Anatomía de un colapso: Cómo el ‘Milagro’ boliviano se convirtió en un espejismo de fuego y furia

En la tarde del 17 de octubre de 2003, un hombre que alguna vez fue el símbolo de la modernidad en América Latina huyó de su país. Gonzalo «Goni» Sánchez de Lozada, el presidente de Bolivia, educado en Estados Unidos y con un inconfundible acento de Chicago, abandonó el palacio presidencial de La Paz en la parte trasera de una ambulancia, abriéndose paso entre una ciudad sublevada para abordar un avión con destino a Miami. Su partida no fue el resultado de un golpe militar, como tantos en la tumultuosa historia de Bolivia, sino la culminación de una insurrección popular masiva, avivada por semanas de protestas y una represión que dejó más de setenta civiles muertos. Para el mundo exterior, el colapso fue abrupto y confuso. Apenas una década antes, Bolivia era aclamada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional como el «niño modelo» de las reformas neoliberales, un laboratorio donde las audaces políticas de libre mercado prometían sacar a una de las naciones más pobres del continente del abismo.

La pregunta que resonó en las cancillerías y los consejos de administración de todo el mundo fue: ¿Cómo pudo el milagro implosionar de una manera tan espectacular? La respuesta, meticulosamente documentada y analizada en el libro «Impasse in Bolivia: Neoliberal Hegemony & Popular Resistance» de Benjamin Kohl y Linda Farthing, no se encuentra en un único evento, sino en la anatomía de un proyecto de dos décadas que, bajo una fachada de modernización y democracia, sembró las semillas de su propia destrucción. La evidencia presentada en su obra revela que el «impasse» no fue un accidente, sino el resultado inevitable de un modelo que prometió un «plan para todos» pero que, en la práctica, dejó a la mayoría con las manos vacías y el corazón lleno de agravios históricos.

La historia de esta debacle comienza en 1985, en un país al borde de la inexistencia. El primer gobierno democrático tras décadas de dictaduras militares, liderado por Hernán Siles Zuazo, se ahogaba en una crisis terminal. La evidencia que Kohl y Farthing rescatan de esa época pinta un cuadro terrible, una hiperinflación que, según las estimaciones, alcanzó un astronómico 20,000% anual, pulverizando los salarios y haciendo del dinero un papel sin valor. El Estado estaba en bancarrota, paralizado por una deuda externa galopante y una ingobernabilidad casi total, con más de 3,500 huelgas en tres años que desangraban cualquier atisbo de producción.

Fue en este escenario de caos y agotamiento social que emergió una solución tan brutal como efectiva: la Nueva Política Económica (NPE), implementada mediante el Decreto Supremo 21060 por el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, el mismo líder que había nacionalizado las minas en la Revolución de 1952. La NPE fue una «terapia de shock» en su forma más pura, diseñada en secreto para evitar la reacción de la poderosa Central Obrera Boliviana (COB). De un plumazo, se liberalizaron los precios y el comercio, se congelaron los salarios y, se decretó la «descentralización» de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), un eufemismo que significó el cierre de las minas estatales y el despido masivo de más de 23,000 mineros. Este evento, que los autores denominan una «masacre blanca», no fue solo una medida económica; fue un golpe estratégico al corazón del poder sindical que había sido el pilar de la resistencia política durante décadas. El «milagro» fue que la hiperinflación se detuvo (en toda la región cayó la inflación a la vez por razones exógenas), pero la evidencia del costo social es abrumadora. El libro documenta cómo este ejército de «relocalizados» se dispersó, engrosando los cinturones de pobreza de las ciudades y, fundamentalmente, colonizando la región cocalera del Chapare.

La pregunta que guía el análisis del libro es: ¿cómo pudo un programa tan devastador sobrevivir políticamente? La respuesta, según la evidencia, yace en un «colchón» de economías subterráneas que el Estado, en su retirada, permitió florecer. La economía de la cocaína, generando unos $500 millones de dólares anuales, junto con el contrabando masivo y las remesas de los migrantes, actuaron como una válvula de escape no oficial, absorbiendo la mano de obra excedente y mitigando la explosión social. Esta estabilidad precaria fue reforzada por la cooptación de la sociedad civil; las ONGs, financiadas por organismos internacionales para «aliviar la pobreza», se convirtieron, en la práctica, en administradoras de los paliativos del neoliberalismo, y la Iglesia Católica, en su rol de mediadora, a menudo desactivó las protestas, contribuyendo a la paz social que el nuevo modelo hegemónico necesitaba para consolidarse.

Si la NPE de 1985 fue una cirugía de emergencia para un paciente moribundo, el «Plan de Todos» de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) fue un ambicioso proyecto de ingeniería genética para crear un nuevo ser nacional. Kohl y Farthing utilizan el concepto de ciudadanía para desglosar la compleja y contradictoria arquitectura de este plan. La evidencia que presentan muestra una estrategia de «quid pro quo» hegemónico: el plan expandió ciertos derechos para ganar legitimidad mientras erosionaba otros para consolidar el poder del mercado. Por un lado, se dio una expansión sin precedentes de los derechos políticos y culturales. La Ley de Participación Popular (LPP) creó más de 300 municipios, transfiriendo recursos y poder a nivel local, y otorgó personalidad jurídica a las comunidades indígenas y campesinas, reconociéndolas como actores políticos legítimos por primera vez en la historia republicana. La Reforma Constitucional de 1994, otro pilar del plan, declaró a Bolivia un país «multiétnico y pluricultural», un cambio sísmico que fue coronado con el nombramiento del intelectual aymara Víctor Hugo Cárdenas como Vicepresidente. Kohl y Farthing citan estos hechos como evidencia de una «expansión simbólica» calculada, un movimiento para cooptar las demandas de identidad de los movimientos indígenas, dándoles reconocimiento cultural para que no exigieran redistribución económica. Como señalan los autores, se les dio voz sobre los asuntos de su comunidad, pero se les silenció en el debate sobre los recursos estratégicos de la nación. Al mismo tiempo que se concedían estos derechos, se produjo una erosión sistemática de los derechos sociales y una expansión sesgada de los derechos civiles. El plan redefinió la ciudadanía, privilegiando el derecho a la propiedad privada, especialmente la de las corporaciones transnacionales, por sobre todo lo demás. La Reforma de Pensiones, que reemplazó un sistema solidario por uno de capitalización individual al estilo chileno, y la Reforma Educativa, cuyo objetivo declarado era formar mano de obra para el mercado, son presentadas como evidencia de esta redefinición. El Estado ya no era un garante del bienestar, sino un facilitador de negocios.

Esta contradicción inherente, argumenta el libro, fue fatal. Kohl y Farthing (2006) lo resumen de esta manera: «By simultaneously creating new spaces for political participation and stripping the state of its economic capacity to respond to the resulting demands, the Plan de Todos created a social time bomb» [Al crear simultáneamente nuevos espacios para la participación política y despojar al Estado de su capacidad económica para responder a las demandas resultantes, el Plan de Todos creó una bomba de tiempo social] (p. 101, traducción propia). La gente ahora tenía nuevos canales para expresar un descontento que solo podía crecer a medida que el Estado se declaraba económicamente impotente.

La pieza central de esta «reinvención» de Bolivia fue la Capitalización, un modelo de privatización único en el mundo que prometía convertir a cada boliviano en accionista de las joyas de la corona del país. El Capítulo 5 del libro es una autopsia forense de esta promesa, utilizando una abrumadora cantidad de evidencia para demostrar su fracaso. El plan consistía en vender el 50% de las cinco empresas estatales más grandes (petróleo, telecomunicaciones, electricidad, ferrocarriles, aerolínea) a socios estratégicos internacionales, mientras que el otro 50% se transferiría a un fondo de pensiones colectivo que pagaría un bono anual, el BONOSOL, a todos los bolivianos mayores de 65 años. La evidencia económica presentada por Kohl y Farthing es demoledora. La prometida lluvia de empleos nunca llegó; por el contrario, la lógica de la eficiencia privada provocó despidos masivos. Las cifras son contundentes: la petrolera YPFB pasó de tener más de 9,000 empleados a solo 600; los ferrocarriles, de más de 5,000 a menos de 900. La inversión que sí llegó fue en capital intensivo e importado, sin efecto multiplicador local. El libro documenta cómo la aerolínea capitalizada, LAB, invirtió en un avión Boeing, generando más empleo en Seattle que en Bolivia.

Fiscalmente, fue un desastre. El Estado perdió su principal fuente de ingresos (las empresas estatales generaban el 60% de los ingresos fiscales) y los nuevos impuestos sobre las ganancias nunca compensaron la pérdida, dejando un agujero fiscal crónico que solo podía llenarse con más deuda y más presiones del FMI. La evidencia más impactante, sin embargo, es la del fracaso institucional y la corrupción transformada. El «rent-seeking» no desapareció, simplemente se privatizó. Los autores presentan casos de estudio detallados de «asset-stripping» (despojo de activos). En el caso de los ferrocarriles, la empresa chilena Cruz Blanca no solo despidió personal, sino que empezó a vender terrenos, estaciones e incluso a desmantelar vías para venderlas como chatarra. En el caso de la aerolínea LAB, la brasileña VASP la despojó de su inventario de repuestos y le cobraba un alquiler fraudulento por oficinas que LAB ya poseía en Miami. Este comportamiento depredador fue posible gracias a un Estado regulador inexistente. Pero la prueba final del fracaso fue el colapso de la promesa social. El BONOSOL, según la evidencia, era financieramente inviable desde el principio. Las empresas no distribuyeron los dividendos esperados, y para pagar el primer bono, los fondos de pensiones (AFPs) tuvieron que pedir un préstamo millonario. El sueño de que cada boliviano sería un próspero accionista se evaporó cuando el valor de las acciones en el fondo colectivo se desplomó a menos de la mitad de su valor inicial para 2001. La Capitalización, en lugar de crear una base de apoyo popular para el neoliberalismo, generó una profunda sensación de despojo y traición nacional.

El veredicto popular sobre dos décadas de reformas neoliberales llegó en forma de una serie de insurrecciones que el libro agrupa bajo el título de «Las guerras neoliberales». El Capítulo 7 documenta esta escalada, mostrando cómo las frustraciones acumuladas encontraron un cauce en la acción colectiva. La primera y más simbólica fue la Guerra del Agua en Cochabamba en el año 2000. La evidencia presentada es inequívoca: el contrato con Aguas del Tunari (Bechtel) era un acto de despojo legalizado. El aumento de las tarifas de hasta un 200% y la ley que otorgaba a la empresa el control incluso sobre el agua de lluvia fueron la chispa. Pero la evidencia clave que analizan los autores es la formación de la «Coordinadora del Agua», una nueva forma de organización social que trascendió las divisiones tradicionales de clase y etnia, uniendo a regantes campesinos, vecinos urbanos y profesionales. Su táctica de organizar una «consulta popular», aunque sin valor legal, fue una jugada maestra que les otorgó una legitimidad que el gobierno había perdido. La respuesta del gobierno fue la represión, pero, como evidencia el libro, esto solo sirvió para unificar a la ciudad y convertir la protesta en una causa nacional. La victoria en Cochabamba, con la expulsión de Bechtel, fue el punto de inflexión. Kohl y Farthing (2006) lo describen como el momento en que «resistance movements regained the voice they had lost after fifteen years of continuous, unsuccessful opposition» [los movimientos de resistencia recuperaron la voz que habían perdido tras quince años de oposición continua y sin éxito] (p. 167). A partir de ahí, la protesta se expandió. Los bloqueos de caminos de campesinos e indígenas, liderados por figuras como Felipe Quispe, se convirtieron en la táctica principal, paralizando el país y articulando una agenda que ya no era sectorial, sino una enmienda a la totalidad del modelo. El golpe de gracia llegó en 2003 con dos eventos que evidenciaron el colapso total del régimen. Primero, la «Guerra del Impuestazo» en febrero, donde un motín policial contra un impuesto al salario exigido por el FMI derivó en un enfrentamiento a tiros con el ejército en el corazón de La Paz. La evidencia de que el aparato coercitivo del Estado se estaba destruyendo a sí mismo fue una señal de la desintegración terminal del sistema. Por último, la Guerra del Gas en octubre de ese año fue la conflagración final. La evidencia central fue el poder simbólico del plan de exportar gas a través de Chile. Este plan galvanizó un sentimiento nacionalista profundo, uniendo todas las demandas dispersas en una sola causa: la defensa de la soberanía y los recursos naturales. La brutal represión en El Alto, con decenas de muertos, fue la evidencia final que despojó a Goni de cualquier legitimidad que le quedara, forzando su ignominiosa huida y sellando el fin de una era.

El MAS posterior no fue sostenible, por carencia de amortiguadores, dependencia al gas y al rentismo, pero tampoco lo fue el liberalismo económico que lo precedió.

En última instancia, el análisis exhaustivo de la evidencia a lo largo de «Impasse in Bolivia» conduce a una conclusión ineludible. El colapso del proyecto neoliberal en Bolivia no fue un fracaso de implementación, sino un fracaso inherente al propio modelo cuando se aplica en un contexto de profundas desigualdades históricas y una vibrante cultura de resistencia. La evidencia demuestra que las políticas de shock, la privatización y la reinvención de la ciudadanía crearon una estructura estatal fundamentalmente inestable: un Estado con mayores demandas democráticas pero con una capacidad económica drásticamente reducida; una ciudadanía con más conciencia de sus derechos culturales pero con menos acceso a los derechos sociales básicos; y una economía abierta a la inversión global pero incapaz de generar bienestar para su propia gente. Las guerras del agua y del gas no fueron la causa del colapso, sino sus síntomas más visibles. Fueron el momento en que la mayoría de los bolivianos, armados con la evidencia de sus propias vidas, facturas de agua impagables, empleos perdidos, recursos naturales regalados, dictaron su veredicto final sobre el «milagro» que se les había prometido. El impasse que da título al libro es, por tanto, el impasse de un país que se negó a aceptar una modernidad que le exigía renunciar a su soberanía, a su bienestar y, en última instancia, a su dignidad.

Por: Ricardo Alonzo Fernández Salguero

Referencia

Kohl, B., & Farthing, L. (2006). Impasse in Bolivia: Neoliberal hegemony and popular resistance. Zed Books.