“Capitalismo para todos”: el rumbo de Paz y Lara que profundiza la desigualdad

1 de diciembre de 2025

La promesa del “capitalismo para todos”

Desde su llegada al gobierno, Rodrigo Paz se ha dedicado a reforzar una idea central: “Bolivia es un país capitalista”. En su relato, esa constatación no solo describe la realidad, sino que define la orientación que debe asumir el Estado: liberar la economía, destrabar regulaciones, abrirse al mercado mundial y colocar al capital privado como motor del crecimiento.

Bajo el lema “capitalismo para todos”, Paz – Lara promueven una agenda que incluye créditos blandos para empresas, reducción de impuestos, eliminación de aranceles y “facilidades para producir”. Su fórmula propone una “economía para la gente, no para el Estado”, pero en los hechos significa trasladar poder económico, desregulación y beneficios hacia los sectores empresariales.

La materialización más clara de esa orientación ocurrió apenas días después del cambio de gobierno: la eliminación de cuatro impuestos -el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) [1], el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) [2], el impuesto al juego y el impuesto a las promociones empresariales- todos ellos pagados por quienes concentran recursos y capital.

Rodrigo Paz justificó la medida afirmando que esos tributos “espantaban inversiones”, que el IGF habría hecho “huir 2.000 millones de dólares a Paraguay”, y que su eliminación sería una “señal al mundo” de que Bolivia apuesta al mercado y al capital privado. La narrativa oficial repite que estos impuestos representaban “menos del 1 % de la recaudación”, sin mencionar que su eliminación representa un beneficio directo para los sectores más enriquecidos, y que reducir el gasto público en un 30% implica, en los hechos, recortar recursos esenciales para educación, salud y otros servicios fundamentales. El vicepresidente Edman Lara propuso incluso ir más lejos, sugiriendo recortar el IVA o el impuesto a las utilidades. No se trata, por tanto, de ajustes parciales: es la instalación de un proyecto neoliberal que prioriza a los grandes empresarios, agroindustriales y capital financiero bajo el pretexto de “reactivar” la economía.

Pero esta reorientación económica no se limita al plano interno. El gobierno de Paz se presenta ante las potencias imperialistas como un socio dócil, dispuesto a “amarrar los huatos” para garantizar un clima favorable a los negocios de capitales extranjeros en un contexto global de crisis y disputa geopolítica. La búsqueda desesperada de inversiones externas implica concesiones crecientes, desde flexibilización laboral hasta apertura irrestricta a empresas transnacionales, consolidando así un modelo subordinado a los dictados del capital internacional. Lejos de significar un proyecto soberano, la política económica de Paz – Lara refuerza la dependencia y coloca a Bolivia en la órbita de Estados Unidos, una potencia “agresiva y en decadencia” a la que el nuevo gobierno ofrece estabilidad, recursos y mano de obra barata en nombre del “capitalismo para todos”.

¿Qué es realmente el capitalismo que tanto encanta a Paz y Lara? Explotación y miseria para la mayoría y acumulación para unos pocos

El mensaje del gobierno insiste una y otra vez en que el capitalismo generará oportunidades, que al “liberar” la economía aparecerán más empleos, más inversiones y prosperidad para todos. Esta narrativa, presentada como sentido común, idealiza al mercado como un mecanismo neutral que recompensa el esfuerzo. Pero lo que oculta es la esencia misma del capitalismo: un sistema que solo puede funcionar mediante la explotación del trabajo, la opresión social y la permanente precarización de la vida de la mayoría.

La explotación no es un accidente ni un exceso de los “malos empresarios”, sino la base estructural del sistema. La ganancia no surge de la creatividad empresarial ni del riesgo de inversión -como repiten los discursos oficiales- sino del trabajo no pagado. Las y los trabajadores reciben un salario, un jornal y/o formas de pago a destajo, entre otras modalidades de salario, que cubre apenas su reproducción social básica, mientras que durante la jornada laboral producen un valor mayor. Esa diferencia entre el valor creado y el salario recibido -la plusvalía- es apropiada por el capitalista y constituye el verdadero origen de sus ganancias.

Este mecanismo de apropiación privada del trabajo socialmente producido genera, de forma inherente, relaciones de opresión. Para sostener la extracción de plusvalía, el sistema requiere disciplinar, jerarquizar y subordinar a quienes viven de su fuerza de trabajo. La amenaza del desempleo y las formas racializadas, homofóbicas, misóginas funcionan como dispositivos de control social que obligan a aceptar salarios bajos, extensas jornadas y condiciones laborales degradadas.

En este marco, la precarización no es una desviación, una falla administrativa o el resultado de malos empresarios aislados, sino una herramienta funcional al capital. La rotación laboral, los contratos temporales, la flexibilización, el empleo informal y la ausencia de derechos no son meras disfunciones administrativas: forman parte de una política económica que traslada todos los riesgos a las y los trabajadores mientras garantiza las ganancias. Cuanto más precaria es la vida de la clase trabajadora, más barata se vuelve su fuerza de trabajo y más fácil resulta aumentar la explotación.

A ello se suma la tendencia inherente del sistema a convertir en mercancía todo aquello que antes era común: tierra, agua, bosques, biodiversidad, minerales. La búsqueda constante de mayor ganancia empuja al capital a expandirse sobre territorios y bienes que funcionan como soporte de la vida. En un país como Bolivia esta dinámica se expresa en despojo, desplazamiento y deterioro ambiental. Por eso las medidas del gobierno de Paz-Lara -desregulación, apertura, eliminación de impuestos para ricos- no pueden entenderse como simples decisiones técnicas: forman parte de un proyecto que profundiza la explotación laboral y abre la puerta al saqueo de bienes comunes naturales en beneficio de agroindustriales, mineras y capital financiero. Por lo señalado, el “capitalismo para todos” significa explotación para muchos y ganancia para pocos.

Una alternativa desde abajo: expropiar a los capitalistas y poner la economía al servicio del pueblo

La alternativa real debe apuntar a transformar la base económica del país, enfrentando de raíz el poder que ejercen los grandes capitales. Para ello, los sectores estratégicos -minería, agroindustria, banca, transporte, telecomunicaciones- deben pasar a manos obreras, pero no bajo el control de burocracias que pactan con el empresariado, sino mediante una gestión verdaderamente democrática ejercida por trabajadores, trabajadoras, comunidades y organizaciones sociales. Solo así puede abrirse paso a una planificación económica orientada a necesidades colectivas -salud, educación, vivienda— y no a la acumulación privada. Esto supone poner fin a la lógica de la ganancia para unos pocos como motor de la económica capitalista.

En este horizonte, la defensa de los bienes comunes naturales se vuelve central. Tierra, agua, bosques y minerales forman parte del patrimonio colectivo y no pueden seguir siendo administrados por quienes solo buscan lucro. Su gestión debe estar en manos de comunidades campesinas, pueblos indígenas y trabajadores, que son quienes sostienen la producción y habitan esos territorios. La experiencia histórica muestra que únicamente la movilización de los y las trabajadoras, campesinos, pueblos indígenas, estudiantes, organizaciones sociales puede abrir un camino distinto: un movimiento que levante un programa propio, independiente del Estado y de los partidos empresariales y reformistas, capaz de disputar el poder desde abajo y con una perspectiva anticapitalista.

Frente a un capitalismo que solo promete migajas y profundiza la pobreza y la destrucción de la naturaleza, la única salida real es construir una alternativa desde abajo, basada en la expropiación de los grandes capitales, la colectivización de las tierras privadas, la nacionalización de la banca, la nacionalización del comercio exterior bajo control de sus trabajadores. Estas entre otras medidas son parte de la lucha por un gobierno de lxs trabajadores y el pueblo, que nos permita conquistar una sociedad al servicio de las grandes mayorías y no del capital.