17 de noviembre de 2025
En su primera semana como Presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz centró el eje de su agenda política en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con EE.UU. como llave maestra para resolver la falta de dólares y combustibles en el país.
En lo retórico, anuncia “desideologizar” la política exterior boliviana considerando traición a la Patria la ruptura de relaciones diplomáticas con EE.UU. debido a la supuesta pérdida de oportunidades comerciales e inversión extranjera. En lo práctico, apela a la incidencia norteamericana en organismos como el FMI, el BM, el BID y la CAF para recibir un trato similar al que recibieron Macri y Milei.
Como se sabe, la gestión de Luis Arce culmina con una crisis económica y energética sin precedentes. El gobierno sostiene un tipo de cambio oficial en Bs. 6,96 por dólar americano, mientras el mercado negro duplica su valor. La inflación es la más alta de los últimos 25 años y el déficit fiscal estimado alcanza el 12% del PIB, ya no por inversión pública sino por gasto corriente.
En ese contexto, la elección mostró un consenso en las ofertas electorales (de derecha): renegociar la deuda externa, construir un Fondo de Estabilización que permita cerrar la brecha cambiaria, promover inversión extranjera disminuyendo la participación del Estado en sectores estratégicos y flexibilizar la estructura tributaria. Sin embargo, nada de esto fue discutido. En su primer semana, el presidente viajó a EE.UU. a encontrar respuestas americanas a los problemas bolivianos, disfrazando la sumisión geopolítica con el guante de la “desideologización”.
Así la política exterior boliviana, que durante el Gobierno de Morales se fundó en el multilateralismo, la soberanía, el antiimperialismo, el anticolonialismo y la defensa de los derechos de la Madre Tierra, da un viraje reestableciendo las relaciones diplomáticas y autorizando el retorno de la Administración para el Control de Drogas (DEA), expulsados por Morales como respuesta a la injerencia política y las violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas estadounidenses en el Trópico cochabambino.
Sin embargo, hoy Rodrigo Paz plantea un giro de 180 grados que complace al Departamento de Estado sumando a Bolivia al club de la dependencia, a la par de Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago; gobiernos que enviaron una salutación al presidente electo indicando que apoyarán los esfuerzos del nuevo gobierno para estabilizar la economía de Bolivia y abrirla al mundo, fortalecer sus instituciones democráticas, impulsar el comercio y la inversión internacional; asimismo, avanzar en objetivos compartidos de seguridad regional y global.
De esto emergen dos preguntas:
- ¿Cuáles son los objetivos compartidos de seguridad regional y global?
- ¿Es posible la “desideologización” de las relaciones con EE.UU. sin someterse a su agenda y su política de seguridad nacional?
En el contexto latinoamericano, no hay mayor sesgo ideológico que la nueva y recargada agenda de seguridad global y regional que se expresa en la guerra comercial contra China y lucha contra el narcotráfico. A través de ellas, EE.UU justifica asfixiar la economía venezolana e invadirla militarmente; de igual forma sanciona al Presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusándolo de contribuir al tráfico de drogas; y finalmente, chantajea al resto de naciones con aranceles a las importaciones mientras deporta ciudadanos enmanillados y realiza ejecuciones extrajudiciales a lanchas en el caribe.
Así la política exterior boliviana, que durante el Gobierno de Morales se fundó en el multilateralismo, la soberanía, el antiimperialismo, el anticolonialismo y la defensa de los derechos de la Madre Tierra, da un viraje reestableciendo las relaciones diplomáticas y autorizando el retorno de la Administración para el Control de Drogas (DEA
En términos económicos y comerciales, los países que se adhieren al pronunciamiento del Departamento de Estado están altamente condicionados, pues sus exportaciones dependen entre el 38% y 55% del mercado norteamericano. Además, Ecuador y Paraguay contribuyen al control geopolítico a través de la instalación de bases militares en regiones estratégicas (Amazonía y Chaco); y en el caso de Panamá, más allá de su partida de nacimiento, administra el 75% del tráfico de carga estadounidense a través del Canal de Panamá. Y como corolario, si no es a través de la dependencia comercial o física, viene la dependencia por deuda, como Argentina luego del salvataje promovido personalmente por Trump a Milei que otorgó un swap de monedas por $us 20.000 millones y la ayuda directa del Tesoro estadounidense con la compra de pesos argentinos para sostener el mercado oficial de cambios en las elecciones.
Entendiendo estas condiciones el caso boliviano requiere una mirada detallada para comprender su alcance. Actualmente, China es su principal socio comercial, pues es el tercer país con mayor recepción de sus exportaciones, sólo superado por Brasil e India y ocupa el primer lugar en el origen de las importaciones. De hecho, si se observa desde la lógica de bloques comerciales, los países que integran BRICS son receptores del 45% de las exportaciones bolivianas, y de ese porcentaje China representa 15 puntos; mientras que los países del G7 reciben apenas el 7% de las exportaciones, siendo EE.UU. receptor de apenas el 3%. Por tanto cabe preguntarse si podría EE.UU. desplazar esta posición, pues no solo se trata de valores y volúmenes, sino de la naturaleza de las importaciones: los principales productos de importación estadounidenses son combustibles y aceites lubricantes; mientras que en el caso de China se trata de equipos vinculados a tecnología, teléfonos, máquinas portátiles de procesamiento de datos, circuitos integrados de memoria y otros; es decir mayor dependencia estratégica y tecnológica.
Otro tema de interés norteamericano es el control geopolítico regional disfrazado como lucha contra el narcotráfico. Frente a esto, el presidente Paz, ha sido explícito en informar que la DEA retornará a Bolivia como solución a la sensación del aumento de la criminalidad. Sin embargo, si damos una mirada regional a sus resultados, Colombia y Perú sostuvieron una presencia estable del organismo estadounidense en las últimas cuatro décadas sin que se traduzca en un resultado efectivo en la lucha contra el narcotráfico. En Perú, los reportes anuales de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) indican -que -aún con presencia irrestricta de la DEA- el nivel de cultivos de hoja de coca se mantuvo en el tiempo: en 1995 existían 121.300 hectáreas de cultivo de hoja de coca, y si bien disminuyeron entre 2000 y 2020 alcanzando un mínimo de 40.300 hectáreas (has), en 2023 se dispararon nuevamente hasta alcanzar las 92.700 has. La situación es mucho más grave en Colombia, donde luego de invertir más de $us 10.000 millones entre 2000 y 2016 a través del Plan Colombia, los cultivos se multiplicaron casi seis veces, pasando de 42.000 has en 1990 a 253.000 has en 2023 (antes que Petro asuma la presidencia).
En el contexto latinoamericano, no hay mayor sesgo ideológico que la nueva y recargada agenda de seguridad global y regional que se expresa en la guerra comercial contra China y lucha contra el narcotráfico
Y si se revisan los antecedentes históricos de la presencia de la DEA en Bolivia, la prensa de la época deja claro que no fue sinónimo de una disminución sustancial de los cultivos de hoja de coca, pero si de una violación sistemática de los Derechos Humanos al realizar tareas erradicación de cultivos y persecución de dirigentes sociales. Sin embargo, entre los casos más emblemáticos resalta el escándalo de Huanchaca en 1986, que puso en duda el papel real de dicho organismo tras el descubrimiento accidental de una megafábrica de cocaína, donde fueron asesinados el biólogo boliviano Noel Kempff Mercado y dos de sus acompañantes. El caso cobró notoriedad cuando el diputado Edmundo Salazar, quien presidía una comisión parlamentaria de investigación, solicitó la expulsión de los militares estadounidenses y agentes de la DEA en territorio nacional por ser cómplices y encubridores del delito. En esta investigación se denunció que dicha fábrica de cocaína estaba bajo el control de la CIA y la DEA en Bolivia con el objetivo de financiar la “contra” nicaragüense. A los días de realizar esta denuncia, el parlamentario fue asesinado.
Y es que nunca existió un marco normativo que rigiera las actuaciones de la DEA en Bolivia, de tal forma que nunca rindieron informe ante las autoridades locales pese a lograr altos niveles de penetración en la intervención ilegal de instituciones estatales como la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) e incluso la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) donde se denunció el espionaje telefónico.
Por eso, resulta llamativo que se plantee el retorno de esta instancia sin discusión o reflexión alguna sobre los resultados de su presencia en la región o en la propia historia boliviana. Sin embargo, es una muestra clara de los primeros síntomas de un gobierno que acepta sin cuestionamiento alguno los mecanismos de injerencia en la región a cambio de un rescate financiero que ni siquiera viene disfrazado de ayuda. Es deuda llana y transparente.
Por tanto, inicialmente se puede concluir que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con EE.UU.es un paquete que incluye instituciones, directrices y relaciones de dominación que marcarán el camino que ha decidido iniciar el nuevo gobierno. Es entonces que resuenan las palabras del ex Secretario de Estado Henrry Kissinger: “Ser enemigo de EE.UU. es peligroso, pero ser amigo es fatal”.
