Privatizar el agua: el último hit del gobierno de Javier Milei

El Gobierno argentino de Javier Milei lo ha confirmado: Aysa (Agua y Saneamientos Argentinos), la empresa pública que gestiona los servicios de agua y saneamientos en la Ciudad de Buenos Aires y en parte del conurbano bonaerense en la Provincia de Buenos Aires, será privatizada. En el marco de la Ley Bases, el ejecutivo de La Libertad Avanza logró la modificación legal que permite ahora vender parcial o completamente la participación del Estado en esta empresa estratégica.

“El Gobierno nacional tomó la decisión de iniciar el proceso de privatización de AySA. De esta manera, se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa”, advirtió el portavoz oficial Manuel Adorni.

Una privatización muy riesgosa

Ciertamente, la noticia no es sorprendente, a pesar de su magnitud. Las encuestas no parecen mostrar una reacción al plan de privatizaciones de Javier Milei ⎻sí a numerosos aspectos deficientes del Gobierno argentino⎻ y, en consecuencia, el ejecutivo avanza con una de sus banderas políticas. Facilitado por un poder legislativo que apostó por el laissez-faire con el presidente anarcocapitalista, cuando no directamente por la cooperación, el plan de la Casa Rosada de vaciar al Estado argentino de sus empresas estratégicas sigue su curso.

La privatización del agua ha sido precedida del DNU 493/2025 que reemplaza más de un centenar de artículos y permite a AySA cortar el acceso al servicio a usuarios residenciales con dos meses de morosidad. Los usuarios no residenciales podrán sufrir el corte general con apenas quince días de impagos. Es decir: con la privatización, los argentinos usuarios de AySA podrán perder por completo su acceso al servicio de agua si no pueden pagar las facturas durante 60 días, 15 si no son usuarios residenciales.

Por supuesto, la nueva normativa habilita a la concesionaria a llevar adelante subidas de las tarifas en base a los criterios que considere aplicar. Los aumentos extraordinarios, como los ordinarios, quedarán bajo la decisión de la empresa, que también puede sacar al mercado excedentes de agua potable.

La noticia, de impacto por sí misma, adquiere mayor peso cuando se pone en contexto. El primer dato a considerar es que en 2024 las tarifas de AySA se vieron incrementadas en un 331% y, en consecuencia, también se elevaron los casos de morosidad involuntaria. Además, el aumento de los precios del servicio de agua no tiene visos de frenar. Seguirá constriñendo duramente la capacidad de gasto de los hogares argentinos, que cada vez en mayor medida deben renunciar al ocio, el alimento, el ahorro o, directamente, la luz y el agua.

De prolongarse, un corte de agua en un hogar puede devenir fácilmente en problemas de higiene y de salud, así como en problemas psicológicos y de socialización.

Siguiendo la tradicional lógica de las privatizaciones masivas en Argentina ⎻ensayadas con similar crudeza hace treinta años durante el gobierno de Carlos Menem⎻, Argentina no venderá AySA a capitales privados tal cual está. Al contrario, el Gobierno nacional ha ordenado el diseño de un Plan Director de Mejora Estratégica que buscará mejorar la infraestructura de AySA antes de entregársela a los capitales privados.

Un contexto complicado

El anuncio de la privatización no llega en un momento cualquiera. Los dos grandes “sustentos” del plan económico del Gobierno argentino, el valor pisado del dólar y el control artificial de la inflación, se encuentran en un frágil equilibrio. Milei, junto al ministro de Economía Luis Caputo, gestiona todos los días microcrisis para evitar que el precio del dólar suba ⎻tal como exige el mercado⎻ y, en consecuencia, se desate una espiral inflacionaria. Ello a dos meses de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires y a tres de las elecciones legislativas nacionales.

Con el resto de indicadores disparados, solo esos dos datos mantienen a raya al “núcleo duro” de Javier Milei. La privatización es una decisión estructural, sí, pero también un gesto a los grandes capitales privados. La Casa Rosada busca enviar señales que garanticen los intereses de los grandes jugadores económicos para que sigan sosteniendo a su frágil ejecutivo.

Un sector de la sociedad para nada desdeñable respalda al gobierno, aunque si las dos variables macroeconómicas se le van de la mano, el “núcleo duro” se puede volatilizar.

Las encuestas, de hecho, van en la misma dirección. Un informe reciente de Zubán Córdoba aclara dos tendencias aparentemente contradictorias. Un 42,8% de los argentinos todavía respalda al gobierno y, probablemente, irá a votar. A esta lógica se le suma la identificación de casi un 40% de la sociedad como “anti peronista”.

Si bien las elecciones provinciales a lo largo del 2025 han mostrado altos niveles de absentismo, es posible que las legislativas nacionales vean un repunte. Un sector de la sociedad para nada desdeñable respalda al gobierno, aunque si las dos variables macroeconómicas se le van de la mano, el “núcleo duro” se puede volatilizar. Al mismo tiempo, más de la mitad de los encuestados sigue afirmando que, si vota, lo hará para “castigar al gobierno” y que Milei representa “un riesgo para la sociedad”.

Es evidente que más de la mitad de los argentinos rechaza el gobierno de Javier Milei, si bien no está claro que vayan a movilizarse para votar contra su agenda. A su vez, en torno a un 40% de los electores confía en el anarcocapitalista, aunque buena parte de ellos definen su lealtad en base a la inflación y el dólar. “El Javo” busca enviar señales a los grandes poderes económicos para que sustenten su plan hasta las elecciones a cambio de acelerar una agenda que solo beneficia los bolsillos de grandes inversionistas. Si a Milei se le escapan las dos variables… su reelección será casi imposible.