Intereses empresariales detrás de las muertes en Cotapachi

15 de diciembre de 2025

La represión, los asesinatos, heridxs y saqueos a las viviendas de los comunarios de Cotapachi el lunes 8 de diciembre, representa un nuevo capítulo y un ascenso reaccionario en la forma que El Estado continúa resolviendo las demandas de los empresarios de la basura, quienes ven como ’’obstáculo’’ a las comunidades y vecinxs que reclaman contra la contaminación que genera convertir sus viviendas en botaderos.

La contradictoria e hipócrita declaración del Alcalde de Corlcapirhua que responsabiliza de la violencia a «intereses de la Empresa Tunki que está por detrás financiando con intenciones de ingresar al depósito«, pocos días después de respaldar las demandas de estos empresarios exigiendo la intervención policial para levantar el bloqueo, mientras está por cerrarse un acuerdo de 1,300 millones de bs.- entre Manfred Reyes Villa y la ’’nueva’’ empresa CINVA «Constructora Internacional de Infraestructura S.A.» [1] (para una supuesta industrialización del relleno sanitario) demuestra los intereses empresariales en juego. Vale la aclaración, se trata de un proceso de licitación denunciado por varias autoridades por su irregularidad, no sólo con los costos, sino también porque la empresa no presenta una licencia ambiental que implicaría informar sobre la localidad del depósito de la basura. Dicen mantener en reserva para ’’evitar conflictos sociales’’; sin embargo, tras el gran repudio a la represión policial al botadero -que obligó al gobierno a responsabilizar de los asesinatos a un sólo policía, como si la responsabilidad fuera individual, la empresa tuvo que solicitar un retraso de las firmas del contrato.

La crisis de la basura en Cochabamba expresa un problema de salud pública que se viene transformando en una demanda democrática pendiente por la extensión social de su reclamo (con obstáculos para unificarse por la intervención de la burocracia estatal y sindical) y por los límites que encuentra en el sistema capitalista incapaz de resolverlo, ya que persiste en obligar a comunidades, vecinxs y trabajadorxs de aseo urbano y relleno sanitario a vivir con los riesgos en la salud, siempre que les permita continuar el negocio de la basura. Sin importar cuántos neoliberales, progresistas y la extrema derecha gobiernen, el Estado continúa demostrando su naturaleza : una junta que administra los negocios comunes de la clase burguesa.

La apertura del relleno sanitario no es un caso aislado de los planes para la privatización de los servicios públicos anunciados por el gobierno. En la ciudad de El Alto y La Paz, por ejemplo, los ’reyes de la basura’ impusieron la privatización del relleno sanitario y de aseo urbano con apoyo de Evo Morales, la golpista Jeanine Áñez y con Luis Arce Catacora, a costa de masacres blancas y represión, ya que el monopolio inconstitucional del servicio público significó una degradación de las condiciones de vida para miles de trabajadorxs y sus familias. Hablamos, según denuncias, de contratos millonarios para la empresa TREBOL, La Paz Limpia, COLINA, cuyos trabajadorxs denuncian que la familia Jofre y Sanchez Loria tienen interés de completar la extensión de sus negocios hasta Cochabamba y privatizar el servicio municipal.

De hecho, grupos de choque de esta empresa fueron denunciados por movilizarse desde La Paz hacia Cochabamba para intervenir contra comunarios y vecinxs que demandaban el cierre del botadero de k’ara k’ara en 2020 y 2024 (que administra la empresa COLINA). No es casualidad que el representante legal de la ’’nueva’’ empresa CINVA (TUNKI y COLINA), Miguel Angel Blancourt Aguirre sea accionista de la empresa TREBOL. La imposición de COLINA en El Alto significó masacres blancas e igualmente utilizaron la represión policial, asalto de viviendas y herir a niños en 2020 aplastando las demandas contra la contaminación y el cierre del botadero de Villa Ingenio. Esos son los ’’conflictos sociales’’ que generan estos empresarios.

La brutal represión policial en el botadero de Colcapirhua demuestra una continuidad de la función esencial del Estado, que a través de sus Alcaldía, Policía y el gobierno de turno cumplen su rol coercitivo en favor de los negocios de los ’reyes de la basura’ y contra la clase trabajadora.

La familia Jofre, Sanchez Loria y Blancourt vienen obteniendo más de 400 millones por año en el aseo urbano en El Alto y La Paz y 520 millones para el tratamiento de residuos [2] ¿cuántos millones ganarán si las Alcaldías y el gobierno logran imponer la privatización de los servicios públicos de aseo urbano en Cochabamba? El aseo urbano es municipal, y los empresarios saben que la clase trabajadora va a resistir un plan de tercerización como lo sucedido en La Paz. Por ello la patronal busca por todos los medios derrotar y dividr las luchas. En La Paz lo hicieron alentando división y peleas entre trabajadorxs de aseo urbano contra trabajadorxs del relleno sanitario, y entre vecinxs y comunarixs. De esta manera lograron privatizar cuatro sectores luego de dividirlos persiguiendo dirigentes y corrompiéndolos.

Las similitudes de estos casos permiten comprender el campo de batalla de aseo urbano y relleno sanitario en Cochabamba y exponer la estrategia puesta en marcha por los ’reyes de la basura’: aislando el conflicto , a través de la represión como lo sucedido en Cotapachi. Esto sin embargo podría haber generado contradictoriamente la alarma entre sindicatos de trabajadorxs del rubro, ya que los planes de privatización sólo podrían lograrse si la clase trabajadora no conquista el apoyo de todo el pueblo trabajador que se beneficia del servicio (y es quien sufre las consecuencias del tratamiento de la basura). Es así que recurren a la criminalización social hacia los métodos de lucha (bloqueos, protestas) y a los sindicatos y organizaciones comunitarias a quienes culpan de ‘‘arruinar la economía financiando bloqueos’’ justificando la muerte de quienes luchan por una vida digna sin contaminación. Anuncian conflictos que serán aplastados bajo el gobierno de Paz-Lara quienes están dispuestos a mandar a la policía para ’’incentivar la inversión privada’’ en el negocio de la basura de Cochabamba bajo el discurso hipócrita de ’’defender la salud’’. No buscan industrializar y mejorar el tratamiento de residuos sólidos ni mejorar el servicio, más al contrario, buscan continuar el saqueo, corrupción y precarización.

Es necesario exigirle a las organizaciones sindicales, centrales obreras departamentales y a la COB llamar a asambleas de todos los sindicatos para movilizarse y defender el derecho a la protesta, generar coordinación junto a las comunidades originarias y vecinxs que denuncian la contaminación y piden el cierre de los botaderos hasta lograr un plan de industrialización serio que se oponga a los planes de privatización. Las alcaldías y el gobierno están dispuestos a enriquecer a los empresarios que hace más de 10 años vienen retardando la construcción del relleno y el Alcalde ahora firmó un contrato por 25 años a la misma empresa demostrando que no pretenden solucionar el problema. Quieren continuar reprimiendo para obligar al ingreso de la basura y luego intentan trasladar el problema a otra zona provocando conflictos, como las movilizaciones de lxs vecinxs de Jark’a Mayu y Thakoloma en marzo 2025. La clase trabajadora necesita prepararse para el combate y defender las organizaciones sindicales, que en el caso de ENDE, ENTEL y YPFB, entre otros sectores públicops también están bajo amenaza con los planes hacia la imposición del Estatuto del Funcionario Público.

En los últimos días, las Alcaldías de Colcapirhua y Quillacollo firman un convenio para el cierre del botadero el cual expresa no sólo una continuidad de las maniobras para descomprimir la demanda social con un ‘‘nuevo’’ acuerdo, una ‘‘nueva’’ extensión de plazo y nuevamente al mismo problema. En medio de todo esto, y, a pesar de las grandes pérdidas trabajadoras el acuerdo -como es de esperar- se abstiene de extender la denuncia contra la represión policial y la demanda de justicia por las muertes, heridxs, torturadxs y arrestos arbitrarios, contribuyendo al contexto de impunidad y criminalización de la protesta social que vienen alimentando desde el gobierno. Están dispuestos a volver a hacerlo cuando las demandas empresariales vuelvan a exigirlo. La clase trabajadora no debe permitirlo.

Por Carlos Cornejo