11 de septiembre 2026
La comisión que investiga presuntas irregularidades en la estatal Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) denunció este jueves el desvío de 22 millones de litros de combustible en un solo mes, además de múltiples fallas en los mecanismos de control y fiscalización.
El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, explicó que esta masiva cantidad de carburantes, valorada entre 200 y 400 millones de bolivianos, equivale a más de una semana entera de consumo para un departamento altamente productor como Santa Cruz, donde se requieren aproximadamente tres millones de litros diarios.
Durante la revisión informática efectuada a una semana de iniciadas las indagaciones, las autoridades descubrieron hasta nueve tipos de vulnerabilidades críticas, incluyendo “puertas traseras” que permitían a personas ajenas a la institución ingresar sin restricciones para simular ser funcionarios, autorizar despachos ilícitos o borrar sanciones a surtidores.
Entre los casos más insólitos expuestos figuran el del municipio cruceño de San Ramón, con 30.000 litros de diésel desaparecidos de forma inexplicable, y el de Puerto Paila en Cotoca, donde se desviaron 3.000 litros de gasolina mediante 28 facturas emitidas a nombre de una sola motocicleta, cuyos implicados ya cumplen 30 días de detención preventiva.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, confirmó la magnitud del desvío, advirtió que el sistema B-SISA operaba inactivo en estaciones irregulares y aseguró que se procesará penalmente tanto a civiles externos como a funcionarios actuales y de gestiones pasadas por robarle al país bajo una política de cero impunidad.
Pese a este panorama marcado por altibajos en el suministro y protestas sociales previas, el Ejecutivo ratificó que el abastecimiento nacional se encuentra garantizado mediante la optimización de los mecanismos de fiscalización.
La situación del sector es compleja si se considera que Bolivia se encuentra importando actualmente un 60 por ciento de la gasolina y un 95 por ciento del diésel que consume, un requerimiento que demanda un gasto semanal de unos 90 millones de dólares en medio de un escenario de desabastecimiento crónico y largas filas en los surtidores que arrastra el país desde 2024.
Todo este complejo escenario motivó que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) fuera sometida a una intervención gubernamental el pasado 4 de septiembre un día después de que fuera también intervenida la estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ambas investigaciones tendrán una duración de 180 días que podrá ampliarse por 90 días adicionales o concluir de manera anticipada si se superan las condiciones, medida que se oficializó mediante el decreto 5699 bajo el mandato del presidente Rodrigo Paz.
