15 de enero de 2025
Una comisión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), llega a Bolivia el 13 de enero para concertar con el gobierno un préstamo millonario, según anunció en su conferencia de prensa el presidente Rodrigo Paz. Préstamo que luego el pueblo trabajador tendrá que pagar a costa del agravamiento de la miseria en el país.
El BID no es ningún órgano de beneficencia, es un tentáculo financiero del imperialismo que se ocupa en estrangular a los países por la vía del endeudamiento usurero.
El apoyo financiero al gobierno vende-patria de Paz-Lara está condicionado a garantizar la seguridad de las inversiones de las empresas transnacionales interesadas en adjudicarse la explotación de nuestros recursos naturales de manera que los contratos con el gobierno estén totalmente blindados ante posibles futuros cuestionamientos o modificaciones.
Ese es el contenido del maldito decreto 5503, esa es su esencia.
La movilización de los trabajadores, mineros, fabriles, los campesinos, los maestros, etc., al grito de BOLIVIA NO SE VENDE, BOLIVIA SE DEFIENDE, ¡CARAJO!, ¡DEROGATORIA DEL DECRETO 5503!, había paralizado al país con el bloqueo de caminos y la lucha callejera permanente a pesar de las fiestas de fin de año, y estaba en ascenso, poniendo al gobierno contra las cuerdas. El gobierno tenía que pasar el examen ante la comisión del BID sobre su capacidad para garantizar seguridad plena a la inversión imperialista.
No tuvo más remedio que ceder a la demanda de la abrogación del maldito decreto, pero tramposamente salvar su esencia. Elaborar un nuevo decreto “en consenso” pero que mantendrá, de manera exclusiva la subvención a los combustibles, es decir, la descarga de la crisis sobre las espaldas de los de abajo y todas las ventajas para los de arriba; la reprogramación de créditos individualmente con el Banco, la “mejora de los bonos sociales”, es decir, el incremento de 300 a 500 bs. de la renta dignidad para los no jubilados, la limosna del bono PEPE de 150bs. por 3 meses como compensación al garrotazo de la eliminación de la subvención a los carburantes; el ordenamiento de la política salarial, es decir, el incremento del salario mínimo nacional a 3.300Bs. Medidas que no compensan ni de lejos la
pérdida del poder adquisitivo por la inflación; la libre negociación salarial entre el patrón y los trabajadores, el congelamiento salarial en el sector público.
En resumen: Abrogar el 5503 para reemplazarlo por otro igual referido solamente al levantamiento de la subvención a los carburantes que ya ha caído como un garrotazo sobre la población con todas sus consecuencias. El gobierno ha logrado introducir la idea de que era inevitable y necesario.
El resto del decreto “derogado” referido a la política entreguista, vende-patria será motivo de otro decreto, como ha dicho Rodrigo Paz, o talvez, se aplicará por la vía parlamentaria, cueva de neoliberales, lacayos del imperialismo.
Una vez más, los explotados han sido víctimas de un engaño por su propia debilidad política al aceptar el garrotazo del levantamiento de la subvención. Por eso Rodrigo Paz en su mensaje ha señalado que el 5503 ya ha cumplido su objetivo: la “estabilidad macroeconómica”, a costa de más miseria para las mayorías y más riqueza para los explotadores y las transnacionales chupa-sangres.
Después del discurso del pollo, parece que la COB recién toma conciencia del engaño y convoca a ampliado de emergencia. Varios puntos de bloqueo se mantienen.
¡Volver a reorganizar la lucha!
ACTA DE REUNIÓN
En la ciudad de El Alto, el 11 de enero de 2026, a horas 16:45 se ha firmado el siguiente compromiso.
El decreto 5503 se deroga en su totalidad
Por tiempo y materia, a partir de la firma del acuerdo, el Gobierno Nacional dispondrá de una comisión que, en conjunto con los sectores movilizados y todas las capas sociales, trabajá (trabajará, N.R.) un nuevo decreto, que se mantendrá (el “se” está demás, N.R.) de manera exclusiva los artículos referidos a la subvención de los combustibles, la reprogramación de los créditos al sistema financiero, la mejora de los bonos sociales, y el ordenamiento de la política salarial.
El Gobierno Nacional se compromete a promulgar el decreto concensuado (consensuado N.R.) dentro del plazo máximo de 48 horas a partir de la firma del presente acuerdo.
La COB y todas las organizaciones afiliadas y representadas en el encuentro determinan el levantamiento inmediato de las medidas de presión, manteniendo el estado de emergencia hasta la promulgación del decreto. (El subrayado es nuestro N.R.)
Artículo publicado originalmente el 12/01/26
