El senado prepara Ley para criminalizar los bloqueos.
El pasado 12 de noviembre, la senadora Claudia Mallón (Súmate) presentó en la Cámara de Senadores un proyecto de ley que busca endurecer de manera drástica las penas por el bloqueo de carreteras, elevándolas a entre 8-10 años de prisión mediante la modificación del artículo 213 del Código Penal. Para Mallón, la sanción vigente -de 1 a 4 años- es “meramente simbólica”, un simple “saludo a la bandera” que rara vez se aplica. Buscando de esta manera coartar el derecho a la protesta que ha sido la forma de conseguir todos los derechos conquistados por la clase obrera y los sectores populares.
17 de noviembre de 2025
Mallón trata de justificar su propuesta denunciando supuestos “atentados contra la libertad de trabajo y la seguridad de los servicios públicos”: los bloqueos interrumpen el paso normal de alimentos, combustible y otros insumos, lo que para ella representa un daño grave a la economía boliviana. Es decir, afecta los intereses de los grandes empresarios, pues cuando hablan de economía, no les interesa la economía de los sectores populares.
Además, la senadora advierte que los bloqueos son especialmente perjudiciales para su departamento, Cochabamba, que ha sufrido pérdidas millonarias por medidas de presión impulsadas por “intereses políticos y sectoriales”, señalando al “evismo” como responsable principal. Para Mallón, su propuesta no solo busca castigar, sino instaurar una “cultura del diálogo” como vía para resolver los conflictos.
Detrás de ese discurso de “orden”, “estabilidad” y “diálogo” se esconde un proyecto con implicaciones gravísimas para los derechos sociales. Penalizar con hasta diez años de cárcel el descontento, significa criminalizar la protesta social, convirtiendo en delito una práctica históricamente utilizada por obreros, campesinos y estudiantes para hacerse oír frente a la violencia que ejerce el Estado y sus instituciones.
Finalmente, Mallón trata de justificar la necesidad de eliminar los bloqueos afirmando que perjudican las inversiones, que el “libre tránsito” es indispensable para atraer capital extranjero y garantizar la seguridad empresarial, para lo cual insiste que lo mejor es recurrir a una «cultura de diálogo». Este proyecto de ley se encuentra dentro de lo anunciado por Rodrigo Paz, en su encuentro con el sector empresarial, que la “libertad tiene límites”.
Bajo el pretexto de proteger la economía, la legisladora propone restringir uno de los derechos democráticos esenciales de las organizaciones obreras, campesinas y estudiantiles: la posibilidad de interrumpir el orden establecido cuando ese mismo orden es el que profundiza la desigualdad, la precarización y la pobreza.
Desde la LOR-CI rechazamos de forma categórica este proyecto de ley. No es sólo una restricción al derecho a protestar, es un intento por sancionar y criminalizar una de las formas más efectivas de lucha que tiene la clase trabajadora. Defendemos el derecho a la movilización, a la expresión y a interrumpir e intervenir cuando nuestros intereses colectivos están en juego, porque estos instrumentos de lucha han sido utilizados históricamente para frenar el ajuste, la represión y el autoritarismo.
Por Domicio Platten Tristan
