Los cinco rostros del ajuste económico: el primer debate presidencial y la descomposición de la política boliviana

18 de julio de 2025

Los protagonistas: Johnny Fernández (Alianza Fuerza del Pueblo), Tuto Quiroga (Alianza Libertad y Democracia), Samuel Doria Medina (Alianza Unidad), Manfred Reyes Villa (Autonomía Para Bolivia – Súmate) y Eduardo del Castillo (Movimiento Al Socialismo). Aunque los nombres y sus colores partidarios sean diferentes, lo que vimos fue el desfile de cinco variantes de defensa para un mismo proyecto: el capitalismo boliviano en crisis que se niega a morir, ya sea en su versión neoliberal o de capitalismo de Estado.

Cinco rostros, una misma política. En plena crisis orgánica, por vía electoral e institucional, el ajuste económico como horizonte compartido.

Los rostros del continuismo capitalista: del neoliberalismo reciclado al capitalismo de estado «renovado»

El debate dejó en claro que no hay un proyecto nacional-popular entre quienes debatieron aquella noche. Ninguno de los candidatos propuso una ruptura con el orden económico dominante; todos, por el contrario, se exhibieron como aspirantes a gestores tecnócratas eficientes de variantes del mismo modelo colapsado.
Desde las presentaciones iniciales hasta las preguntas cruzadas y el cierre, lo que se expresó fue una competencia por demostrar quién puede administrar mejor la decadencia:

1. Johnny Fernández, quien asegura «sentir el hambre del pueblo» mientras se desplaza en jet privado, ofreció una batería de medidas diseñadas a la talla de los intereses empresariales. Propuso reformar la Constitución Política del Estado (CPE), el Código Tributario y la Ley de Inversiones para garantizar «seguridad jurídica» al capital privado y «reactivar la economía», es decir, allanar el camino al empresariado nacional y extranjero.

Entre sus propuestas estrella están la reducción del aparato estatal en un 30 % –ajuste fiscal disfrazado de eficiencia–, la disminución gradual del subsidio a los combustibles, la autorización del uso de transgénicos, la liberación de exportaciones, un «perdonazo tributario» generalizado y la legalización de autos indocumentados.

Como broche asistencialista, prometió un aumento del 10 % a todos los bonos sociales y a la Renta Dignidad, intentando maquillar con migajas el programa de ajuste estructural que en realidad plantea.

2. Tuto Quiroga, en una metáfora automovilística tan torpe como reveladora, pidió que dejemos de mirar «por el retrovisor» su largo y nefasto historial político, y nos concentremos en el «parabrisas» por donde se ve el porvenir que él promete conducir para adelante. Su propuesta central es endeudar al país con 12 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) bajo el eufemismo de un «programa de salvataje con apoyo internacional».

Su plan económico refuerza la agenda del gran capital, pues buscará reformar la CPE y modificar toda la legislación relacionada con hidrocarburos, minería, litio y agro, con el objetivo de profundizar la apropiación privada de los recursos estratégicos y consolidar el poder del agronegocio de la oligarquía del oriente boliviano.

En materia fiscal, planteó una reducción impositiva del 10 % en IVA (Impuesto al Valor Agregado), IUE (Impuesto a las Utilidades de las Empresas) y RC-IVA (Régimen Complementario del Impuesto al Valor Agregado). Prometió crear 750 mil empleos en cinco años y construir un «país de propietarios y no de proletarios», repartiendo a cada boliviano mayor de 18 años un «título de propiedad popular» valorado en 1.500 dólares.

Finalmente, propuso una «autonomía total», redistribuyendo los recursos públicos con un 62 % para gobiernos locales y apenas un 38 % para el Estado central, lo que en los hechos equivale a dinamitar cualquier noción de planificación nacional y fortalecer la fragmentación territorial en beneficio de las élites regionales.

3. Samuel Doria Medina, el empresario que afirma cómodamente que «el hombre no solo vive de su salario», presentó su plan «100 días, carajo» como la solución mágica a la crisis económica.

Bajo una lógica de gestión empresarial, propuso crear un fondo de estabilización con créditos internacionales, solicitando a los organismos financieros el cambio de objeto de los mismos, previo paso por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Prometió eliminar todos los obstáculos para los exportadores, suprimir la subvención a los combustibles y flexibilizar el marco normativo para «apoyar al agro» mediante la reforma de la CPE, la ley laboral, y las leyes sobre inversiones, minería e hidrocarburos.

Como era de esperarse, defendió la autorización del uso de biotecnología –léase transgénicos– para potenciar el agronegocio de las oligarquías del oriente, sin mención alguna a sus consecuencias ambientales o sociales que desencadenarán aquellas medidas para el resto de las, los y les bolivianos.

En el terreno social, intentó presentarse como «sensible» al declarar su voluntad de mantener los bonos existentes y extender el bono Juancito Pinto a niños de nivel preescolar. Una clásica maniobra de equilibrio: ajuste estructural para la clase trabajadora en beneficio del gran capital, bonos como paliativo para el pueblo.

4. Manfred Reyes Villa, el supuesto «funcionario público exitoso» que en dos décadas no resolvió el problema de la basura en Cochabamba y en 2001 respaldó la privatización del del servicio de agua potable, propuso un modelo «mixto»: «tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible», aunque él mismo plantea que «el Estado no es buen administrador».

El eje central de su propuesta consiste en traer 10 mil millones de dólares mediante la venta anticipada del litio boliviano, repitiendo el viejo patrón extractivista con promesas de liquidez inmediata.

El «Bombón» afirmó que bajará el dólar a 7 u 8 Bs., devolverá 2.500 millones de dólares a los ahorristas, y aplicará una reforma tributaria regresiva bajando el IVA del 13 % al 10 %, el IUE del 25 % al 18 %, eliminar el ITF (Impuesto a las Transacciones Financieras) y suprimir los impuestos a las grandes fortunas.

También propuso un pacto fiscal 50/50 entre el Estado central y las regiones, fortalecer el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, generar un millón de empleos, levantar la subvención a los combustibles y fijar el precio de la gasolina y el diésel en 5 Bs., acompañado de reformas a las leyes de hidrocarburos, minería y litio.

Incluyó en su propuesta bonos de carbono por 5 mil millones de dólares, diversificación económica con biotecnología, y duplicar o triplicar los bonos sociales con ingresos anticipados del litio.

Como cierre delirante, anunció que consultará en referéndum el retorno a la «República de Bolivia» –es decir, el desmontaje del Estado Plurinacional– y que intervendrá militarmente el Chapare para capturar a Evo Morales «sin bajas humanas», en nombre del «orden y paz».

En síntesis, una plataforma de restauración autoritaria y neoliberal, revestida de populismo punitivo y eficiencia contable.

5. Eduardo Del Castillo, el «joven renovador» del MAS sin Evo Morales, presentó su programa «Bolivia Primero», una fórmula genérica que, según él, implicaría más de todo (salud, educación, carreteras, inversión pública…) sin comprometer las «conquistas sociales».

Bajo ese paraguas, articuló dos ejes: el «Plan Plata», para atraer 12 mil millones de dólares mediante los pilares clásicos del modelo extractivista (agro, minería e hidrocarburos); y el «Plan Vida», una supuesta «visión inteligente de los derechos ambientales», que traería mil millones más mediante bonos de carbono.

Insistió en que deben aprobarse los créditos en la ALP, aumentar exportaciones del agro y la minería, reformar siete leyes (sin especificar cuáles), crear el «crédito vida» para productores, y aplicar medidas de alivio tributario y diferimiento de créditos.

Prometió fortalecer las empresas estatales sin privatizarlas, aunque mediante una «reingeniería» que habilita su lógica empresarial y progresiva mercantilización .

Sobre el litio, propuso aumentar regalías al 11 % para Potosí y Oruro y crear el Impuesto Directo al Litio (IDL), sin cuestionar el modelo extractivista ni los convenios con transnacionales. No habló de industrialización estatal, soberanía energética ni control obrero. Nada sorprendente, si se entiende que el MAS no conduce ni condujo a Bolivia hacia el socialismo, sino a una socialdemocracia subordinada al gran capital, en donde ha transitado de una retórica nacional-popular a una gestión socialdemócrata tecnocrática del capitalismo dependiente, atrasado y semicolonial.

El MAS, sin narrativa «plebeya» ni horizonte transformador, apostó por una renovación cosmética del mismo modelo colapsado con un extractivismo camuflado, endeudamiento externo con rostro joven y gestión tecnocrática del ajuste.

En definitiva, el debate presidencial no ofreció alternativas ni confrontación de proyectos de país, sino que confirmó el agotamiento histórico de los representantes de las clases dominantes –vieja y nueva– en todas sus variantes. Cinco candidatos, cinco gestiones posibles del mismo modelo en crisis.

Más allá de sus diferencias discursivas, todos coincidieron en lo esencial que es mantener intacto el orden económico establecido, profundizando la dependencia de la deuda externa, ampliando el extractivismo, otorgando más privilegios fiscales al capital privado, subordinando aún más al país a los organismos financieros internacionales, y descargando el costo de la crisis sobre la clase trabajadora.

Lo que se presenció fue un consenso tecnocrático al servicio del continuismo capitalista, donde el neoliberalismo tradicional y el «capitalismo de Estado» masista ya no se oponen, sino que se suceden, se imitan, se complementan.

La ausencia más evidente del debate: ¿Andrónico Rodríguez? ¿Evo Morales? ¡No! ¡la clase trabajadora organizada!

La verdadera ausencia del debate entre candidatos a la presidencia no fue la de Andrónico Rodríguez (Alianza Popular) o el proscrito Evo Morales (Evo Pueblo), sino la clase trabajadora, los pueblos indígenas-originarios-campesinos, diversidades sexuales, las mujeres y la juventud precarizada. Ninguna voz habló en su nombre, ninguna medida apuntó a su emancipación, al fin de su explotación y opresión.

El «debate» fue, en suma, un reflejo del pantano político actual. Un régimen en crisis que intenta sobrevivir cambiando rostros, pero manteniendo intactas las estructuras del poder capitalista, patriarcal, heteronormativo y racializante.

Es evidente que el bloque nacional-popular no fue invitado al debate ni mucho menos está representado en estas elecciones.

Frente al «circo electoral», la tarea es clara, debemos construir una salida desde abajo y hacia la izquierda revolucionaria, con las, los y les trabajadores al frente, con un programa de ruptura revolucionaria con el capitalismo. Esa es la única manera de enfrentar la catástrofe que se avecina, pues, la gasolina no alcanzará, los dólares no vendrán, el hambre no se resolverá con frases bonitas ni con gerentes de marketing, la crisis la pagaremos nosotros si no luchamos por una alternativa propia.

Este 17 de agosto, ninguno de ellos representa una salida para la clase trabajadora. Ante esta escena de descomposición política, urge levantar una alternativa de independencia de clase, anticapitalista, antipatriarcal, anticolonialista y socialista, que no administre la crisis, sino que la enfrente en su raíz, el control del capital sobre nuestras vidas, nuestro trabajo y nuestros territorios.