifras exorbitantes para el país. El precio de la manipulación de la justicia fue de 200 mil dólares que se transfirieron de la cuenta en el banco Tower Bank de Panamá, perteneciente a la esposa del presidente, Brigida Lourdes Durán Romero al vocal Tahuichi Tahuchi Quispe.
Es importante mencionar que existen hechos fácticos que anteceden y suman las pruebas de la manipulación de la justicia para la operación de inhabilitación del líder cocalero. Entre ellas, se encuentra la usurpación de la sigla partidaria MAS-IPSP, de la que Evo Morales era presidente, llevada a cabo gracias a otra resolución constitucional, violando los estatutos orgánicos de ese partido. Este hecho también fue denunciado por el ex mandatario.
Asimismo, no se debe dejar de lado, la demanda penal contra el ex presidente indígena por los supuestos siete delitos de orden público: terrorismo, instigación pública a delinquir, desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, atentados contra la seguridad de los medios de transporte, atentados contra la libertad de trabajo y atentados contra la seguridad de los servicios públicos y obstaculización de procesos electorales. Todos ellos emitidos por el Gobierno de Luis Arce.
Guerra psicológica o mediática: El arma complementaria
Como señala la investigadora de CELAG Data Silvina Romano en «De la Guerra Psicológica al Lawfare en América Latina», este tipo de mecanismos incluyen campañas de desprestigio mediático. Además la investigadora resalta, como un dato no menos importante, que esta herramienta fue utilizada por Estados Unidos en América Latina en su lucha contra “la influencia comunista”, en el marco de la Guerra Fría.
El punto de inflexión de este tipo de campañas en Bolivia fue en 2016, semanas antes del Referéndum Constitucional, en el que se votaba la aprobación o la negativa de la reelección presidencial de manera continúa. Los medios hegemónicos dieron uno de los golpes mediáticos más fuertes al entonces presidente, difundiendo la falsa acusación de un «hijo extramatrimonial» de Morales y casos de corrupción vinculados con la madre del niño. Meses después, una vez perdido el referéndum, esta información fue desmentida por el mismo periodista quien la dio a conocer, Carlos Valverde (Director de Inteligencia del Ministerio de Gobierno y miembro de redes de narcotráfico en el periodo neoliberal).
En 2019 la guerra mediática se intensificó: medios hegemónicos y redes sociales amplificaron acusaciones de «fraude electoral», alimentando un imaginario anticomunista y anti-Venezuela/Cuba, similar al discurso de Trump, que allanó el camino para que las Fuerzas Armadas, las oligarquías, la Iglesia católica y organismos internacionales den el Golpe de Estado.
Y a esto se sumó la narrativa, impuesta en su momento por la oposición, que asociaban al ex mandatario y al sector cocalero al narcotráfico. Una vez develada la ruptura del Gobierno de Luis Arce con el bloque popular, este retomó el discurso, encabezado por el ex Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien hoy es candidato por el MAS-IPSP.
Existe una operación sistemática de desprestigio, estigmatización, persecución, proscripción del movimiento popular y lo que representa desde 2016; y que se concreta y operacionaliza con más fuerza en el mandato de Luis Arce
Ya en medio del calendario electoral tanto el Gobierno central, como medios de comunicación, oposición y analistas políticos parecen haber llegado a un pacto por convertir a Morales en un fantasma justo después de que en la primera encuesta de intención de voto, realizada por Panterra.global y financiada por el empresario Marcelo Claure, posicionará a Evo como el candidato con mayores probabilidades en ganar.
Un patrón que trasciende a Morales
A manera de conclusión, se podría decir que existe una operación sistemática de desprestigio, estigmatización, persecución, proscripción del movimiento popular y lo que representa desde 2016; y que se concreta y operacionaliza con más fuerza en el mandato de Luis Arce. El robo de la sigla, la casi decena de procesos, el intento de asesinato de Evo Morales, la represión a la movilización de los movimientos sociales y, por último, la desarticulación del bloque popular, son muestra de ello.
Pero ¿por qué es importante hablar de la proscripción de Evo Morales como suceso político más allá de lo individual?
Porque el lawfare en Bolivia debe registrarse como un hito histórico en un cambio de época donde los consensos sociales y la democracia se reconfigura en América Latina, y donde los movimientos populares son criminalizados con la finalidad de garantizar que los poderes fácticos tengan el poder y el control. Y sobre todo, porque este no es un hecho aislado en la región y tiene la misma finalidad que en otros países: quitar la representación política de un bloque mayoritario de la población.
Por Valeria Duarte Galleguillos
