Marcha contra la ley 157 avanza, ministro Justiniano miente

13 de abril de 2026

Una marcha indígena y campesina avanza hacia La Paz y desmiente al ministro Óscar Justiniano, quien calificó la protesta contra la Ley 157 como un acto de “desinformación”. Miles de movilizados de Pando y Beni rechazan la norma, promulgada por el presidente Rodrigo Paz, por considerarla una “ley del despojo” diseñada para facilitar la concentración de tierras en manos del agronegocio, exactamente como lo advirtieron durante meses organizaciones como la Fundación TIERRA.

La mentira del ministro frente a la realidad de la marcha

Mientras la marcha cumple su cuarto día, sumando apoyos en su camino, el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, intentó minimizar la protesta. Justiniano mintió al asegurar que la ley no afecta a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y que la movilización se debe a una “distorsión” del contenido de la norma.

Sin embargo, los marchistas y los análisis técnicos demuestran que el peligro es real y va más allá de las TCO. La ley, al permitir que la pequeña propiedad se convierta en “mediana”, elimina la protección constitucional que la hacía inembargable. Este es el núcleo del conflicto: la tierra campesina se convierte en una mercancía.

Los dirigentes de la marcha, que agrupa a pueblos como los yaminahua, machineris y tacana, cuestionan la rapidez con la que se aprobó una ley que beneficia a la élite agroindustrial, mientras sus propias demandas de dotación de tierras llevan más de una década sin ser atendidas por el INRA.

La “trampa oculta”: así funciona el mecanismo del despojo

El presidente Rodrigo Paz promulgó la ley en Agropecruz con un discurso seductor, afirmando que es una medida “voluntaria” para que los pequeños productores accedan a créditos. No obstante, como advirtió la Fundación TIERRA en un exhaustivo análisis previo, esta promesa esconde una trampa mortal:

• El despojo por deudas: El campesino, tentado a hipotecar su tierra, queda a merced del sistema financiero. Ante una mala cosecha, el banco ejecutará el embargo. ¿Quién comprará esa tierra en el remate? Los grandes empresarios del agronegocio, como la familia Marinković, que podrán expandir legalmente sus dominios.
• Un falso beneficio: La promesa de crédito es engañosa. TIERRA demostró que el 74% de las pequeñas propiedades son minifundios que, por su bajo valor, no resultan atractivos como garantía hipotecaria. La ley, en realidad, está diseñada para “blanquear” a quienes titularon fraudulentamente grandes extensiones como “pequeña propiedad” para evadir controles.

El fin de la soberanía alimentaria y los verdaderos ganadores

El impacto más devastador de esta ley, como se alertó, será la “extinción del campesino” y una amenaza directa a la seguridad alimentaria. Actualmente, la agricultura familiar, la que ahora marcha, provee el 98,5% de la canasta básica, mientras que el agronegocio apenas llega al 12,4%.

Los verdaderos beneficiarios son evidentes:

• El agronegocio: Podrá absorber legalmente tierras que antes estaban protegidas, consolidando un modelo de monocultivo de exportación.
• El sector bancario: Ampliará su negocio utilizando la tierra rural como garantía para préstamos.

Irónicamente, el proyecto fue presentado originalmente por una legisladora del ala “arcista” del MAS y defendido con los mismos argumentos liberales. Ahora, promulgado por Rodrigo Paz, demuestra una agenda transpartidaria que favorece a una élite a costa del futuro del campo boliviano. La marcha que avanza hacia La Paz no es producto de la desinformación, sino de la clara conciencia sobre el peligro que esta ley representa.

El falso beneficio de la ley 157

La Fundación TIERRA, en un exhaustivo análisis previo a la aprobación, desmanteló los argumentos del gobierno, revelando que la ley no es lo que parece. La promesa de beneficiar al 90% de los productores es falsa:

• La mayoría queda fuera: El 74% de las pequeñas propiedades en Bolivia son minifundios de menos de dos hectáreas. Por su bajo valor, estas parcelas no son atractivas como garantía hipotecaria, por lo que la ley no les servirá.
• Beneficia al que hizo trampa: La norma está diseñada para “blanquear” a quienes, durante el saneamiento, titularon fraudulentamente grandes extensiones como “pequeña propiedad ganadera” para evadir controles. Solo en Santa Cruz, 1,7 millones de hectáreas en esta situación podrán ser legalizadas.
• Un “perdonazo” para la especulación: La ley otorga una pausa de 10 años en la fiscalización de la Función Económica-Social (FES) a las tierras convertidas. Esto incentiva la especulación, la deforestación y los incendios como método para “limpiar” terrenos y demostrar una falsa productividad sin control estatal.

Roberto A. Barriga – https://plumayespada.online/