Las mil maneras de privatizar: desde la descentralización hasta las alianzas público privadas

4 de noviembre de 2026

Luego de décadas de resistencia popular a la imposición del consenso de Washington, la palabra “privatización” se ha convertido casi en una palabra tabú en la política latinoamericana. Genera en amplios sectores de la población una justa indignación, por la idea misma de entregar a un pequeño grupo empresarial el control de los bienes y servicios públicos.

El programa de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional, en el caso boliviano se relaciona con el D.S. 21.060 firmado por Victor Paz Estenssoro en agosto de 1985. Si bien ese decreto contiene muchos de los elementos centrales del ajuste, ya se venían implementando elementos del ajuste desde finales de la década de los 70. La orientación central desde Washington era reducir la participación estatal en la economía a la mínima expresión.

Uno de los aportes más importantes del Informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización (CEMIPyC) de la Asamblea Legislativa Plurinacional fue demostrar con amplia documentación los distintos mecanismos de los grupos económicos nacionales y transnacionales de apropiarse de los bienes comunes.

Entre los mecanismos que describe la Comisión Parlamentaria encontramos la privatización que es “la transferencia de empresas y bienes públicos a grupos privados locales y extranjeros” [1] pero que puede producirse de cuatro formas distintas, ya sea por venta, cesión, entrega de derechos (de explotación, de servicios públicos y recursos naturales mediante contratos con privados) o de forma mixta. La capitalización en la que “la empresa pública es primero convertida en Sociedad de Economía Mixta (SAM) y, una vez que un inversor extranjero adquiere el 50% de las acciones y toma el control de la empresa, esta es transformada en Sociedad Anónima (SA), vale decir, en empresa privada.” [2] El cierre, para el economista Geiger, también es una forma de privatizar:

La disolución formal hay que considerarla en verdad una privatización, en el sentido de que el gobierno se sale de la actividad empresarial y la función económica a cargo de la empresa del Estado será asumida luego por una compañía privada, sin consumir fondos públicos. [3]

Se suman a estos mecanismos, la descentralización de servicios públicos y las alianzas (o asociaciones) público-privadas. La descentralización en sí misma da la impresión de ser una política democratizante, al trasladar el poder de toma de decisión desde el Estado central hacía las entidades territoriales (autonomías municipales, regionales, departamentales e indígenas). Pero en los hechos, el poder de toma de decisión está condicionado por la capacidad económica, marcada por desigualdades estructurales y deudas históricas. Ese hecho no es una coincidencia, sino que forma parte del modelo neoliberal, aplicado ya desde el año 1980 en Chile, bajo la dictadura de Pinochet, bajo la concepción de “la descentralización de los servicios sociales estatales como paso previo a la privatización.” [4] Hoy el gobierno de Paz intenta aplicar una política de descentralización de la educación empezando por los institutos técnicos, tiene el mismo objetivo privatizador.

El proyecto de “vouchers” para la educación que levantó Javier Milei en Argentina y sus adeptos en Bolivia intentaron promover como política pública el año pasado, viene de haber sido aplicado desde hace 4 décadas en Chile. Se explica en un documento del propio Banco Mundial:

El origen del modelo actual de gestión de la educación básica y media en Chile arranca del año 1980, cuando los sectores de salud y educación fueron traspasados a los municipios, en un proceso que culminó en 1987. De esta forma, la gestión de los dos servicios básicos […] pasaron a descentralizarse en el nivel administrativo más cercano a los ciudadanos. En el caso de la educación, este traspaso se vio acompañado de la introducción del sistema de vouchers para financiamiento y del ingreso de proveedores privados como competidores […] Este modelo se basa en la confianza en las fuerzas del mercado (competencia entre proveedores públicos y privados y libre elección de centro) como mecanismo para mejorar la oferta educativa, tanto en términos de cobertura territorial como de calidad del servicio, combinando una mayor libertad para los consumidores, la descentralización de la gestión de la educación y aumentando la eficiencia en la asignación del uso de los recursos. [5]

No hay ambivalencia en los objetivos propuestos, es decir, la descentralización o municipalización es un paso intermedio para avanzar hacía un modelo de mercado, en el que se concibe a la educación no como un derecho humano sino como un servicio más.

En ese tránsito de desmontar el Estado como garante de los derechos humanos y avanzar hacía un modelo de mercado, el Banco Mundial plantea como mecanismo las APP (Public-private partnerships, en inglés) que en los distintos documentos en castellano ha sido traducido como asociación, alianza o acuerdo estratégico público-privado.

Las asociaciones público-privadas (APP) son un mecanismo que permite a los gobiernos adquirir e implementar infraestructuras o servicios públicos mediante el uso de los recursos y la experiencia del sector privado. En situaciones en las que los gobiernos se enfrentan a desafíos, como el envejecimiento o la carencia de infraestructuras, o la necesidad de contar con servicios más eficientes, una colaboración con el sector privado puede contribuir a impulsar nuevas soluciones y mecanismos de financiación [6].

El Banco Mundial, en la misma página web plantea las experiencias que ya se impusieron de alianzas público-privadas que incluyen: transporte (carreteras, túneles, puentes, ferrocarriles, sistemas de transporte masivo, puertos, aeropuertos), gestión de agua y alcantarillado, gestión de residuos sólidos, distribución y generación de electricidad, infraestructura social y gubernamental (educación, salud, cárceles, vivienda), entre otros sectores [7].

En Bolivia conocemos muy bien esta historia, la descentralización ya fue una realidad con la creación de las CORDES (Corporaciones Regionales de Desarrollo) que asumieron la titularidad sobre las empresas públicas que dependían de la Corporación Boliviana de Fomento, para luego ser privatizadas. Conocemos lo que son las Alianzas Público-Privadas, que forman parte de la historia de privatización, en 1990 el presidente Jaime Paz Zamora (padre de Rodrigo Paz) aseguraba:

el proceso de privatización de las principales empresas del Estado será dinamizado dentro del modelo de desarrollo que está vigente en el país… En algunos casos haremos la transferencia simple y llana del estado a la empresa privada. Pero en otros casos estamos propiciando distintas formas de asociación mixta… vivimos la época de la libre oferta y la libre demanda. [8]

Ya sea como beneficiarios directos de la privatización de las empresas estatales, por la concesión de derechos mineros, por la capitalización o por el cierre de una empresa pública del mismo rubro, los grupos económicos nacionales y transnacionales son responsables de un daño económico mayor a los 28 mil millones de dólares durante los 20 años investigados (1985-2005).

El patrimonio público no es ‘de nadie’, ni apareció por obra y gracia del espíritu santo, tiene un origen concreto y material – desde el tributo indígena que se constituyó en una de las fuentes principales de las arcas republicanas, las millones de vidas arrebatadas en las minas bajo el mitayo y la moderna esclavitud asalariada, los pueblos enteros sometidos al pongueaje o a relaciones semi-feudales de explotación, las trabajadoras del hogar con jornadas interminables, las capas medias de profesionales libres y pequeños comerciantes sobre quienes siempre se aplica todo el peso de la ley tributaria – es la suma de la fuerza de trabajo del pueblo boliviano. [9]

El inicio del fin del ciclo privatizador en Bolivia se produce con la guerra del agua en Cochabamba (2000) que tuvo su origen en la lucha contra uno de los modelos de APP, en este caso de la concesión de servicios de agua y alcantarillado en beneficio del sector privado [10].

La victoria de la movilización popular en la guerra del gas (2003) impuso la agenda de octubre, es decir la nacionalización de los recursos naturales y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Durante el ciclo político del MAS-IPSP se planteó una mayor participación estatal en la economía, bajo una lógica de “socios estratégicos” o de “socios – no patrones”. No fue sino hasta el régimen golpista de Jeanine Áñez que volvió al debate público la supuesta “necesidad” de privatizar lo público, con un ataque hacía BoA, ENDE y otras empresas públicas.

A partir del giro neoliberal y de sumisión al imperialismo estadounidense que se produce con el gobierno de Rodrigo Paz, la agenda establecida desde Washington fue clara – reducir a una mínima expresión la presencia estatal en la economía. Hecho que desde La Izquierda Diario venimos denunciando como parte del plan de ajuste y saqueo del FMI, en el que se habla de reestructuración, liquidación y alianzas público-privadas.

Mientras el gobierno en sus discursos asevera que no se privatizarán empresas públicas el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, habla de convertir Boliviana de Aviación (BoA) en Sociedad Anónima [11]. Es cínico el relato de que “no van a privatizar”, pues, si revisamos el historial de la capitalización veremos la misma receta. Primero se constituía una Sociedad Anónima Mixta (SAM) que parte en dos la empresa, entregando el 50% a capitales privados, para luego pasar a ser transformada en Sociedad Anónima con una participación minoritaria del sector estatal [12].

Pero no es sólo el gobierno el que dice estar en desacuerdo con la privatización, mientras en los hechos hace lo contrario. Sino la bancada de Alianza Popular de Andrónico Rodriguez también es cómplice. El 11 de mayo de 2026, cuando ya habían al menos 38 puntos de bloqueo contra el ajuste de Rodrigo Paz y el FMI, la diputada de Claudia Herbas Siles pidió la reposición del proyecto de ley de Alianzas Público-Privadas (PL-481/2025-26), que facilita la inversión privada en sectores públicos, es decir, abre la puerta a los procesos de privatización. Este proyecto de ley, al parecer no es una iniciativa personal de Herbas, sino que responde al programa que Alianza Popular presentó al Órgano Electoral en el que plantea “renovar las grandes empresas estratégicas del Estado… apertura a alianzas con el sector privado y social comunitario, bajo condiciones de complementariedad, no de privatización”. [13]

El rechazo discursivo a la privatización, parece ser un rechazo al término o al nombre, porque bajo los eufemismos de descentralización, alianza público-privada, conformación de sociedades anónimas se avanza en el mismo horizonte. En los hechos se facilita el traspaso de atribuciones, de participación accionaria o de la gestión de lo público hacía lo privado. El discurso de “justificación” es la supuesta mala administración desde lo estatal frente a la eficiencia del sector privado.

Basta con revisar el historial de administración del sector privado para ver que su supuesta eficiencia solo es posible cuando el Estado los salva. El suegro del presidente, Mauricio Urquidi, fue uno de los responsables del escándalo del BancoSur en los 90 que representó un daño económico de al menos 200 millones de dólares. Así mismo el actual gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, fue accionista minoritario del intervenido Banco Fassil, que hasta ahora no responde por el 4,6% de los FCI de los fondos de pensiones que le fueron entregados.

Defender lo nuestro, para la izquierda revolucionaria, significa luchar contra todo intento de privatización, ya sea bajo el nombre de descentralización, alianza público-privada, capitalización, reestructuración, constitución de sociedades anónimas, liquidación o cualquier otro eufemismo. Frente a los intentos de privatización, que las empresas públicas pasen a ser gestionadas por los trabajadores y las comunidades. Así mismo luchamos porque el Estado debe recuperar sin indemnización lo que fue privatizado, enajenado o capitalizado entre 1985 y 2005, conforme a los propios informes de la Asamblea Legislativa, así como las millonarias deudas de los bancos quebrados como fue el BancoSur y el Banco Fassil.

Frente a este nuevo avance privatizador, planteamos la defensa incondicional de las empresas públicas y los bienes comunes naturales frente a cualquier forma de entrega al capital privado; la apertura de sus libros contables y una auditoría integral para investigar los negociados y recuperar lo saqueado; el control obrero y social de las empresas estratégicas, con representantes elegidos y revocables por sus bases; la recuperación sin indemnización de las empresas y recursos privatizados en beneficio de los grandes grupos económicos; la nacionalización de los sectores estratégicos y del sistema financiero bajo control de los trabajadores; y un plan económico democrático que ponga la producción, las inversiones y la riqueza nacional al servicio de las necesidades sociales, garantizando trabajo, salarios dignos y soberanía económica. No se trata solamente de defender lo que es público, sino de conquistar el derecho de quienes producen la riqueza a decidir sobre su destino.

El horizonte de lucha está claro, desde las calles, los bloqueos y los cabildos, mientras nos llovían gases y balines, fuimos cientos de miles quienes gritamos: ¡Bolivia no se vende!

Nathanael Hastie – Sociólogo | Militante de la LOR-CI -IDB