Presentan proyecto de ley para criminalizar bloqueo de caminos

El diputado Carlos Alarcón presentó este lunes 15 de diciembre de 2025 un nuevo proyecto de ley que busca poner fin a los bloqueos de caminos en Bolivia. Esta propuesta incluye sanciones para quienes participen en estas acciones y tiene como objetivo reformar la Ley 1341 de 2020, la cual ha sido «considerada ineficaz» frente a situaciones de bloqueos.

Alarcón enfatizó que los bloqueos afectan gravemente la economía, la seguridad y los derechos fundamentales de los bolivianos. Estos derechos incluyen el derecho al trabajo y a la actividad comercial.

Además, el proyecto busca proteger a los efectivos policiales y militares, quienes a menudo se encuentran en situaciones difíciles sin las condiciones adecuadas para intervenir de manera efectiva.

Operaciones conjuntas

El proyecto establece que en las zonas donde se tenga conocimiento del uso de dinamita o armas de fuego, las operaciones deben ser realizadas de manera conjunta entre la policía y las Fuerzas Armadas. Asimismo, se estipula que cuando la fuerza del Estado se utilice de forma proporcional y siguiendo los protocolos legales, los efectivos no enfrentarán responsabilidad penal, civil, administrativa ni disciplinaria. Lo que, al igual que el gobierno de Jeanie Áñez, puede derivar en asesinatos sin responsabilidad por parte de los efectivos del orden

Abrogación de la ley 1341

Una de las medidas más importantes de esta iniciativa es la abrogación de la Ley 1341 de 2020. Esta ley fue considerada ineficaz frente a bloqueos violentos, ya que imponía requisitos que dificultaban la intervención militar en situaciones donde la policía era superada por la violencia. Con esta reforma, se busca que el Gobierno elimine la “cultura del bloqueo” que amenaza el funcionamiento normal del país.

Sanciones propuestas

En cuanto a las sanciones, el proyecto de ley propone lo siguiente: para bloqueos sin violencia, se contemplan penas de 3 a 6 años de cárcel; para promotores, organizadores, instigadores o financiadores, de 5 a 8 años; y para bloqueos con violencia contra personas o bienes, como la quema de vehículos, se prevén penas de 10 a 20 años, acumulables con otras penas por delitos concurrentes.

Expectativas del diputado

El diputado Alarcón espera que el proyecto sea apoyado y aprobado pronto, con el fin de garantizar la «seguridad de los ciudadanos y evitar situaciones que afecten la vida y tranquilidad de todos los bolivianos».

El proyecto antibloqueo no piensa en el país: piensa contra el pueblo.

La postura del dip. Carlos Alarcón criminaliza una forma histórica de acción colectiva y desconoce el origen social y político del bloqueo en Bolivia. El bloqueo no nace del delito, nace de la exclusión.
En Bolivia, el bloqueo surge como último recurso de pueblos indígenas, campesinos, mineros y sectores populares históricamente expulsados del diálogo institucional. Desde la Marcha por la Vida (1986), la Guerra del Agua (2000) y la Guerra del Gas (2003), el bloqueo fue la herramienta del débil frente a un Estado sordo. No fue capricho: fue respuesta a privatizaciones, saqueo de recursos y represión. Sin bloqueo, esas luchas no habrían sido escuchadas. Confundir protesta con delito es una regresión autoritaria.
El derecho a la protesta está protegido por la Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos. Tipificar el bloqueo con penas de 10 a 20 años es desproporcionado, viola el principio de razonabilidad penal y convierte al derecho penal en arma política. Esa lógica equipara la protesta social a crímenes graves, algo propio de Estados de excepción, no de democracias. La violencia no la crea el bloqueo, la crea la falta de política.
Los bloqueos no aparecen donde hay canales reales de negociación, políticas públicas eficaces y justicia social. Aparecen cuando el Estado incumple, cuando la economía asfixia, cuando la representación falla. Penalizar no resuelve causas estructurales: las multiplica. “Proteger a la Policía” no justifica su uso contra el pueblo.
Decir que la ley evitará que la Policía sea “carne de cañón” es un desplazamiento del problema. La Policía no debería ser enviada a reprimir demandas sociales; el Estado debería resolverlas políticamente. La historia boliviana demuestra que la represión solo deja muertos, heridos y más conflicto.
El proyecto antibloqueo no piensa en el país: piensa contra el pueblo. Convertir la protesta en delito es criminalizar la pobreza, la indignación y la memoria histórica. En Bolivia, los derechos no se concedieron: se conquistaron bloqueando. Y cuando se intenta borrar esa verdad con cárcel, lo que se bloquea no son caminos, sino la democracia.

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