1 de abril de 2026
En Bolivia ya hemos vivido episodios donde la voluntad popular fue desplazada por acuerdos políticos. En 1989, Jaime Paz Zamora, que había quedado en tercer lugar, fue llevado a la presidencia mediante un pacto congresal con su verdugo Hugo Banzer. Aquella “democracia pactada” fue duramente cuestionada, pero al menos respondía a reglas formales conocidas.
Hoy, lo que ocurre en La Paz no solo recuerda ese pasado, lo supera en opacidad, es una jugada sucia, digna de mafiosos.
La proclamación de Luis Revilla como gobernador no nace de una mayoría clara, sino de una cadena de decisiones políticas que la deslegitima. Todo se desencadena con el retiro de la candidatura de René Yahuasi, quien participaba con la sigla de Nueva Generación Patriótica, una organización emergente dentro del escenario electoral.
El punto crítico no es solo el retiro, sino cómo se ejecuta. La dirigencia partidaria decide bajar la candidatura a espaldas de su propio candidato. El anuncio se realiza en Cochabamba, lejos del epicentro político paceño. Y, casi de inmediato, el Tribunal Supremo Electoral actúa con una rapidez inusual para proclamar a Revilla como ganador. Esta es una operación política encadenada, con favores al oficialismo.
Revilla, además, no llega con respaldo contundente. Su votación ronda el 20% y su apoyo territorial es limitado dentro del departamento. En cualquier democracia que priorice la representación real, esto habría derivado en una segunda vuelta. Sin embargo, esa posibilidad se diluye en medio de decisiones aceleradas y poco transparentes. Además su cercanía política con el oficialismo, en un contexto donde este ha perdido espacios en varias regiones del país. Claramente frente al desgaste electoral, se activan mecanismos indirectos para conservar poder.
A esto se suma su historial. Luis Revilla ha sido objeto de numerosas denuncias y procesos judiciales derivados de su gestión como alcalde por irregularidades en contratos municipales, cuestionamientos en la ejecución de obras públicas, observaciones sobre el manejo administrativo institucional.
Enfrenta más de 200 procesos judiciales que impactan directamente en su credibilidad pública.
Una candidatura retirada sin transparencia, un partido que actúa sin su propio candidato,
un tribunal que acelera decisiones, y un ganador sin mayoría clara no es simplemente una jugada electoral, es una señal de deterioro democrático.
Las reglas se acomodaron al interés del oficialismo. Las siglas se están usando como instrumentos y las instituciones parecen alinearse con intereses políticos, la voluntad popular ha dejado de ser el eje del sistema.
Solo resta preguntarse ¿quién decide realmente en democracia, el pueblo… o los acuerdos entre pocos? Esto no es democracia pactada, es un acuerdo encadenado a favor del oficialismo con oscuras intenciones.
Revilla no puede ni debe ser gobernador. La Paz tiene el duro desafío de defender las decisiones de su ciudadanía y no la manipulación de unos cuantos políticos fracasados que acuden a estas triquiñuelas para gobernar.
Por Koba Milenaria
