23 de febrero de 2026
El gobierno de Rodrigo Paz, entre gallos y media noche aprobó el DS 5552 que reestructura la Vicepresidencia. No es un simple ajuste administrativo. Es un golpe silencioso a la institucionalidad, es arbitrario y pisotea la Constitución Política del Estado.
Otra vez gobierna por decreto. Otra vez tensionan la Constitución.
El DS 5552 no es un simple acto administrativo. Si coloca a la Vicepresidencia bajo dependencia de un ministro, vulnera principios básicos de la Constitución Política del Estado.
La CPE es clara:
El art. 11 establece que Bolivia es un Estado democrático con separación de funciones.
El art. 12 define la independencia y coordinación entre órganos del poder público.
El art. 172 delimita las atribuciones del Presidente.
Y el art. 410 consagra la supremacía constitucional. Ninguna norma está por encima de la Constitución.
Un decreto supremo es norma reglamentaria. No puede modificar la estructura ni la jerarquía de una autoridad electa por voto popular. El Vicepresidente no es funcionario designado. Es parte del binomio presidencial, con legitimidad directa del pueblo y funciones constitucionales propias, incluso en la Asamblea Legislativa.
Si mediante decreto se altera esa naturaleza, se rompe el principio de jerarquía normativa.
Eso tiene nombre, es extralimitación, autoritarismo, dictadura.
Gobernar por decreto lo que debe debatirse por ley es debilitar el Estado de Derecho. Reestructurar por sorpresa lo que la Constitución protege es actuar con lógica de imposición.
Hay que recordar a este gobierno antidemocrático que la Constitución no es un adorno. Es el límite del poder, y tienen la obligación de respetarla. Si no están de acuerdo llamen a un referéndum, pero no actúen como vasallos de la dictadura..
La Constitución Política del Estado establece que el Vicepresidente es una autoridad electa por voto popular, no un funcionario subordinado a ningún ministrillo. Su legitimidad nace del soberano, no de un despacho ministerial.
Aquí no hablamos de burocracia. Hablamos de jerarquía constitucional. Si hoy se puede degradar por decreto a una autoridad electa, mañana cualquier órgano constitucional puede ser reducido a simple oficina administrativa.
Y lo más grave, decisiones de esta magnitud son tomadas entre gallos y medianoche, sin debate público, sin transparencia, sin respeto al equilibrio de poderes. Eso no es gestión.
Eso es arbitrariedad.
La Constitución no es un papel decorativo que se acomoda según conveniencia política. Es el límite del poder.
El gobierno de R. Paz junto a sus Ministros actúa en venganza, en contra de Edman Lara y lo hace pisoteando la CPE. no solo es arbitrario, es intolerable, inadmisible. El Estado de Derecho está en riesgo, en manos de ministros circunstanciales abusivos, nombrados a dedo.
Esto es dictadura disfrazada de democracia.
Por Koba Milenaria
