Haití, laboratorio de una nueva intervención militar: Bukele, Trump y los mercenarios de Erik Prince

4 de noviembre de 2026

Más de 2,000 efectivos salvadoreños, acompañados de helicópteros, drones y vehículos blindados, fueron desplegados en Haití por el gobierno de Nayib Bukele. El envío amplía la presencia militar extranjera en un país con una larga historia de ocupaciones e intervenciones. Bukele justificó la operación como una misión para recuperar a cuatro técnicos militares desaparecidos tras una emboscada el 18 de octubre. Pero la magnitud del contingente, la participación salvadoreña previamente autorizada en la fuerza multinacional y, sobre todo, la ampliación de la operación fuera de ese marco muestran que el despliegue va mucho más allá de una búsqueda y rescate.

En Haití confluyen distintos mecanismos de intervención, control y seguridad. Por un lado, la Gang Suppression Force (GSF), o Fuerza de Supresión de Pandillas [1], autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU; por otro, las fuerzas de seguridad haitianas y una fuerza de tareas especializada creada por el gobierno de ese país, que opera con apoyo de Vectus Global [2], la empresa militar privada de Erik Prince [3], fundador de Blackwater. No se trata de una sola estructura ni de una misma cadena de mando, pero sí de distintos componentes de una política que combina fuerzas estatales, contingentes extranjeros y contratistas privados.

El imperialismo estadounidense ha respaldado políticamente el despliegue salvadoreño y aporta gran parte de la logística de inteligencia. Colombia aportó apoyo logístico para el traslado de tropas y República Dominicana ofreció facilidades para las operaciones desde su territorio. El 3 de noviembre, Naciones Unidas aclaró que la gran mayoría de los militares salvadoreños adicionales no está desplegada bajo el mandato de la GSF, por lo tanto, queda fuera del ámbito de competencia y de los mecanismos de información de su oficina de apoyo en Haití. Aunque El Salvador ya participaba en la fuerza multinacional, el nuevo contingente responde a una decisión del gobierno de Bukele y opera bajo la cadena de mando de la Fuerza Armada salvadoreña, encabezada por el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy [4]. No está subordinado al mando de la GSF ni a la conducción de Naciones Unidas. La decisión política y militar de esta operación está en manos del Ejecutivo salvadoreño: Bukele y su ministro de Defensa son responsables de su orientación, conducción y consecuencias.

Intervención multinacional hasta 2027 y privatización de la guerra

La propia composición de la GSF muestra las dificultades para sostener esta intervención. El Consejo de Seguridad autorizó un techo de 5,500 efectivos uniformados y 50 civiles, pero al 31 de agosto apenas se habían desplegado 1,213 uniformados de seis países. El ritmo de incorporación de contingentes fue identificado por la propia fuerza como uno de sus principales obstáculos. A pesar de ello, el Consejo de Seguridad prorrogó su mandato hasta el 31 de marzo de 2027. La distancia entre los efectivos autorizados y los desplegados expone las dificultades de los gobiernos participantes para aportar las fuerzas necesarias y sostener una operación de esta magnitud.

La intervención busca imponer una salida militar a la crisis haitiana en nombre del restablecimiento del orden y la seguridad, mientras continúan el saqueo económico, la subordinación financiera y la explotación de los recursos del país por intereses extranjeros. La ocupación y la militarización no revierten esa estructura de despojo colonial e imperialista, la reproducen y profundizan la violencia, los abusos y las violaciones a los derechos humanos que padece la población.

Las operaciones de las fuerzas de seguridad haitianas y de una fuerza de tareas especializada, con apoyo de Vectus Global y el uso de drones armados, dejaron al menos 1,243 personas muertas en 141 ataques entre el 1 de marzo de 2025 y el 21 de enero de 2026, además de 738 heridas, según documentó Human Rights Watch. Entre las personas fallecidas había al menos 43 adultos y 17 niños que, según la organización, no pertenecían a grupos criminales. La investigación advirtió que algunos de esos ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y que se realizaron en zonas urbanas densamente pobladas. Estas cifras corresponden a ataques con drones, no al conjunto de operaciones de seguridad en Haití.

Este es el costo humano de una política que presenta el uso de fuerzas letales como respuesta a la crisis. La participación de empresas militares privadas representa una expresión extrema de la privatización de la guerra y de la intervención extranjera. Vectus Global, dirigida por Erik Prince, ha proporcionado apoyo a la fuerza de tareas haitiana mediante drones, helicópteros y asistencia de inteligencia. Human Rights Watch documentó también que Prince contrató operadores salvadoreños para apoyar a la policía haitiana en el uso de drones armados. La trayectoria de Prince remite a los antecedentes de impunidad y abusos de las empresas militares privadas durante las guerras de ocupación de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Blackwater, su anterior empresa, estuvo implicada en la masacre de la plaza Nisour de Bagdad, en 2007, cuando sus empleados mataron a 17 civiles iraquíes.

La intervención actual tampoco puede separarse de la historia de ocupaciones y misiones extranjeras en Haití. Estados Unidos ocupó el país entre 1915 y 1934. Décadas después, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), desplegada entre 2004 y 2017, acumuló denuncias de abusos sexuales cometidos por integrantes de sus contingentes y quedó asociada a la introducción del cólera en 2010, epidemia que provocó miles de muertes. En 2016, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, reconoció la responsabilidad moral de la organización y pidió disculpas. La GSF tiene un mandato y una estructura distintos de los de MINUSTAH, pero esa diferencia no borra la experiencia histórica de la población haitiana ni convierte una autorización internacional en garantía de respeto a sus derechos.

El despliegue salvadoreño no comenzó con el secuestro

La desaparición de los cuatro militares salvadoreños le ofreció a Bukele un argumento para justificar públicamente una operación de mayor escala en Haití, pero la participación militar salvadoreña en el país no comenzó con ese episodio. El 29 de septiembre de 2026, la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por Nuevas Ideas y sus aliados, aprobó con 57 votos el Decreto 679 [5], que autorizó durante doce meses la participación de la Fuerza Armada salvadoreña en la GSF y contempló el despliegue de personal, aeronaves y equipamiento para apoyar sus operaciones. Esa autorización antecedió a la desaparición del 18 de octubre. Sin embargo, debe distinguirse de la ampliación posterior: la mayoría del nuevo contingente enviado por Bukele opera fuera del marco de la GSF, sin que se haya explicado públicamente con suficiente claridad el acuerdo que regula su actuación.

El 2 de noviembre, las tropas salvadoreñas lanzaron su primera gran operación terrestre en la llanura de Cul-de-Sac, al noreste de Puerto Príncipe, contra las organizaciones armadas 400 Mawozo y Chen Mechan. Los militares avanzaron en una decena de vehículos blindados con el objetivo declarado de desmantelar esos grupos, señalados como responsables de la desaparición de los cuatro técnicos militares. La ofensiva muestra que el despliegue dejó de limitarse a una operación de búsqueda y rescate y se convirtió en una intervención militar directa contra organizaciones armadas haitianas.

El 31 de octubre, Bukele rechazó las denuncias de una organización haitiana sobre presuntos bombardeos y ataques aéreos contra población civil. Afirmó que los helicópteros de ataque salvadoreños habían llegado el 29 de octubre y que hasta entonces no habían realizado misiones. Su negativa no constituye una verificación independiente de lo ocurrido ni resuelve las preocupaciones sobre los riesgos que las operaciones militares representan para la población civil. Las denuncias requieren investigación y garantías de transparencia, especialmente cuando la mayor parte del contingente salvadoreño adicional opera fuera de los mecanismos de información de la ONU.

Acorde al discurso de las potencias imperialistas, el gobierno salvadoreño presenta la violencia como un problema de seguridad separado de las relaciones sociales y políticas que la atraviesan. Así, la represión y el control militar aparecen como respuestas inevitables ante la miseria, la desocupación, el saqueo y el deterioro de las condiciones de vida. El punitivismo de exportación que pregona Bukele no ofrece una salida a esas condiciones: la militarización, el encarcelamiento masivo y la represión bloquean letalmente cualquier alternativa política independiente de los trabajadores y los sectores populares.

El argumento de la “guerra contra las pandillas” tampoco es novedoso en Haití. Ha servido para legitimar sucesivas intervenciones extranjeras, muchas de ellas realizadas bajo mandato o con el respaldo de la ONU. Aunque ahora el gobierno salvadoreño presenta su despliegue como una operación para localizar a los militares desaparecidos, su alcance y sus objetivos políticos van mucho más allá de esa búsqueda.

Bukele busca proyectar internacionalmente el modelo de militarización con el que consolidó su poder, basado en el encarcelamiento masivo y el régimen de excepción, presentarlo como una fórmula de seguridad exportable y posicionarse como referente en el combate a las pandillas. La intervención en Haití le ofrece un nuevo escenario para exhibir ese modelo y demostrar su disposición a llevarlo más allá de las fronteras salvadoreñas, mientras fortalece su alianza con Donald Trump y se suma a la estrategia de Washington de ampliar la coordinación militar entre gobiernos aliados del continente, poniendo a disposición de esa política tropas y capacidad operativa.

Reducir la realidad haitiana al fenómeno de las pandillas en El Salvador no es una simplificación inocente: permite presentar la intervención militar como una solución de seguridad y ocultar sus implicaciones políticas. El 30 de octubre, Bukele afirmó: “Si acabamos con las pandillas de acá, podemos acabar con ellos. Es decisión de ellos (de los haitianos) si quieren que los acabemos o no”. Con esta afirmación coloca a la población haitiana ante una falsa disyuntiva: aceptar que las fuerzas salvadoreñas “acaben” con los grupos armados o quedar del lado de quienes supuestamente impiden la pacificación. Esta narrativa también oculta que los grupos armados no actúan al margen de las estructuras de poder: sectores de las élites políticas y económicas haitianas han mantenido vínculos con ellos, mientras que buena parte del arsenal que utilizan tiene origen estadounidense. Como en todo discurso colonial, no hay lugar para que el propio pueblo defina qué necesita ni qué salida política quiere construir. Esta lógica borra las diferencias históricas, sociales y políticas entre El Salvador y Haití, y despoja a la población haitiana de su capacidad de acción y organización política. Esto convierte a Bukele en El Salvador como el ariete con que se lleva adelante la estrategia trumpista en América Central y el Caribe.

Los más de 2,000 efectivos salvadoreños se incorporan así a un escenario de violencia que pesa sobre la población y que no puede explicarse al margen de las relaciones entre los grupos armados, las élites políticas y económicas y el poder imperialista. Aunque la intervención de Bukele pretende ampliar la capacidad militar para perseguir y golpear a determinadas organizaciones, no enfrenta las redes de poder que históricamente las han alentado ni las condiciones sociales y políticas en las que se reproduce su violencia. Por el contrario, refuerza una política de ocupación, represión y control militar que también somete a la población civil. La desaparición de los cuatro técnicos militares le sirve al gobierno salvadoreño para justificar públicamente una operación de mayor escala y proyectar su política represiva más allá de sus fronteras, comprometiéndose con la estrategia de intervención de Washington.

La crisis haitiana no se resuelve con el modelo Bukele

El manual represivo de Bukele no ofrece una salida a la crisis haitiana. El pueblo de Haití carga con una historia de resistencia, pero también con una estructura social profundamente fragmentada y golpeada por décadas de saqueo imperialista. La violencia que hoy atraviesa al país no es meramente criminal: los grupos armados se han desarrollado en relación con redes políticas y económicas, disputas territoriales y circuitos de rentas legales e ilegales. Sectores de las élites económicas y políticas han mantenido vínculos con estas organizaciones y recurrido a ellas para disputar poder, proteger sus negocios y ejercer control sobre territorios y sectores populares. Esto no convierte a las bandas en un bloque homogéneo ni elimina sus propios intereses, pero muestra que no pueden entenderse al margen de las relaciones de poder que atraviesan al Estado y a las clases dominantes haitianas.

Esta historia también está atravesada por el racismo. Haití no ha sido tratado como un país más dentro del orden internacional, su población negra y el carácter antiesclavista de su revolución marcaron desde el comienzo la relación de las potencias con la primera república negra independiente. La revolución de 1804 no solo derrotó al colonialismo francés y abolió la esclavitud; puso en cuestión el orden racial sobre el que descansaba el sistema colonial y esclavista. Por eso, la independencia haitiana fue respondida con aislamiento, amenazas de reconquista y castigos económicos. En 1825, Francia impuso a Haití una indemnización para compensar a los antiguos propietarios de esclavos por la pérdida de sus “propiedades”, y Estados Unidos demoró hasta 1862 el reconocimiento de su independencia. Más tarde, la ocupación estadounidense de 1915 a 1934 reprodujo esa relación de dominación bajo un discurso racista que presentaba a los haitianos como incapaces de gobernarse por sí mismos. La imagen de Haití como un país atrasado, violento e incapaz de construir un orden político propio no es una descripción neutral de su realidad: forma parte de una tradición colonial que ha servido para justificar su sometimiento y las intervenciones extranjeras.

La participación del gobierno haitiano entra en toda esta trama de militarización y sometimiento del pueblo haitiano. Desde el 7 de febrero de 2026, cuando concluyó el mandato del Consejo Presidencial de Transición, Alix Didier Fils-Aimé quedó al frente del Poder Ejecutivo. Encabeza un gobierno de facto, sin mandato electoral propio, cuya continuidad contó con el respaldo directo de Washington. Su gobierno avala abiertamente esta intervención: acordó con Bukele fortalecer la cooperación en materia de seguridad y respalda el despliegue salvadoreño. Además, durante su gestión se creó la fuerza de tareas especializada que opera con apoyo de Vectus Global y que ha realizado ataques con drones denunciados por Human Rights Watch. Se trata de un poder asentado en la descomposición institucional haitiana, sostenido por el imperialismo y vinculado a los intereses de las clases dominantes locales. Su colaboración con las fuerzas extranjeras reduce al mínimo la soberanía del país y facilita la intervención militar.

El gobierno haitiano no se ampara ni siquiera en algún tipo de legitimidad electoral. Haití no celebra elecciones nacionales desde 2016 y el calendario electoral volvió a aplazarse, la primera vuelta presidencial y legislativa fue reprogramada para el 18 de julio de 2027. La prolongación de gobiernos provisionales sin elecciones de por medio no pueden separarse de la crisis política y social que atraviesa el país. Washington no solo respalda a las autoridades que facilitan la intervención; también interviene en la configuración de los poderes que administran la crisis haitiana, mientras las clases dominantes locales conservan sus propios intereses y responsabilidades.

La dinámica de violencia no se reduce a una confrontación militar entre fuerzas estatales y grupos armados. Associated Press informó que Wilson Joseph, conocido como Lanmò Sanjou y dirigente de 400 Mawozo [6], solicitó a António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, el envío de una delegación para mediar un diálogo con las fuerzas internacionales, al tiempo que advirtió sobre el riesgo de represalias contra la población. Joseph afirmó que los cuatro técnicos salvadoreños habían muerto, pero no presentó pruebas. La ONU confirmó haber recibido la carta y aclaró que esa recepción no implica reconocimiento del remitente ni respaldo a sus planteamientos. La iniciativa de negociación de un dirigente armado no convierte a 400 Mawozo en representante de la población haitiana ni borra la violencia que ejerce contra ella. Sí muestra que la confrontación tiene dinámicas, cálculos e intereses propios que no pueden reducirse a una operación de seguridad.

El Ejército salvadoreño es uno de los pilares del aparato coercitivo con el que Bukele sostiene su proyecto político: participa en el régimen de excepción, la militarización de la vida social y el control y disciplinamiento de la población. Su despliegue en Haití proyecta esa fuerza más allá de las fronteras salvadoreñas. El gobierno busca presentar el envío de tropas, bajo el nacionalismo agitado alrededor de la desaparición de los cuatro técnicos militares, como una causa nacional, mientras oculta su papel en la proyección militar internacional de su propio proyecto y en una ofensiva impulsada por Washington para reforzar su dominio político y militar sobre América Latina y el Caribe. De este modo, compromete a gobiernos aliados en tareas que las potencias no quieren asumir exclusivamente con sus propias fuerzas.

Una salida militar que profundiza la dependencia

La intervención impulsada por Estados Unidos busca imponer una salida militar y comprometer a gobiernos aliados en esa tarea, mientras Washington evita asumir directamente todos sus costos políticos, económicos y humanos. La insuficiencia de contingentes de la GSF, el envío de nuevas fuerzas extranjeras y la participación de empresas militares privadas muestran cómo busca distribuir entre sus aliados y contratistas los costos de una intervención que no logra construir una salida política con legitimidad entre la población haitiana. Pero esta estrategia no se sostiene únicamente en la decisión de Washington y la participación de sus aliados: también cuenta con la colaboración de las autoridades haitianas. El gobierno de Fils-Aimé acordó con Bukele fortalecer la cooperación en materia de seguridad y respalda el despliegue salvadoreño. La intervención se apoya así en un poder político sin mandato electoral, sostenido por el imperialismo y vinculado a los intereses de las clases dominantes locales, que abre paso a nuevas fuerzas militares extranjeras mientras compromete la soberanía haitiana.

Bajo el lenguaje del combate a las pandillas y la defensa de la seguridad regional, se amplía la cooperación militar entre Washington y sus gobiernos aliados y se construyen condiciones para respaldar nuevas intervenciones. En el Caribe, esta política adquiere una dimensión particularmente peligrosa frente a Cuba. La administración Trump ha endurecido el cerco económico y energético, ha profundizado el aislamiento político de la isla y ha mantenido públicamente la amenaza de una posible acción militar, aunque funcionarios estadounidenses han señalado que no existe un plan de intervención inminente. No se trata de afirmar que el despliegue en Haití tenga una misión operativa contra Cuba, sino de situarlo en un escenario regional de presión, militarización y disciplinamiento de los pueblos del Caribe. Bukele busca ocupar un lugar en ese dispositivo y utiliza Haití como escenario para demostrar su disposición a colaborar con la estrategia estadounidense.

La intervención no solo profundiza la subordinación de Haití a las potencias. También contribuye a fortalecer los instrumentos políticos y militares con los que Washington busca disciplinar a los pueblos del Caribe y contener cualquier proceso que cuestione su dominio político en la región.

Haití no necesita tutelas extranjeras ni nuevas fuerzas militares que pretendan administrar por las armas una crisis cuyas raíces están en la dominación imperialista, la desigualdad y la descomposición estatal. Las intervenciones internacionales, presentadas una y otra vez como respuestas necesarias para restablecer el orden, no han resuelto esa crisis, han profundizado la miseria, la violencia y la subordinación del pueblo haitiano. Una salida no puede venir de las potencias que sostienen ese orden ni de nuevas misiones de ocupación legitimadas bajo el lenguaje de la paz y la seguridad. Requiere que los trabajadores y los sectores populares haitianos puedan organizarse y construir una alternativa política independiente, frente al imperialismo y a las clases dominantes locales, con capacidad de decidir sobre su propio futuro.

Solo la clase trabajadora y el pueblo oprimido de Haití pueden abrir una salida a la crisis creada por las clases dominantes y sus gobiernos, sostenidos por el imperialismo. Es necesario que tomen en sus manos su propio destino y rechacen cualquier tipo de intervención militar, así como cualquier fuerza de ocupación disfrazada de “misiones de paz” o de “seguridad”. Al calor de su lucha, el pueblo haitiano debe fortalecer sus propias organizaciones de masas y poner en pie organismos de autodeterminación, confiando en sus propias fuerzas y construyendo la solidaridad internacionalista de los trabajadores y los pueblos.

Sandra Romero

Referencias bibliográficas

1. Asamblea Legislativa de El Salvador. “Asamblea autoriza permanencia de Fuerza Armada en Haití para misión de seguridad”. 29 de septiembre de 2026. https://www.asamblea.gob.sv/node/14133

2. Martínez, Juan. “ONU aclara que mayoría de tropas salvadoreñas en Haití queda fuera de su supervisión”. El Salvador.com, 3 de noviembre de 2026.
https://www.elsalvador.com/noticias/internacional/onu-tropas-militares-salvadorenas-haiti/1301916/2026/

3. Duarte, Luis. “ONU aclara que militares salvadoreños desplegados en Haití están fuera del mandato de su Oficina de Apoyo”. La Prensa Gráfica, 3 de noviembre de 2026.
https://www.laprensagrafica.com/internacional/onu-aclara-que-militares-salvadorenos-desplegados-en-haiti-estan-fuera-del-mandato-de-su-oficina-de-apoyo-20261103-0009.html

4. Reuters. “Bukele’s gang offensive goes abroad as El Salvador rushes troops to Haiti”. 29 de octubre de 2026.
https://www.reuters.com/world/americas/bukeles-gang-offensive-goes-abroad-el-salvador-rushes-troops-haiti-2026-10-29/

5. Reuters. “El Salvador to send over 2,000 soldiers to Haiti for rescue while elections postponed”. 29 de octubre de 2026.
https://www.reuters.com/world/americas/haiti-postpones-first-presidential-election-decade-july-2027-2026-10-29/

6. Human Rights Watch. “Haití: Ataques con drones ponen en riesgo a los residentes”. 10 de marzo de 2026.
https://www.hrw.org/es/news/2026/03/10/haiti-ataques-con-drones-ponen-en-riesgo-a-los-residentes

7. Associated Press. “Powerful Haitian gang leader tells AP he wrote UN seeking dialogue as clashes intensify”. 3 de noviembre de 2026.
https://apnews.com/article/374dfb531e5c919c3139649c7d63cefe

8. Associated Press. “Haiti’s prime minister Fils-Aimé speaks out as concerns over El Salvador’s troops deepen”. 3 de noviembre de 2026.
https://apnews.com/article/fefbf2e40c1eef1cac6b0281cef961d0

9. EFE. “Tropas salvadoreñas lanzan su primera gran operación contra pandillas en Haití”. 3 de noviembre de 2026. Consulta de la cobertura de EFE sobre la operación.

10. Departamento de Estado de Estados Unidos, Oficina del Historiador. “U.S. Invasion and Occupation of Haiti, 1915–34”. Milestones in the History of U.S. Foreign Relations.
https://history.state.gov/milestones/1914-1920/haiti

11. Naciones Unidas, secretario general, Ban Ki-moon. “Righting a Wrong in Haiti”. 5 de diciembre de 2016. https://www.un.org/sg/en/content/former-secretary-general/articles/2016-12-05/righting-wrong-haiti

12. Naciones Unidas, Asamblea General. “Informe sobre la responsabilidad de la Organización de las Naciones Unidas en relación con el cólera en Haití”. Documento A/71/367, 2016.
https://digitallibrary.un.org/record/842788/files/A_71_367-ES.pdf