¿Qué significa el Decreto “por la Patria” (D.S. 5503)? ¿Es la 21.060 recargada?

El Decreto Supremo 5503, no sólo “levanta la subvención” a los hidrocarburos, sino que aplica un paquete de medidas económicas que cargan el peso del ajuste económico sobre las espaldas de las mayorías trabajadoras, mientras establece ventajas comerciales e impositivas para los grandes empresarios. El D.S. 5503, en los hechos es una versión recargada del histórico D.S. 21.060, que abre las puertas con el mecanismo “fast track” a la privatización de sectores estratégicos de la economía nacional, mientras el costo de combustibles se incrementa.

El paquetazo de ajuste económico no deja al libre mercado los precios de los combustibles, sino que establece una nueva fórmula matemática para calcular los precios de venta. Este cálculo se traduce en una nueva determinación de tasas de Impuestos Especiales a los Hidrocarburos (IEDH) de productos derivados del petróleo dentro del marco de la producción nacional, una cálculo en base al Precio de Paridad de Importación (PPI) del crudo que se multiplica por un factor de 0,7799. La relación de precios de los combustibles, bajo la nueva normativa es la siguiente:

Se han presentado como medidas de “contrapeso” el incremento del salario mínimo nacional, a partir del 2 de enero, que pasará de 2.750 Bs. a 3.300 Bs., así como el incremento de la Renta Dignidad (que perciben 1,2 millones de personas de la tercera edad) que pasará de 350 Bs mensual a 500 Bs. mensual, y el Bono Juancito Pinto que perciben de forma anual los estudiantes escolares hasta nivel secundario que pasará de 200 Bs a 300 Bs.

El decreto de ajuste económico, en sus anexos complementarios incluye también la eliminación de aranceles de la importación de repuestos relacionados con autotransporte, con el objetivo de aliviar, aunque parcialmente, la cadena de costos para el sector del transporte privado en el país.

Sin embargo, el paquetazo también abre la puerta a una serie de medidas económicas, que favorecen de manera directa e inmediata, los intereses económicos de los grandes empresarios, que entraremos a detallar.

“Fast track” e inversiones estratégicas prioritarias

El D.S. 5503 (artículos 10 y 12) busca abrir las puertas al capital transnacional en sectores estratégicos de la economía nacional. Con el llamado “fast track” se plantean mecanismos de aprobación expedita para sectores de minería y metalurgia, hidrocarburos y energía, generación eléctrica y energías renovables. Estos artículos se suman a lo planteado en los antecedentes del propio decreto y lo que se viene anunciando desde el órgano ejecutivo sobre la necesidad de alianzas público-privadas, que pone en la mira a YPFB, YLB, ENDE y COMIBOL.

Estas inversiones “fast track” son un atentado directo y flagrante contra la soberanía nacional, al facilitar el acceso del capital transnacional a los sectores estratégicos de la economía nacional. Este hecho además atenta contra los principios establecidos en los artículos 348, 356, 358 de la Constitución Política del Estado.

Liberación de exportaciones: brutal ajuste de los costos de la canasta familiar básica

Se ha eliminado (artículo 51) la exigencia del Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo como requisito previo para el despacho de exportación ante la Aduana Nacional, quedando plenamente restablecido el principio de libertad de exportación establecido en la normativa vigente. (Exportación de maíz, sorgo, azúcar y carne)

Durante los últimos meses y años del gobierno de Luis Arce Catacora (MAS-IPSP), la clase dominante ya subió los precios de productos de primera necesidad, hecho que ya amortiguó el impacto y que permite a la clase dominante tener la alza de precios garantizada, como se expresa en el precio del pan de batalla, la carne, el arroz, etc.

Menos impuestos para los grandes empresarios, más impuestos para los pequeños emprendimientos

Con la eliminación de los Impuestos a las Grandes Fortunas, se han beneficiado menos de 300 personas, los más ricos del país quienes, a título personal, tienen más de 30 millones de bolivianos como fortuna personal, dejan de pagar impuestos.

En paralelo a esta eliminación de impuestos a las grandes fortunas, el decreto supremo 5503 impone lo que llama la SIETE-RG, es decir, Sistema Integrado Especial de Transición para Emprendedores al Régimen General, en el que a las micro y pequeñas empresas se les impone una nueva figura de impuestos que incorpora la Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y el Impuesto a las Transacciones (IT), en un monotributo que consolida estos tres impuestos en un pago bimestral del 5% sobre el total de las ventas.

Se suma a esta reforma impositiva, el diferimiento temporal, hasta el 31 de diciembre de 2026 los aranceles de importación para a importación de maquinaria, equipos y unidades funcionales destinados a la industria alimenticia, agroalimenticia, textil y metalúrgica, neumáticos, aceites lubricantes, baterías y repuestos de vehículos automóviles.

Por otro lado se establece el reconocimiento excepcional de aportes patronales como pagos a cuenta del IVA, es un mecanismo en el que el Estado reduce los impuestos por IVA a las empresas, considerando aportes que por ley corresponden a la patronal.

Este conjunto de medidas evidencia un modelo regresivo que descarga el peso de la crisis sobre los trabajadores y pequeños productores, mientras protege y beneficia al gran capital. La precarización laboral se profundiza mediante regímenes especiales y flexibilización normativa, negando estabilidad y derechos básicos a miles de trabajadores que sostienen la economía.

Frente a esta realidad, exigimos el pase inmediato a planta de todas y todos los trabajadores, sin excepciones ni contratos precarios, y denunciamos que el D.S. 5503 consolida un ajuste que subsidia a las empresas, debilita al sector público de la economía y vulnera derechos laborales y sociales.

Entre las otras medidas que contempla este decreto se encuentra un despojo efectivo de las competencias del Banco Central, la eliminación de alícuotas para la importación de capitales (que permanezcan en el país más de 24 meses) y la liberalización de las normativas en torno a la negociación salarial. Elementos que seguiremos profundizando en futuros artículos de La Izquierda Diario.

Los empresarios respaldan el paquetazo, alegando la “necesidad”

El paquetazo de ajuste económico cuenta con el respaldo de la Cámara Nacional de Industrias, como lo manifestó su dirigente Gonzalo Morales ven “necesario” el D.S. 5503, aunque llaman al diálogo para “lograr resultados”. Por su parte el Comité pro Santa Cruz, en su reciente comunicado respecto al D.S. 5503, que si bien plantean la necesidad de “diálogo” para la aplicación de las medidas, exigen achicar el Estado en un 20%, es decir, reducir la inversión pública en educación y salud. Por su parte, el político-empresario, Luis Fernando Camacho, argumenta que “son medidas difíciles pero necesarias si queremos salvar a Bolivia del camino desastroso que nos dejó el MAS”. ¡Qué cómodo resulta hablar de medidas necesarias, cuando se tiene cuentas offshore en bancos de Panamá!

Que la crisis la paguen los capitalistas

En este contexto, se vuelve central recuperar la independencia política de la clase trabajadora y recuperar las organizaciones sindicales y populares hoy subordinadas a la COB y al MAS, que han abandonado la defensa consecuente de los intereses obreros. Sin independencia de clase no hay posibilidad real de enfrentar el ajuste ni de frenar políticas que descargan la crisis sobre el pueblo trabajador.

La exigencia a la COB y a todas las organizaciones sociales debe ser un plan de lucha inmediato, con asambleas urgentes en los lugares de trabajo, orientado a la huelga general hasta derrotar el gasolinazo. Solo la movilización organizada desde las bases, democrática y combativa, puede imponer una salida en favor de las mayorías y no de los intereses del gran capital.