Lula da Silva: promotor de la integración regional y el mundo multipolar

9 de junio de 2023

Democracia, seguridad e industrialización son los tres ejes sobre los cuales debe girar todo proceso de integración latinoamericana que se vaya a impulsar en un futuro cercano, en un contexto en el que se van redefiniendo los principales elementos del orden mundial que emergió tras la caída del Muro de Berlín, y que han activado la voz de alarma entre las principales potencias occidentales que ven con horror la irrupción de China como la principal economía del mundo, así como perfilan en Rusia a uno de sus principales adversarios militares. Brasil tiene más en común con los dos últimos países que con los miembros del G-7, así como el resto de la Región, aunque no lo reconozcan sus principales líderes.

Brasil siempre fue la excepción latinoamericana, tanto por su dimensión geográfica como por su modo de insertarse en la división internacional del trabajo y el orden geopolítico mundial. Incluso bajo su condición de capitalismo dependiente, la república carioca no sigue el mismo patrón de pasividad diplomática que caracteriza al resto de los países de esta parte del mundo, sobre el cual se proyecta en términos que no siempre complacen e incluso incomodan al mandamás hemisférico: los Estados Unidos. Nunca fue esto más cierto que en los dos primeros mandatos de Luiz Inàcio Lula da Silva, entre 2003 y 2011, lapso en que el liderazgo del Brasil llegó a trascender incluso los límites continentales al formar parte de un selecto grupo de economías emergentes conocidas por el acrónimo Brics.

No obstante, esta nueva fase del ciclo progresista que inició a principios de este siglo, o segundo ciclo progresista, dependiendo desde donde se lo vea, halla a un Lula y un Partido de los Trabajadores (PT) más débil y conciliador de lo que cabría esperar tras el descalabro desatado por el ultrareaccionario gobierno de Jair Bolsonaro, que constituyó un hecho excepcional en sí mismo y que solo fue posible gracias a un proceso de desestabilización e interrupción democrática sospechosamente coincidente con los intereses de Washington. A pesar de esto, la historia vuelve a colocar a Brasil como uno de los principales protagonistas de la consolidación de un mundo multipolar en el que el viejo imperio del norte ya no tendrá la última palabra sobre una Región que se niega a ser considerada como su patio trasero.

La importancia de Brasil ya se advertía a principios de este año, cuando su presidente asistió a la VII cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) luego de haber superado un intento de golpe de Estado patrocinado por Steve Bannon y la extrema derecha europea, lógicamente orquestado por Bolsonaro en cooperación con las élites militares nativas. En el encuentro celebrado en Buenos Aires, Lula denunció el gobierno criminal de su predecesor y propuso la creación de una divisa regional en vista de la escasez de dólares que ya se advertía a consecuencia de la guerra en Ucrania. Aunque su propuesta no encontró el apoyo esperado entre el resto de los asistentes, con la notable voz discordante del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quedó claro que toda iniciativa de alcance continental a ser implementada tendría que contar con el respaldo del gigante amazónico, así como de Argentina y México, tradicionalmente los tres países más industrializados de la Región, aunque en diversos y cada vez más reducidos niveles.

Así es como llegamos a la Cumbre de Presidentes Latinoamericanos celebrada en días pasados en Brasilia, a la que asistieron los presidentes de Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Surinam, Uruguay y Venezuela, con la notable excepción de Perú, hoy afectado por un golpe de Estado que contabiliza casi un centenar de muertos, además de incontables heridos y detenidos por el gobierno encabezado por Dilma Boluarte, curiosamente respaldado no solo por los últimos gobiernos de derecha en la Región, sino, sorpresivamente, por el propio Lula. En todo caso, en el conclave, los mandatarios firmaron un documento de nueve puntos que en conjunto coinciden con la necesidad de promover mecanismos de integración regional, aunque sin necesariamente acordar por unanimidad el relanzamiento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), como sí propusieron los presidentes de Argentina y Bolivia.

Los desafíos

A pesar de que no hubo un acuerdo explícito por relanzar la Unasur, el encuentro convocado por el Palacio de Itamaraty se entiende más por el contexto que por sus resultados, donde resaltan inocultables los desafíos que el nuevo contexto geopolítico trae consigo, caracterizado por dos hechos: La rivalidad económica y comercial entre los Estados Unidos y la República Popular de China; y la guerra entre la Federación de Rusia y Ucrania, que ha dado paso a una serie de problemas entre los que destacan el encarecimiento de los alimentos, los combustibles, la elevación de los niveles de inflación a nivel global y la intensificación de la competencia por materias primas entre países industrializados. Un mundo que se redefine hasta en sus más básicos elementos como la centralidad de los Estados Unidos como centro hegemónico planetario.

Un antecedente para ilustrar la relevancia de estas tendencias es la reunión del Grupo de los Siete o G-7, celebrada en Hiroshima unas pocas semanas antes de la cita sudamericana. Dicho grupo está conformado por las principales siete potencias económicas (o al menos los países que ostentaban hasta hace un par de décadas dicha condición): Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido, además de la presencia en bloque de la Unión Europea (UE), con la notable participación del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en una franca demostración de apoyo a su país y, por lo tanto, de advertencia a Moscú. Pero, más significativo fue el consenso alcanzado por las potencias occidentales y sus clientes sobre la necesidad de contener el crecimiento chino a través de sanciones económicas y una reactivación de la competencia comercial, industrial y tecnológica que regrese las fábricas del mundo a los Estados Unidos o a sus aliados. Una expresión de voluntarismo neto si se toma en cuenta el arrollador avance del Reino del Centro.

Un contexto que resulta de vital importancia no solo para Latinoamérica, atrapada en esta rivalidad, aunque con más capacidad de maniobra de la que sospechan sus propios líderes, sino, sobre todo, para Brasil. Se podrá objetar que una representación carioca estuvo presente en el conclave promovido por la Casa Blanca, y es efectivamente cierto, pero no menos cierto es que también forma parte del principal grupo de economías emergentes que amenazan el liderazgo occidental: Los comentados Brics, acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Países que tienen más relación con la némesis que se percibe China que con los Estados Unidos. Brasil ya formó parte de este selecto grupo de economías hace casi una década, imponiendo a veces el ritmo de la diplomacia regional, hasta que se efectivizó el golpe de Estado en contra de Dilma Rousseff apadrinado por la Casa Blanca.

Tres ejes de discusión

Ahora bien, nuestra Región enfrenta una serie de desafíos comunes, muchos de los cuales preceden al contexto de rivalidad geopolítica que hoy es ejemplificada por Rusia y China, como el subdesarrollo, la reprimarización de las economías regionales y el subsecuente aumento del desempleo, la inflación y el encarecimiento de las condiciones de vida, los elevados niveles de violencia de las principales urbes latinoamericanas, la migración desordenada e insegura que se dirige especialmente al Primer Mundo, entre otros elementos. Con todo, dadas las circunstancias actuales, un relanzamiento de la Unasur o un organismo similar se hace necesario por las siguientes tres condiciones:

1. La necesidad de enfrentar las tendencias cada vez más autoritarias y disruptivas de una derecha regional que no está dispuesta a jugar según las reglas del propio régimen que dicen defender, y que depende cada vez más del patronazgo estadounidense para retornar o retener, aunque efímeramente, el poder político. En otras palabras, se precisa un consenso regional en defensa de la democracia, que sirva tanto para blindar a los actuales gobiernos constitucionalmente elegidos a través de los votos, así como para desestigmatizar a gobiernos populares y democráticos que no cumplen con los parámetros liberales tan demandados por los países de Occidente, sin que estos mismos cumplan con esas condiciones. La firma de la Declaración especial sobre la defensa de la democracia de la Celac en 2011 es un excelente punto de partida.
2. La urgencia de fortalecer los aparatos de seguridad regionales en orden de repeler los intentos injerencistas sobre las Fuerzas Armadas de la Región, que han dejado lecciones importantes tras los golpes de Estado en Bolivia, Brasil y Perú, del cual se salvó solamente Lula. En los tres casos se hizo patente que la influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional está lejos de desvanecerse, aunque en variados niveles, a lo largo y ancho de Latinoamérica. Este problema, que no se resolvió con la simple suspensión de los convenios de asistencia militar que reclutaban oficiales latinoamericanos para formarse en la Escuela de las Américas, hoy Centro Hemisférico de Asistencia Militar de los Estados Unidos, cobra una renovada importancia debido a un problema directamente relacionado con el uso del aparato represivo del Estado: La creciente influencia de las élites provenientes de las economías ilícitas, principalmente el narcotráfico, que contribuyen a la desestabilización de los gobiernos populares en coordinación con las élites económicas tradicionales. Un problema que debe dejar el ámbito de la seguridad para pasar al de la salud pública, pero que es, en la mayor parte de la región, un asunto militar.
3. La necesidad de impulsar procesos de industrialización vía negociación conjunta de la Región con su principal socio comercial, que ya no es Estados Unidos, sino la República de China, y que tal como nota el economista Claudio Katz, a diferencia del primero, ha demostrado no tener la intención ni el interés de interferir políticamente ni considera indeseable el despegue económico de Latinoamérica.

Siguiendo a Katz, las relaciones económicas con el gigante asiático recién están configurando su perfil de largo plazo, lo que quiere decir que Latinoamérica está a tiempo de negociar condiciones que le permitan atraer capital y tecnología, en orden de impulsar su propio despegue industrial. Algo que no solo debe contar con el aliento de Brasil, México o Argentina, sino también con el de Bolivia y Chile en sectores como el litio u otros recursos energéticos.

Inconsistencias

Pese a la claridad de este nuevo contexto global, llama la atención la falta de resolución por parte de varios gobiernos de la Región, que en los últimos años han reafirmado muchas de las tendencias propias de una semicolonia más que de Estados soberanos decididos a consolidar su autonomía frente a los Estados Unidos, como se puede ver en las claudicantes posiciones asumidas por algunos de sus líderes en relación a Venezuela, Cuba o a sus propias élites económicas, así como en relación a la influencia del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), esto sin mencionar la ausencia de coordinación para promover la procesos de integración económica como los que requieren industrias tan estratégicas como el litio o la energía.

El despegue definitivo de América Latina y el Caribe no será posible si no se contrarrestan los rasgos de dependencia económica, política y cultural a los que están apegadas las élites conservadoras de nuestro país y al parecer unos cuantos líderes del campo progresista.

En todo caso, la simple intención de impulsar un proceso de integración regional posee hoy un tono más desafiante del que tenía el lanzamiento de la Unasur en 2008. En esos tiempos no era clara la emergencia de un mundo multipolar. Hoy lo es, y es poco probable que Washington y sus aliados no opongan resistencia.