Lucha ambientalista dobla el brazo al Gobierno: absuelven a defensores de Tariquía y se abroga la ley de tierras
11 de mayo de 2026
La lucha ambientalista ha doblado el brazo al Gobierno, consiguiendo dos victorias históricas en una misma semana que marcan un punto de inflexión en la defensa del territorio y los recursos naturales en Bolivia. Por un lado, la justicia ha absuelto a 12 defensores de la Reserva de Tariquía que eran procesados por oponerse al ingreso de petroleras. Por otro, la Cámara de Diputados, presionada por una marcha indígena que caminó casi un mes, ha aprobado la abrogación de la polémica Ley 1720 de reconversión de tierras.
Estas dos victorias representan un doble revés para el modelo extractivista que el Gobierno y los sectores empresariales intentan imponer. La anulación de la Ley 1720, conocida popularmente en círculos críticos como la “Ley Marinković”, es una derrota directa para el sector agroindustrial del oriente, cuyo principal impulsor fue el senador Branko Marinković. Él y otros representantes del agronegocio defendieron la norma argumentando que promovería el “progreso”, pero los movimientos sociales la denunciaron como una herramienta para la concentración de tierras. La decisión del Legislativo, por tanto, no solo frena la ley, sino que también debilita políticamente a una de las figuras más poderosas del empresariado cruceño.
Absuelven a los 12 de Tariquía: una victoria contra la criminalización
Tras meses de angustia y un juicio que duró más de 15 horas, el Juzgado Mixto de Entre Ríos dictó una sentencia absolutoria a favor de 12 comunarios de Chuquiacá y Tariquía, entre ellos Ramiro Rodrigo Altamirano, María Nelly Coca Flores y Juanita Martina Mercado. Los defensores eran procesados por Petrobras y YPFB por los supuestos delitos de impedir el ejercicio de funciones y atentado contra la libertad de trabajo.
La emoción invadió la sala tras el veredicto. Hubo lágrimas, abrazos y un profundo sentimiento de alivio. “No se ha podido demostrar por parte del Ministerio Público que los defensores de Tariquía hayan incurrido en los delitos de los que se les ha acusado”, explicó uno de los abogados de la defensa.
Esta sentencia no solo libera a los comunarios, sino que sienta un precedente crucial contra la criminalización de la protesta ambiental en el país. A pesar de la victoria, los defensores dejaron claro que su lucha continúa firme en rechazo a la perforación del pozo Domo Oso-X3 y a cualquier otra amenaza a la reserva.
La marcha que anuló la “Ley del Despojo”
La segunda gran victoria se gestó en el Legislativo, como resultado directo de la presión de una marcha que conmovió al país. La madrugada de este sábado, la Cámara de Diputados, con 56 votos a favor y 44 en contra, aprobó el proyecto de ley para abrogar la Ley 1720.
Esta norma, que permitía la conversión de la pequeña propiedad en mediana y la hacía embargable, fue calificada por los movimientos indígenas y campesinos como una “ley del despojo”, diseñada para beneficiar al agronegocio a costa de sus territorios.
El triunfo de una movilización ignorada
La abrogación es un triunfo directo de la marcha indígena que partió desde Pando y Beni y caminó durante más de 25 días hasta La Paz. Su llegada a la sede de Gobierno y la amenaza de masificar las protestas obligaron al presidente Rodrigo Paz a ceder y a comprometerse a gestionar la anulación de la ley.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, tuvo que reconocer la derrota del Ejecutivo, informando que se acordó “avanzar en la abrogación” y en la construcción de una nueva norma consensuada.
Un doble revés para el modelo extractivista
Estas dos victorias, logradas en frentes distintos, pero con un objetivo común, representan un doble revés para el modelo extractivista que el Gobierno y los sectores empresariales intentan imponer.
- En el sur, se frenó judicialmente el intento de amedrentar a las comunidades que protegen una reserva natural de la actividad petrolera.
- En el norte, se detuvo legislativamente una ley que abría las puertas a la mercantilización y concentración de la tierra en la Amazonía.
Ambos casos demuestran que, a pesar del poder político y económico del Gobierno y sus aliados empresariales, la resistencia social y la lucha por los derechos ambientales y territoriales han ganado un terreno crucial. La presión de la gente, ya sea en un juzgado de provincia o en las calles de La Paz, ha demostrado ser más fuerte. Lucha ambientalista dobla el brazo al Gobierno.
Roberto A. Barriga
