30 de noviembre de 2022
Santa Cruz ha quedado destruida en lo económico y social después de 36 días de paro, aseguró la cientista política Susana Chacón.
Más de 1.200 millones de dólares en pérdidas en el sector privado y 300 millones de bolivianos en el sector estatal, son los datos preliminares de las pérdidas económicas para el departamento, evalúa Chacón.
“Nuestra economía departamental está por los suelos”, lamentó la experta cruceña en una entrevista.
La ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la más poblada del país, recuperó la normalidad y su habitual vitalidad urbana pero la “fractura social” del paro de 36 días “tardará en llegar”.
La economía seguramente se podrá recuperar en algún momento, dijo Chacón, pero hay pérdidas que son irreparables para algunas familias cruceñas.
Recordó que durante los 36 días de paro murieron tres personas en los bloqueos urbanos, y uno en la frontera con Brasil, y que otros cuatro enfermos de cáncer fallecieron al no recibieron atención oportuna por la interrupción, precisamente, del tráfico vehicular.
Durante el violento paro cívico la inseguridad ciudadana en los puntos de bloqueo provocaron, además, una violación grupal, cientos de casos de extorsión a los conductores y al menos una docena de casos de lesiones graves y gravísimas entre quienes estuvieron a favor y contra de la medida que exigía censo en 2023.
Los “malvivientes”, como el propio comité cívico calificó a los bloqueadores, llegaron al extremo de violar el Derecho Internacional Humanitario al agredir a personal sanitario, obstaculizar el paso de ambulancias, utilizarlas con otros fines y restringir el acceso de pacientes a centros médicos.
Se reportó un caso en que se abordó un transporte con personal sanitario y se les exigió a los ocupantes, bajo amenaza, “presentar” su credencial médico.
En otros incidentes, muy frecuentes, se demandó en sitios cercanos a centros médicos a que los pacientes acrediten su condición física, o “presenten su cita médica”, para dejarlos transitar con libertad e ingresar a los nosocomios.
En el área rural esas mismas facciones cometieron acciones de racismo y discriminación contra la población indígena, como la ayorea y chiquitana, y la campesina intercultural.
“Es una vergüenza que tengamos este tipo de gobernador, que esté incitando a la separación, que esté incitando a la desobediencia, al racismo, al odio, a la muerte”, afirmó la analista.
El paro cívico arrancó el 22 de octubre con la propuesta del Ejecutivo del censo 2024, rechazada por los cívicos, y concluyó el 26 de noviembre confirmándose esa fecha sobre una base técnica.
Derechos Humanos
El exrepresentante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Bolivia, Denis Racicot, consideró en su momento que en Santa Cruz rige de facto una “masiva y sistemática” violación a los derechos humanos como efecto del paro.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, dijo que en la capital cruceña ocurrieron múltiples vulneraciones de derechos a la salud, a la vida, a la integridad y a la libre circulación.
Callisaya indicó que en 36 días de paro se registraron 68 denuncias sobre vulneraciones a los derechos humanos.
Por ABI.
