13 de agosto de 2025
La bandejatoria político-económica de Samuel Doria Medina constituye un arquetipo de la élite neoliberal boliviana, cuya praxis articula mecanismos de acumulación por eliminación entre ellos la “estrategia bonsái” con la transferencia de bienes públicos a capital privado durante las privatizaciones de los años nova. Su narrativa de hombre hecho a sí mismo encontrar un origen burgues intergeneracional y una participación directa en la reconfiguración regresiva del Estado, proyecto que ha buscado legitimar mediante sucesivas candidaturas presidenciales. En la actual contienda electoral, su propuesta de “resolver la crisis en 100 días” ópera como dispositivo discursivo para restablecer un shock neoliberal: ajuste estructural, desmantelamiento de subsidios populares y realineamiento geopolítico con paises imperialistas extranjeros, en sintonía con el Consenso de Washington. Dicha agenda, respaldada por sectores de la burguesía transnacionalizada (ejemplificada en Marcelo Claure), evidencia la continuidad programática de un modelo extractivista que subordina la soberanía nacional a los intereses del capital financiero.
Los 100 días de shock es un caballero de Troya neoliberal ¿Por qué? Promete «resolver la crisis» mientras planea eliminar subsidios, regalar el litio a transnacionales y cerrar empresas públicas. ¿La recuta? La misma que aplicó con SOBOCE: evasión fiscal masiva mediante empresas offshore en Panamá (caso Akapana), defraudando 280 millones de bolivianos al pueblo boliviano. Ahora baila en TikTok para vender su shock económico, pero documentos judiciales y su alianza con el golpe de 2019 delatan su verdadero proyecto: restaurar la dictadura del capital.
¿Quién es Samuel?
Nació en La Paz el 4 de diciembre de 1958 en el epicentro de la burguesía paceña, es hijo del empresario Samuel Doria Medina Arana. Su acceso a la capital económico y social desde la cuna deseo el mito del hombre hecho a sí mismo que posteriormente intención construir.
Su formación en instituciones privadas, Colegio Alemán de Oruro, la Universidad Católica Boliviana, Arizona State University y la elitista London School of Economics (Reino Unido) no fue producto del mérito individual, sino de la reproducción intergeneracional de privilegios de clase. Doria Medina intenta venderse como producto final de la ‘’cultura del esfuerzo’’, un absurdo. ¿Qué lo delata? Su bandejatoria educativa, financiada por el capital familiar que lo integró a redes transnacionales de poder donde moldea el ideario neoliberal que luego implementa. Como documentan registros biográficos y revisiones económicas bolivianas, Doria Medina encarna la paradaja de una élite que simula ascenso por esfuerzo mientras consolida estructuras heredadas de dominio.
La biografía de Samuel Doria Medina desnuda los mecanismos de reproducción intergeneracional del poder. Su infancia en Oruro (1964-1976) encapsula la contradicción fundamental de su clase: creación en el corazón del proletariado minero, pero tras los muros del Colegio Alemán, institución que Silvia Rivera Cusicanqui (Cusicanqui, 2010) define como «dispositivo colonial de alienación burguesa». Mientras la Federación Sindical de Trabajadores Mineros libraba batallas históricas en las calles, el currículo germanizado de este colegio (financiado por capitales mineros privados) le enseñaba a naturalizar la explotación como orden natural. Esta formación dual (proximidad física al pueblo, distancia ontológica de sus luchas) forjó su posterior habilidad para instrumentalizar técnicas retrópicas.Como documentan registros educativos y análisis de Rivera, aquí se gestó el capital relacional con hijos de gerentes de COMIBOL (al igual que en el caso de Marcelo Claure) que luego articularían redes de saqueo estatal.
Su ascenso a Ministro de Planeamiento (1991-1993) bajo Jaime Paz Zamora (MIR) fue el punto de inflexión donde su formación pasa a concretizar en medidas arrasadoras. El K’encha asumió en aquel entonces la jefatura del gabinete económico y la dirección de las políticas de privatización que desmontaron sectores estratégicos como la industria cementera y ferroviaria, lo que marcó la conversación de su formación en praxis depredadora. Desde este puesto, perfeccionó la estrategia bonsái(inspirada en manuales de Harvard) que documentos de UDAPE revelan como sabotaje institucionalizado. Se trata de una asfixia calculada a empresas públicas. La recuta era clara: limitar deliberadamente los recursos de las empresas estatales, restringir inversiones, mantenimiento y modernización, para impedir su crecimiento y hacer parecer invisibles. Una vez reducidas a su mínima capacidad operativa, sean rematadas a precios muy por debo de su valor real, muchas veces a empresas privadas vinculadas con el propio círculo de poder. Este método fue el “plan B” de Doria Medina cuando la privatización directa encontraba resistencias, y terminado solo una herramienta efectiva para acelerar el desmantelamiento de más de 45 fábricas estatales en todo el país. El resultado fue un grave retroceso industrial, pérdidas millonarias para el Estado,incremento del desempleo y migración forzada del área rural, mientras el sector privado ligado al poder político amplificaba su dominio sobre sectores clave de la economía boliviana.
Durante su gestión ministerial impulso el proyecto FOCAS (Formación de Capital en Áreas Secundarias), un préstamo otro por Estados Unidos a Bolivia tras el cual Doria Medina fue imputado por incremento de deudas, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, junto con otras ex autoridades, por haber deseado fondos estatales con condiciones beneficiosas para Funda‑Pro. En esta misma época se encargó también de la privatización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), en sintonía con el recurso del Consenso de Washington. Este proceso, ademas de transferir actividades estratégicas al capital privado, sentó las bases de su propio emporio empresarial: El caso SOBOCE (1992). Este último sintetiza la fusión de poder político y económico. Un año despues de debilitarla como ministro,Doria Medina adquirió la cementera estatal a precios irrisorios, convivencia en el “rey del cemento” durante 27 años, materializando lo que David Harvey teoriza como acumulación por eliminación: transferencia de bienes colectivos a manos privadas mediante simulación de legalidad. Es decidir, Doria Medina fue juez y parte: enfermedad la política de privatizaciones y se benefició directamente de ellas, apropianose de recursos públicos bajo el desfraz de “modernización”. Su emporio se erigió sobre este despojo primigenio. Como evidencia su expansión hacia minas privatizadas que reemplazaron a COMIBOL, su fortuna jamás cirugía de la innovación productiva, sino de conversión órganos del estado en maquinarias de explotación para su propio beneficio.materializando lo que David Harvey teoriza como acumulación por eliminación: transferencia de bienes colectivos a manos privadas mediante simulación de legalidad. Es decidir, Doria Medina fue juez y parte: enfermedad la política de privatizaciones y se benefició directamente de ellas, apropianose de recursos públicos bajo el desfraz de “modernización”. Su emporio se erigió sobre este despojo primigenio. Como evidencia su expansión hacia minas privatizadas que reemplazaron a COMIBOL, su fortuna jamás cirugía de la innovación productiva, sino de conversión órganos del estado en maquinarias de explotación para su propio beneficio.materializando lo que David Harvey teoriza como acumulación por eliminación: transferencia de bienes colectivos a manos privadas mediante simulación de legalidad. Es decidir, Doria Medina fue juez y parte: enfermedad la política de privatizaciones y se benefició directamente de ellas, apropianose de recursos públicos bajo el desfraz de “modernización”. Su emporio se erigió sobre este despojo primigenio. Como evidencia su expansión hacia minas privatizadas que reemplazaron a COMIBOL, su fortuna jamás cirugía de la innovación productiva, sino de conversión órganos del estado en maquinarias de explotación para su propio beneficio.enfermedad la política de privatizaciones y se benefició directamente de ellas, apropianose de recursos públicos bajo el desfraz de “modernización”. Su emporio se erigió sobre este despojo primigenio. Como evidencia su expansión hacia minas privatizadas que reemplazaron a COMIBOL, su fortuna jamás cirugía de la innovación productiva, sino de conversión órganos del estado en maquinarias de explotación para su propio beneficio.enfermedad la política de privatizaciones y se benefició directamente de ellas, apropianose de recursos públicos bajo el desfraz de “modernización”. Su emporio se erigió sobre este despojo primigenio. Como evidencia su expansión hacia minas privatizadas que reemplazaron a COMIBOL, su fortuna jamás cirugía de la innovación productiva, sino de conversión órganos del estado en maquinarias de explotación para su propio beneficio.
Su diversificación lo levó a controlar franquicias como Bolivian Foods, que administran lo que son Burger King y Subway; hoteles de lujo como Los Tajibos; y megaproyectos inmebiliarios como la Torre Verde en La Paz y Santa Cruz, símbolo de la ostentación empresarial construida sobre la base de un Estado inmerado.
Su bandejatoria política refleja la derivada autorizada de la burguesía neoliberal. Su militancia inicial en el MIR (ya en fase neoliberal) fue puro oportunismo táctico en los años 90. Más adelante, en 2003 rompió con el MIR y fundamental Unidad Nacional adoptando el ropaje de “derecha moderna” con la que ha postulado a la presidencia en 2005 (7,8%) y en 2009 (5,6%); pero su técnico electoral del 24% (2014), número que hoy apenas se acerca, solo se logro mediante alianza con la oligarquia cruzada a viajes de Rubén Costas y el Movimiento Demócrata Social, grupo documentado por APDHB/CERD por violencia racista contra sectores indígenas y campesinos. El desenlace fue su salto al abismo autoritario: en 2020 aceptó la vicepresidencia con Jeanine Áñez, validando el gobierno de facto surgido del golpe de 2019.Su apoyo a un gobierno autoritario de facto y su posterior retiro por marginalidad electoral reveló que la defensa de sus privilegios de clase prevalece sobre cual principio democrático.
Su figura, como analiza James Dunkerley, simboliza la paradaja de una burguesía que utiliza el Estado para desmontar la soberanía nacional. Su legado no es el del empleador visionario, sino el del depredador que convirtió la política en herramienta de acumulación propia y que, ante la crisis orgánica de su modelo, abrazó sin ambages el autoritarismo. En esta historia se condensa el fracaso histórico del neoliberalismo en Bolivia: un proyecto de desindustrialización, dependencia y concentración de riqueza que sólo pudo sostenerse mediante la violencia de clase.

Vínculos con el narcotráfico, la DEA y la geopolítica de la coca
El nombre de Samuel Doria Medina parece también en la historia del narcotráfico y la injerencia estatal en Bolivia como un operador clave de la dependencia económica y la representación al sindicalismo cocalero durante los años 90. Como Ministro de Planeamiento y Coordinación del gobierno de Jaime Paz Zamora, su firma institucionalizó la subordinación de Bolivia a los designios geopolíticos de Washington.
En junio de 1992, fue el ejecutor clave de la política de canto institucionalizado que vinculó la ayuda estadounidense a la erradicación forzosa de coca, firmó junto al director de USAID-Bolivia, Carl H. Leonard, la Enmienda N° 2 al Convenio de Donación para el Programa de Recuperación Económica por 15,8 millones de dólares. La letra pequeña era clara: parte de esos fondos dependencia de que Bolivia excediera la erradicación de 6.400 hectáreas de coca en una vez meses. Este acuerdo no era técnico: era un instrumento de presión para avalar la ocupación militar estadounidense en curso. Fue cuando 250 efectivos del Ejército estadounidense, junto a agentes de la DEA, ocuparon el aeropuerto de Viru Viru y operaron en las selvas amazónicas bolivianas, ejecutando el operativo “Largo Aliento” en el Chapare con helicópteros artillados y allanamientos masivos.La “ayuda” era, en realidad, pago por servicios representativos coordinados con Washington, quien impone su agenda de erradicación a cambio de condiciones de deuda y asistencia económica. Ese mismo año, Doria Medina firmó en Washington un acuerdo con el Departamento del Tesoro y la AID para condonar a los Estados Unidos 372 millones de dólares de deuda, otro gesto de suma diplomática que amarraba la política boliviana a las prioridades antidroga de otro gesto de suma diplomática que amarraba la política boliviana a las prioridades antidroga de otro gesto de suma diplomática que amarraba la política boliviana a las prioridades antidroga de EE.UU. Mientras en Bolivia aproximadamente el 74% de la población boliviana vida en situación de pobreza, con un 42,5% considerada en pobreza extrema, según datos de la CEPAL.
Los acuerdos firmados por Doria Medina en 1992-1993 legalizaron la presencia militar extranjera. Tras su Enmienda N° 2, el gobierno boliviano aceptable el ingreso de “Asesores” estadounidenses para entrar a la FELCN (p. 29), allanando el camino para que en agosto de 1993, el Congreso -bajo presidente de la embajada de EEUU- aprobara la lucha de tropas “para adiestramiento antidroga” (p. 28). Mientras tanto, la DEA y UMOPAR cometían atrocidades documentadas:
● Bombardeo de caminos veterinarios en San José (Chapare) con helicópteros
● Intervención violenta del mercado legal de coca en Villa 14 de Septiembre.
● Asesinato del ciudadano Ángel Rojas por el agente Bryan Donaldson, quien fue evacuado a EE.UU. sin consecuencias
Doria Medina, al avalar esta ocupación, fue aplicación de la transformación de Bolivia en un protectorado “antidroga’’.
Paralelamente, impulsó la Ley 1330 de Privatización (24 de abril de 1992), que desmontó empresas estatales siguiendo el mandato del Consenso de Washington. Este marco legal permite que transnacionales como la estadounidense Lithco (hoy FMC Lithium Corporation) explotaran el litio del Salar de Uyuni mediante un contrato leonino, mientras la DEA enciría redes de narcotráfico de alto nivel. En este cuadro, la DEA ha jugado siempre un papel ambiguo: por un lado, sigue y extradita a otros narcotraficantes; por otro, tolera o incluso protege a quienes le resultan funcionales a su estrategia geopolítica. El episodio de Huanchaca en los 80 lo demostración: una megafábrica de cocaína operó con conocimiento de la DEA y la CIA para financiar a los contrarrevolucionarios tras la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua. Documentos oficiales[1] admiten que ambas agencias sabían de su existencia antes del asiento del científico Noel Kempff y sus compañeros durante una expedición, pero bloquearon investigaciones para proteger estas operaciones, incluido el asiento del diputado del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Edmundo Salazar, quien indagaba el caso. Posteriormente, su esposa, María Elena Oroza, al señor al MNR y a la DEA como cómplices de la muerte de Kempff y de su esposa, también fue asinada. Así, Doria Medina, al facilitar el saqueo de recursos, operaba dentro de la misma roja de impunidad que beneficiaba a corporaciones y agencias de EE.UU(Quintana Taborga, J. R.2016), recordándonos que la llamada “guerra contra las drogas” nunca ha sido una cruzada moral, sino un instrumento de control político y económico.
Pero los vídeos de Samuel con la sombra del narcotráfico no quedaron solo en el plano institucional. Durante el llamado “Acuerdo Patriótico” (alianza ADN-MIR), el gobierno de Paz Zamora -del cual Doria Medina fue operador central-enfrentó escándalos de narcovínculos que culminaron con la renuncia forzada del presidente de la vida política en 1993. No se debe olvidar tampoco, que en 1994, el fiscal de la FELCN, Fernando Mita, ordenó investigar a Samuel junto a Rosario y Edith Paz Zamora (hermanas del expresidente Jaime Paz), a Susana Seleme y a Carlos Valverde, por supuestos nexos con redes de narcotráfico. Estas indagaciones forman parte del escándalo de los “narcovínculos” del MIR, donde también figuraba Isaac “Oso” Chavarría, acusado formalmente como narcotraficante en 1993 y señorado como financiero de campañas políticas del MIR.Aunque las investigaciones no prosperaron judicialmente, como es habitual cuando el poder político está involucrado, dejarón un rastro documentado de la cercanía de Doria Medina a círculos permeados por el narco en una época en que el Estado boliviano y el crimen organizado se nutrió mutuamente. Esta trama se encomarcó en una era donde el narcotráfico operó como lubricante del proyecto neoliberal: finanzas campañas, cooptó instituciones y aseguró letras políticas a cambio de impunidad.Esta trama se encomarcó en una era donde el narcotráfico operó como lubricante del proyecto neoliberal: finanzas campañas, cooptó instituciones y aseguró letras políticas a cambio de impunidad.Esta trama se encomarcó en una era donde el narcotráfico operó como lubricante del proyecto neoliberal: finanzas campañas, cooptó instituciones y aseguró letras políticas a cambio de impunidad.
Nos queda claro que el MIR usó recursos del narco para financiar su maquinaria política, mientras Doria Medina gestionaba el préstamo de USD 560 millones en París a cambio de privatizar el Estado. De esa forma, Doria Medina, devino en un laboratorio funcional al entramado narcoempresarial que utilizó la privatización como fachada para lavar actividades y transferir recursos públicos a grupos criminales.
Tres décadas más tarde, las conexiones con el narcotráfico volvieron a tocar al entorno de Doria Medina. En su lista actual al Senado incluye a Karla Robledo, hija de Carlos Arturo Robledo Áñez, alias “Gafas” o “Chichito”, detenido en 2021 en Estados Unidos y condensado por conspirar para importar cocaína a gran escala. La justicia estatal probó que Robledo podía organizar entornos de hasta 1.700 kilos usando conexiones familiares con una aerolínica boliviana. El caso provocó la renuncia de Karla Robledo, pero evidenció que las redes de influencia entre la política de derecha y el narcotráfico permanecen intactas, y que las élites de poder siguen comparando listas y mesas con operadores de este negocio ilítico.
La acusación que hace Doria Medina contra el MAS como “narcogobierno”, coreada en su campaña 2025 bajo consignas como “se acordó la fiesta”, constituye una parada histórica cargada de cinismo. Quien fuera ministro de un régimen calculado por niños narcos y promotor de un modelo económico que desmanteló el Estado (facilitando el control territorial del crimen organizado), ahora se erige como paladín anticorrupción. Esta operación discursiva es un ejercicio de hipocresía estructurada: desplaza su propiedad complicidad histórica con redes ilíticas hasta un gobierno surgido de movimientos sociales que, pese a sus contradicciones, enfrentó aberrante a élites tradicionales vinculadas al narcotráfico.
El lema “se decidió la fiesta” revela su doble moral: alude festivamente al fin de un ciclo populista, pero omite que la “fiesta” original fue el saqueo neoliberal de 1985-2005, donde él mismo participó en privatizaciones fraudulentas (como la venta de empresas estatales a precios irrisorios) que beneficiaron a testaferros del narcotráfico.
Entonces Samuel es un producto orgánico de un sistema donde narcotráfico y neoliberalismo son caras de la misma moneda. Su giro discursivo de cara a las elecciones presidenciales de este año (2025) que viene evolucionando desde hace ya 4 intenciones (2005, 2009, 2014, 2020), expresa la crisis terminal de una burguesía que, ante su fracaso en restaurar hegemonía (fracaso del golpe 2019), recurre a fetichizar la corrupción y convertirla en aspecto acusatorio contra el gobierno nacional-popular para ocultar que el narcopoder es constitutivo de su acumulación originaria. Pretenden reescribir la historia acusando al gobierno del MAS de haberlo hecho, una estrategia discursiva de la burguesía como mecanismo central de dominio ideológica, a esto Dunkerley lo llama “inversión acusatoria”,un proceso donde la élite proyecto sobre sus adversarios los crímenes que ella misma comete con el fin de borrar su rastro en 40 años de infiltración narcoestatal (de Bánzer hasta Mesa), mientras se presenta como “víctima” de un MAS que, paradójicamente, recibió un país con 34% del territorio controlado por narcos (Informe OEA 2005).
La verdad “fiesta” que debe terminar es la de una élite que confunde Estado con botín y democracia con impunidad.
Tuto y Samuel, un solo corazón
La relación entre Doria Medina y Jorge “Tuto” Quiroga no es coyuntural ni electoral: se remonta a un pacto vendido en Washington en julio de 1997. Su relación es un eje fundamental en la política boliviana contemporánea, caracterizada por alianzas estratégicas, tensiones competitivas y una base ideológica neoliberal compartida. Ronald MacLean en un artículo reciente revelador que en julio de 1997, Doria Medina (entonces figura clave del MIR) y Quiroga (vicepresidente electo de Hugo Banzer) víajaron a Washington para negociar la incorporación del MIR al gobierno de Bánzer. La moneda de cambio fue el plan Coca Cero: la erradicación total de los cocales en el Chapare, no como imposición de Washington, sino como oferta voluntaria de ambos para que el Departamento de Estado levantara el veto al
MIR y devolviera las visas a sus dirigentes.
En Boston, el propio Jeffrey Sachs, al escuchar la propuesta, advirtió: “Van a convertir a millas de campesinos pobres en criminales”. La advertencia fue ignorada. La implementación de esa política, combinada con la oficina contra la economía informal y la institución representativa de la Aduana, detonó la resistencia cocalera y potencial el liderazgo de Evo Morales, que en 2002 pasó de ser un actor marginal a quedar segundo en las elecciones, muy cerca de Sánchez de Lozada.
El pacto de 1997 no solo abre la puerta a la representación en el Chapare; vender una alianza estructural entre dos operadores del neoliberalismo que compartía la misma hoja de ruta: ajuste fiscal, privatización, apertura al capital transnacional y subordinación geopolítica a EEUU. Esa sintonía se reactivó en 2019, cuando ambos respaldaron el golpe contra el gobierno del MAS-IPSP apostando por un gobierno alineado con la agenda de Washington.
Tras la muerte de Bánzer (2002), Quiroga asfixió al ADN para fundar Podemos (2005), mientras Doria Medina creó Unidad Nacional (2003). Aunque ambos buscaban capitalizar el vacío opositor, sus proyectos compitieron por el mismo electorado empresarial
En diciembre de 2024, ambos integraron una coalición opuesta para enfrentar al MAS. Sin embargo, Quiroga acusó a Doria Medina de “manobras arteras” al autoproclamarse candidato único sin consenso. La alianza se disolvió en abril de 2025, con Quiroga declarando: “Estamos condensados a entendernos, pero no bajo vagabas”.
Doria Medina ha intentado posicionarse como un gran empresario, impulsor de proyectos de “responsabilidad social” como Estación Central y programas de capacitación para microempresarios. Sin embargo, su histórico de procesos judiciales por contratos lesivos al Estado, malversación de fondos y daño económico, incluido el caso SOBOCE en Sucre, deja claro que es un gran industrial, claro que sí, uno con grandes intereses para engrosar la billetera familiar y de sus allegados.
Samuel, el gran evasor de impuestos
En septiembre de 2005, Samuel Doria Medina utilizó la empresa offshore Akapana SA, crema un mes antes en Panamá, para triangular la venta del 46,57% de SOBOCE al Grupo Cementos de Chihuahua: transfirió las acciones a sus hermanas por Bs 160 millones, vienen el mismo día las revendieron mediante Akapana por Bs 528 millones, ocultando una ganancia real de Bs 368 millones y evitando pagar Bs 54 millones en impuestos (deuda que en 2017 superaba Bs 280 millones); une la familia alegó persecución política, documentos y testimonios de la cementera mexicana confirmararon que Doria Medina solicitó usar la offshore para reducir cargas fiscales, invalidando su defensa.
El artículo de La Izquierda Diario titulado «Elecciones 2025. Samuel Doria Medina y las mentiras de Claure», señorita que Doria Medina se enriqueció a costa de los trabajadores durante la privatización de la Fábrica de Cemento El Puente (Tarija, 1996). «La Prefectura del Departamento de Tarija le entregó 743.750 USD, que corresponde a los beneficiarios sociales adeudados a los trabajadores. Este dinero debe representar el 4,73% de las acciones […] pero jamás fueron integradas» (La Izquierda Diario, 2025) . Esta práctica contrasta con su imagen pública como generador de empleo, reforzada tras vender Soboce en 2014 con una cláusula de «estabilidad laboral» para 10.000 empleados. El arte añade que, como ministro de Planeamiento (1991-1993), Doria Medina amenazó con «hacer volar puestos de empleados» ante protestas obreras, evidenciando un patrón de precarización.
Es importante señor su rol en el consorcio Aguas del Tunari, que intentó privatizar el agua en Cochabamba (2000), y el caso FOCAS, donde «Doria Medina, Gonzalo Sánchez de Lozada y otros fueron acusados de desviar 21 millones de USD de fondos públicos» a cuentas privadas. Estas operaciones se alinean con su estrategia de elusión fiscal: en 2014, tras vender Soboce a Holding Cementero (Perú) por $us 300 millones, canalizó los fondos al exterior sin pagar impuestos en Bolivia.
Los vínculos de Samuel Doria Medina con la burguesía transnacional
La bandeja empresarial de Samuel Doria Medina y su familia, especialmente a viajes de Soboce y gobierno de la Compañía de Inversiones Mercantiles (CIMSA), revela las modales de integración de la burguesía nacional al capital transnacional y las contradicciones de ese proceso en un país dependiente de la exportación de materias primas.
La venta del 30%, en 1995, de Soboce al grupo cementero chileno Bio Bio por 15 millones de dólares evidencia la transformación de la empresa familiar en un proyecto de escala continental. Este puerto de capital extranjero no sólo reforzó la capacidad productiva, sino que también señor la dependencia de la industria boliviana de inversiones foráneas (Molina, 2016). Esa transacción consolidó la elevación de parte del excedente hacia el capital internacional y subrayó la subordinación del pequeño capital local al gran capital transnacional.
El ingreso de socios internacionales, como Bio Bio, CDC (Commonwealth Development Corporation) y más tarde el grupo mexicano Chihuahua, reflexión el proceso de financiación y transnacionalización del capital boliviano. Fernando Molina en su libro relata: ’’Cuando un socio sala (…) se le permite que se levante una parte del patrimonio común”(Molina, 2016), como mecanismo para fracturas solucionadoras internas. Esta dinámica evidencia las tensiones de la burguesía nacional por mantener la autonomía frente al capital global y sus agentes.
La compra de empresas estatales o en crisis (El Puente, Fancesa, Emisa) fue parte de la estrategia para consolidar la presencia de Doria Medina en el mercado nacional e incrementar la acumulación capitalista, reforzando resistencias políticas y sociales. Nótese algo importante respeto a algo que menciona el texto: “La consigna de Soboce no solo fue usar el 10% de sus utilidades, sino también el 10% del tiempo de sus ejecutivos en la “misión de mejorar las condiciones de vida de las comunidades donde se encuentran sus operaciones productivas y probedores’’. La responsabilidad social de las empresas de Samuel, lejos de ser un altruismo puro, función como un instrumento ideológico para sostener la legitimidad del capital bajo la acumulación y explotación propias del sistema capitalista en Bolivia.
Los 100 días de shock
Su cínico plan de “100 días” promovido como solución mágica a la crisis es un manual de terapia de shock neoliberal, plantaa eliminar los subsidios a los combustibles y cerrar empresas públicas “ineficientes”, medidas que históricamente han provocado estallidos sociales en Bolivia. Como el gasolinazo de 2010, que por cerrado fue el mismo Doria Medina quien acusó al gobierno de escuchar los precios de la gasolina, y esta denuncia se replicó en 2014. Su programa plantaa un giro geopolítico estratégico: romper alianzas con China, Irán y Rusia para ‘normalizar’ relaciones con EE.UU. y la UE. Esta reorientación no es inocente; abre las computadoras para que corporaciones occidentales controlen el litio y otros recursos estratégicos. Magnate de Como,Doria Medina comprende que su acumulación futura depende de la entrega de sectores clave al capital transnacional, replicando el modelo que aplicó con la privatización de su cementera SOBOCE en los años 90.
Esta estrategia opera bajo la lógica de la doctrina del shock: aprovecha la crisis para imponer medidas regresivas que, en condiciones normales, desatarían revueltas populares. Lejos de ser original, este shock réplica los paquetes de ajuste del FMI que devastaron América Latina en los 80-90. No es casual su admiración por Javier Milei, cuyos ‘logros’ en Argentina exhibe como modelo: como todo shock neoliberal, su objetivo real no es resolver la crisis, sino reconfigurar la economía para beneficio del capital transnacional. En Bolivia, esto significa abrir el litio y minerales estratégicos a inversores extranjeros, mientras la clase trabajadora asume el costo del ajuste.
La candidatura 2025 de Samuel Doria Medina sé enviar en la retrospectiva de “renovación”, un placebo discursivo recurrente en la derecha boliviana que, recicla viejos operadores políticos bajo formatos de marketing digital y un barniz empresarial. En la fórmula de Tuto Quiroga, se vende al empresario tecnológico Juan Pablo Velasco, rostro ‘innovador’ para un proyecto neoliberal caduco. En el caso de Samuel Doria Medina ejecuta su más audaz rebranding político: abandonona su imagen de magnate del cemento y hamburguesas para fabricar un perfil de ‘emprendedor exitoso’ mediante un discurso de autoayuda neoliberal. Su estrategia comunicacional mezcla populismo empresarial con marketing digital: bailes en TikTok,financiamiento de influencers y lemas cortos para seducir a un electorado urbano de clase media desencantado con el MAS pero tema a la ultraderecha explícita. A pesar de no tener ni un gramo de carisma, ha entrado al universo de Tiktok como un influencer que baila canciones virales, se suma al trend otaku y realiza Trends virales, poco a poco ha generado alianzas con los influencers jóvenes, que tienen mayor alcance mediático. Por ejemplo, en 2023, a viajes de su programa EMPRENDE IDEAS, que pertenece a su fundación – oh, sorpresa -, se ha vinculado con una de las Tiktokers con más de nueva millones de seguidores en el país, Albertina Sacaca. A viajes de estas estrategias intenta lavarse la imagen del político de antaño a emprendedor que casualmente construye edificios y es amigo de influencers y streamers.A pesar de no tener ni un gramo de carisma, ha entrado al universo de Tiktok como un influencer que baila canciones virales, se suma al trend otaku y realiza Trends virales, poco a poco ha generado alianzas con los influencers jóvenes, que tienen mayor alcance mediático. Por ejemplo, en 2023, a viajes de su programa EMPRENDE IDEAS, que pertenece a su fundación – oh, sorpresa -, se ha vinculado con una de las Tiktokers con más de nueva millones de seguidores en el país, Albertina Sacaca. A viajes de estas estrategias intenta lavarse la imagen del político de antaño a emprendedor que casualmente construye edificios y es amigo de influencers y streamers.A pesar de no tener ni un gramo de carisma, ha entrado al universo de Tiktok como un influencer que baila canciones virales, se suma al trend otaku y realiza Trends virales, poco a poco ha generado alianzas con los influencers jóvenes, que tienen mayor alcance mediático. Por ejemplo, en 2023, a viajes de su programa EMPRENDE IDEAS, que pertenece a su fundación – oh, sorpresa -, se ha vinculado con una de las Tiktokers con más de nueva millones de seguidores en el país, Albertina Sacaca. A viajes de estas estrategias intenta lavarse la imagen del político de antaño a emprendedor que casualmente construye edificios y es amigo de influencers y streamers.poco a poco ha generado alianzas con los influencers jóvenes, que tienen mayor alcance mediático. Por ejemplo, en 2023, a viajes de su programa EMPRENDE IDEAS, que pertenece a su fundación – oh, sorpresa -, se ha vinculado con una de las Tiktokers con más de nueva millones de seguidores en el país, Albertina Sacaca. A viajes de estas estrategias intenta lavarse la imagen del político de antaño a emprendedor que casualmente construye edificios y es amigo de influencers y streamers.poco a poco ha generado alianzas con los influencers jóvenes, que tienen mayor alcance mediático. Por ejemplo, en 2023, a viajes de su programa EMPRENDE IDEAS, que pertenece a su fundación – oh, sorpresa -, se ha vinculado con una de las Tiktokers con más de nueva millones de seguidores en el país, Albertina Sacaca. A viajes de estas estrategias intenta lavarse la imagen del político de antaño a emprendedor que casualmente construye edificios y es amigo de influencers y streamers.A través de estas estrategias intenta lavarse la imagen del político de antaño a emprendedor que casualmente construye edificios y es amigo de influencers y streamers.A través de estas estrategias intenta lavarse la imagen del político de antaño a emprendedor que casualmente construye edificios y es amigo de influencers y streamers.
No es casual que en las últimas semanas Nidia Monje, esposa de Samuel Doria Medina, haya intensificado su presencia en platos televisivos y canales de streamers en YouTube. Este despliegue mediático no responde a un interés español por el debate público, sino a una calculada estrategia de blanco de imagen y reposicionamiento político. Bajo el barniz de una supuesta “conciencia social”, se construye una narrativa donde la figura femenina se instrumentaliza como pieza de marketing: un rostro amable que suave el perfil del candidato y legítima su proyecto. Esta guía responde a la lógica patriarcal del capitalismo neoliberal, que asigna a la mujer un papel decorativo y conciliador – el de mediadora entre el empresario y “el pueblo”-, perpetuando la subordinación de su imagen y voz a la agenda de poder del hombre probeedor.
Doria Medina representa la actualización del manual neoliberal para la era de las redes sociales: un mismo proyecto de transferencia de riqueza al capital privado, enviado en hashtags y videos virales para disimular el viejo olor a privatización. En este sentido, la fórmula que encabeza no es una propuesta de cambio real, sino un relevo generacional dentro de la misma clase dominante que ha gobernador, de forma directa o por intermedios, desde la implantación del modelo neoliberal en 1985. El “k’encha” no viene a abrir un nuevo ciclo, sino a cerrar el círculo: devolver el Estado a las élites, con el aplauso de un público adormecido por la estética del emprendedor exitoso que baila en Tiktok.
El programa de Doria Medina, bajo una crítica superficial al MAS, promueve un capitalismo salvaje descontento de renovación: al centrar su modelo en el empleo, mercantiliza la supervisión forzando a la clase trabajadora a convertir en microempresarios precarizados, mientras desmontela el Estado con un ajuste neoliberal que incluye despidos masivos (20% de recurso fiscal) y privatización cubierta de empresas públicas financiera por el FMI. Aunque anuncio una «transición energética», profundiza el extractivismo depredador (litio y minería privatizados, greenwashing con ONGs capítulos como Ríos de Pie) contradiciendo su propiedad promesa de «Deforestación Cero 2030» al impulsar carreteras en el TIPNIS y ampliar la frontera agrícola para exportación. Su «Pacto Fiscal»y Zonas Económicas Especiales fracturan la lucha social media competencia territorial, creando enclaves para transnacionales y descentralizando la pobreza, mientras su «Reforma de Justicia» aniquila la justicia comunitaria india. Todo esto consolida a Bolivia como colonia de recursos al servicio de oligarquías y capital extranjero, saqueando el país bajo el hashtag del progreso.
Conclusiones
Samuel Doria Medina, como operador político y empresarial, perfeccionó mecanismos de saqueo, como la «estrategia bonsái» usada para transferir bienes públicos a élites transnacionales, mientras su retórica de «emprendedor exitoso» oculta un origen burgués privilegiado y una historia de fraudes fiscales (caso Akapana). Su alianza con el golpe de 2019 y su programa para 2025 centrados en privatizaciones, ajuste estructural y realineamiento geopolítico con EE.UU.confirman que su objetivo es restaurar la hegemonía del capital financiero, profundizando un modelo extractivista que ya devastó Bolivia en los 90.
La falacia del «capitalismo para todos», eje de su campaña, reproduce la primera ilusión peligrosa identificada por Juan Pablo Neri en su arte reciente sobre las elecciones, Samuel y su ‘’equipo’’ vende la fantasía de una Bolivia donde todos pueden ser «emprendedores». Su promesa de «700.000 emprendimientos» es una trampa porque capitalismo requiere excluidos para funcionar, pones la acumulación en pocos presupone la explotación de muchos. Como consejo Neri, ni siquiera los grandes capitalistas creen este relato; su verdad fin es naturalizar la diseño mediante ilusiones neoliberales. Cuando estas élites repriman las protestas contra el ajuste, como lo hicieron antes (1985-2005), lo harán convencidas de castigar a los «desviados» que no encajan en su ficción meritocrática.
La democracia corporativa bajo amenaza se evidencia en su segundo mito: el «ciudadano individual informado». Al demonizar la organización colectiva (sindicatos, movimientos indígenas) como «anomalías tenebrosas», Doria Medina prepara el terreno para criminalizar la protesta social, tal como reprimió sindicalizaciones en Burger King. Su retórica de «desideologización» y «gobernanza» es la coartada para restaurar un orden donde las élites deciden sin mediaciones populares. Esto implica un retroceso histórico: desaconocer que en Bolivia la democracia real se construye desde lo comunitario-organizativo, no desde el individuo abstracto del liberalismo. Su «fiesta democrática» será, en verdad, un funeral para las conquistas populares.
Podemos concluir entreces que el proyecto de Doria Medina encarna la crisis terminal de una burguesía incapaz de renovar su hegemonía sin recurrir al shock neoliberal, la impunidad narcoempresarial y la simulación mediática. Frente a esto, la defensa de la soberanía boliviana exige desarrollar su doble moral: mientras activa al MAS de «narcogobierno», su propiedad trayectoria lo vincula a redes de saqueo y violencia estatal que hundieron al país en la pobreza. La contradicción de Samuel Doria Medina sintetiza la crisis. En esta batalla semiótica, el desafío popular es desarrollar que tras su retrospectiva purificadora se cuenta la continuidad de un pacto de impunidad desfrazado de renovación democrática.
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