Lecciones de la lucha en Bolivia

22 de enero de 2026

La presente nota se propone reflexionar sobre un problema central: cómo encarar la construcción y la intervención política a partir de los conflictos y luchas que se desarrollaron en Bolivia entre diciembre y enero, como respuesta al Decreto Supremo 5503, y que provocaron un estallido social que se expresó en bloqueos de rutas y movilizaciones masivas durante más de tres semanas, y que puso de manifiesto que la clase trabajadora, el campesinado, la juventud y los sectores populares constituyen una fuerza social de enorme potencial cuando actúan desde abajo y de manera autoorganizada.

Estas jornadas de lucha demostraron que, sin el freno impuesto por la dirigencia sindical burocrática, existían condiciones para avanzar hacia un levantamiento nacional más amplio y sostenido. La multitudinaria movilización conocida como “Bolivia no se vende”, que congregó a cientos de miles de personas y que generó bloqueos en más de cincuenta puntos del país, expresó no solo el rechazo al DS 5503, sino también una oposición más profunda a un modelo económico que abre las puertas al capital transnacional, descarga el peso de la crisis sobre los sectores populares, profundiza el extractivismo y ataca conquistas históricas del pueblo trabajador.

Sin embargo, la abrogación formal del Decreto Supremo 5503 no puede ser caracterizada como un triunfo real de la clase trabajadora. Se trató de una maniobra calculada producto de la negociación entre la cúpula de la Central Obrera Boliviana (COB) y el gobierno, lo que permitió descomprimir la movilización sin derrotar el plan de ajuste, pues en los hechos fue reemplazado por el decreto por el DS 5516 que mantiene intactos elementos centrales del gasolinazo y otros recortes antipopulares, así como la aprobación del resto de medidas neoliberales del DS 5503 a través de la ALP que prácticamente está en manos de los partidos de derecha.

Lo ocurrido en estas jornadas de movilización no constituye el cierre de un ciclo de luchas, por el contrario, muestra, por un lado, la capacidad de la clase trabajadora para pelear en las calles, y, por otro lado, la continuidad de una crisis estructural que permanece abierta. El acuerdo entre la dirigencia de la COB y el gobierno logró contener el proceso de lucha e impedir que se transformara en una insurrección nacional, pero dejó una situación política inestable y cargada de tensiones. Mientras tanto la derecha parlamentaria envalentonada avanza en la criminalización de las formas de protesta a través del proyecto de ley que penaliza los bloqueos de rutas. Sin embargo, frente a estos hechos, amplios sectores de la clase trabajadora mantienen latente su disposición a lucha, con un descontento que no ha sido resuelto.

Desde una perspectiva de revolucionaria, estas jornadas dejan lecciones estratégicas fundamentales. La primera es que la fuerza desplegada en las calles no se va a traducir en conquistas si no se resuelve políticamente la correlación de fuerzas. La segunda, es que la experiencia reciente confirma que las clases dominantes no retroceden ni por concesiones formales ni por abrogaciones parciales, sino que reacomodan sus medidas cuando cuentan con direcciones sindicales dispuestas a negociar y desmovilizar. Tercero, la rebelión no fue contenida por falta de disposición a luchar desde abajo, sino por la ausencia de una dirección clasista que impulsara la generalización, coordinación y radicalización de la lucha hasta el final.

Al mismo tiempo, el proceso abrió fisuras en el régimen de dominación existente. La precarización avanza, el ajuste continúa, sectores crecientes de trabajadores, campesinos y jóvenes comienzan a cuestionar abiertamente a sus direcciones tradicionales y empiezan a percibir al nuevo gobierno con desconfianza. En este marco, las experiencias de autoorganización desde abajo -asambleas, coordinaciones, iniciativas solidarias y espacios de deliberación colectiva- aparecen como embriones de una alternativa distinta, capaz de romper con la lógica de la delegación pasiva y la traición burocrática.

La ofensiva del gobierno, alineada con las exigencias del capital financiero y el imperialismo, muestra que la lucha contra el ajuste no puede limitarse a resistencias defensivas ni a demandas fragmentadas. Enfrentar consecuentemente estas políticas exige articular las reivindicaciones inmediatas con una perspectiva anticapitalista y antiimperialista, que cuestione las bases estructurales del Estado y del modelo capitalista. Esto implica fortalecer una intervención política independiente de la clase trabajadora, capaz de disputar la dirección de las organizaciones sociales burocratizadas y estatizadas, unificar las luchas y abrir paso a una salida propia de los sectores explotados y oprimidos.

El desafío estratégico, entonces, no es simplemente revertir decretos o frenar medidas puntuales. En esta fase de crisis abierta y rebelión contenida, la intervención de la clase trabajadora, la unidad de acción desde las bases y la construcción de un sujeto político autónomo de los aparatos burocráticos son condiciones indispensables para que las luchas no queden reducidas a parches temporales. La tarea de fondo es avanzar en la construcción de una organización independiente y combativa, que articule las luchas sectoriales con un programa estratégico capaz de cuestionar las bases del sistema capitalista y abrir una perspectiva de transformación socialista para la clase trabajadora boliviana.

La lucha contra el DS 5503 y la relación de fuerzas como factor determinante

Desde una perspectiva marxista revolucionaria, la relación de fuerzas no es otra cosa que la expresión concreta -siempre inestable y contradictoria- del enfrentamiento entre las clases sociales en pugna. No se trata de una fotografía fija, sino de un equilibrio dinámico que se modifica al calor de la lucha entre la burguesía, su Estado y la clase trabajadora, junto a otros sectores oprimidos como el campesinado, la juventud estudiantil y los sectores populares. Como señalaba Trotsky, la política comienza precisamente allí donde este equilibrio se rompe o se tensa, abriendo la posibilidad de crisis y giros abruptos.

Uno de los factores decisivos que mediaron esta relación de fuerzas durante los conflictos de diciembre y enero fue la fuerza de movilización de las masas. Lejos de tratarse de protestas episódicas o controladas desde arriba, las movilizaciones crecieron y se radicalizaron a partir de la intervención directa de sectores de la clase trabajadora, organizaciones sociales y estudiantiles. Este proceso tuvo un rasgo central: surgió desde abajo, mediante formas de autoorganización, sin el impulso inicial de las direcciones burocráticas. Tal como sostiene Trotsky, cuando las masas entran en acción directa, la relación de fuerzas comienza a desplazarse, incluso antes de que exista una dirección consciente a la altura del proceso luchas. La toma de calles, los bloqueos de carreteras y la masividad de las movilizaciones obligaron al gobierno a negociar, no por voluntad política, sino por la presión material ejercida desde abajo.

Otro elemento clave fue el nivel de conciencia política. No se trató de una conciencia para sí, es decir, de una comprensión acabada del carácter estructural del sistema capitalista y del rol del Estado, pero sí de una conciencia en sí, expresada en el reconocimiento colectivo de una situación compartida de precariedad, explotación y ataque a las condiciones de vida. Como explica Trotsky en el Programa de Transición, la conciencia no se desarrolla de manera lineal ni pedagógica, sino a través de la experiencia viva de la lucha. En ese sentido, aunque el eje inmediato fue la abrogación del Decreto 5503, el propio desarrollo del conflicto fue modificando consignas, ampliando demandas y abriendo fisuras en el sentido común dominante, mostrando que la lucha puede empujar la conciencia más allá de sus límites iniciales.

El estado de ánimo de las masas también desempeñó un papel contradictorio. Al inicio predominó una disposición moderada, con expectativas de mediación institucional y negociación. Sin embargo, a medida que el conflicto se prolongó y la respuesta estatal se volvió más evidente (amenazas, represión), amplios sectores comenzaron a radicalizarse. Al mismo tiempo, en ausencia de una perspectiva clara de continuidad y frente al accionar de la burocracia sindical, empezó a manifestarse el cansancio y, en algunos casos, la aceptación resignada de que las decisiones quedarían en manos de la dirigencia de la Central Obrera. Esta combinación de radicalización y desgaste es característica de procesos en los que las masas avanzan más rápido que sus direcciones, una situación que Trotsky identificó como especialmente favorable para la intervención de una organización revolucionaria.

La organización desde abajo -asambleas, olla común y formas embrionarias de coordinación común- fue otro factor fundamental que pudo modificar en alguna medida la relación de fuerzas. Estas instancias ampliaron la participación directa, fortalecieron la iniciativa de base y explican la radicalidad alcanzada por las jornadas de lucha. Desde la tradición del trotskismo, estas formas no son solo instrumentos tácticos, sino gérmenes de un poder alternativo. No es casual que, en el momento más álgido del conflicto, la posibilidad de un alzamiento nacional más profundo estuviera presente. De no haberse cerrado la negociación el domingo, el lunes podría haber abierto un escenario de crisis política mucho mayor, con una intervención directa y generalizada de las masas.

En este punto se vuelve central el rol de las direcciones. La burocracia sindical actuó como un factor consciente de freno, desviando y conteniendo la lucha mediante la negociación con el gobierno. Tal como señala Trotsky en sus análisis sobre los sindicatos, la burocracia no es simplemente un error político, sino una capa social con intereses propios, ligada al Estado y al orden existente. Su intervención no buscó desarrollar la fuerza desplegada desde abajo, sino canalizarla hacia una salida controlada que permitiera al gobierno recomponerse.

Finalmente, la relación de fuerzas incluye la capacidad del Estado para imponer su política. En este conflicto, el Estado combinó represión selectiva con mecanismos de cooptación y concesiones. La cooptación de la dirigencia burocrática de la COB fue un elemento central de esta estrategia. Las concesiones concedidas, como la abrogación del DS 5503, no implicaron una derrota real del gobierno, sino una maniobra para ganar tiempo, descomprimir la movilización y preservar el núcleo del ajuste. Este tipo de salidas refuerza la ilusión de que es posible torcer la política estatal sin cuestionar el poder de clase que la sostiene.

Comprender la relación de fuerzas a partir de estos elementos no es solo un balance de lo sucedido entre diciembre y enero, sino una herramienta estratégica para enfrentar la arremetida neoliberal que el gobierno y el imperialismo norteamericano tienen como expectativa implementar para que la crisis la paguen las y los trabajadores. Desde una perspectiva revolucionaria, permite pensar cómo superar los límites impuestos por la burocracia y la fragmentación, y plantea la necesidad de desarrollar formas superiores de organización desde abajo, como son los comités de acción o el frente único obrero. Estas instancias, ligadas a un programa transicional y a la intervención consciente de un partido revolucionario, son fundamentales para transformar la fuerza espontánea de las masas en una potencia capaz de disputar el poder y abrir una salida propia de la clase trabajadora.

Comités de acción: Unificación y coordinación de lucha parciales

Después de muchos años, la clase trabajadora, junto a sectores campesinos, estudiantiles y populares, volvió a irrumpir en las calles mediante grandes movilizaciones y bloqueos de calles y carreteras. Estas acciones, por su extensión, persistencia y radicalidad, pueden compararse -y en ciertos aspectos superar- a las grandes jornadas de lucha que marcaron la historia reciente del país, como las rebeliones del ciclo 2000–2005 o las jornadas de agosto de 2020. Esta reaparición de la clase trabajadora como sujeto activo no es un fenómeno episódico ni meramente defensivo: expresa una tendencia profunda de la lucha de clases que vuelve a colocar en escena la posibilidad de enfrentar los planes de ajuste del imperialismo y de sus gobiernos subordinados, no solo en Bolivia sino en el conjunto de América Latina. Esta experiencia puede verse con claridad en Italia, donde la clase trabajadora volvió a ocupar un lugar central mediante huelgas, paros nacionales, piquetes y movilizaciones masivas contra la precarización laboral y los planes de ajuste. Impulsadas en muchos casos desde abajo y en tensión con las direcciones sindicales tradicionales, estas luchas tendieron a la autoorganización, la coordinación entre sectores y la unidad con la juventud y los movimientos populares. La recuperación de los métodos históricos de la clase obrera -huelga, bloqueo y acción directa- permite no solo resistir ataques puntuales, sino disputar políticamente el rumbo general impuesto por el capital, una perspectiva que dialoga directamente con lo que empieza a emerger en Bolivia y en Latinoamérica.

Tal como Trotsky analizaba en ¿Adónde va Francia?, en los períodos de crisis orgánica del capitalismo las masas no ingresan a la lucha de manera acabada ni con una conciencia revolucionaria plenamente formada, sino empujadas por la necesidad, la bronca y el deterioro de sus condiciones de vida. La radicalización se da de forma desigual, contradictoria, muchas veces chocando con direcciones que buscan contenerla. Precisamente, ese fue el marco en el que se desarrollaron las luchas de diciembre y enero contra el Decreto Supremo 5503.

En su inicio, la respuesta impulsada por la dirigencia de la Central Obrera tuvo un carácter limitado, formal y defensivo: una reacción casi automática, un “saludo a la bandera” destinado más a canalizar el descontento que a organizar una confrontación real. Sin embargo, como señalaba Trotsky para el caso francés, cuando la presión desde abajo se intensifica, las masas comienzan a desbordar los marcos impuestos por las direcciones tradicionales, poniendo en cuestión su autoridad y empujando la lucha hacia métodos más radicales. Eso fue exactamente lo que ocurrió: la dinámica real del conflicto empezó a ser impulsada por las bases, por sectores que actuaron al margen -y muchas veces en contra- de la política de contención burocrática.

En ese contexto surgieron experiencias significativas de unidad de acción desde abajo, como el Comité de Olla Común, impulsado por la confluencia de diversas organizaciones feministas, entre ellas Pan y Rosas. Lejos de ser una acción meramente asistencial o “humanitaria”, la olla común tuvo un profundo contenido político y de clase. En condiciones donde el ajuste golpea de manera diferenciada a las mujeres trabajadoras, precarizadas y estudiantes, esta experiencia expresó una forma concreta de organización colectiva que combinó la reproducción material de la lucha con la intervención política directa.

Como bien polemizaba Trotsky frente a la socialdemocracia francesa, no existe una separación mecánica entre lo “social” y lo “político”: toda forma de autoorganización de las masas en lucha tiene un contenido político, aun cuando se exprese inicialmente en tareas elementales como garantizar la alimentación o la subsistencia. Las críticas contra las ollas comunes, muchas veces cargadas de desprecio de clase y misoginia, cumplen una función clara: desacreditar toda forma de organización independiente que no pase por los canales institucionales ni por las direcciones reconocidas. En ese sentido, la olla común fue un punto de apoyo material, pero también un espacio de politización, deliberación y coordinación, donde se pusieron colectivamente no solo alimentos, sino experiencias, bronca y perspectivas de lucha.

Al calor de estas experiencias y del propio desarrollo de la lucha de clases, comenzó a plantearse la necesidad de ir más allá: la necesidad de construir comités de acción. Tal como Trotsky desarrolló en ¿Adónde va Francia?, los comités de acción surgen cuando las formas tradicionales de representación se muestran incapaces de responder a la situación. No aparecen como una consigna abstracta ni como un esquema prefabricado, sino como una respuesta práctica a la dispersión de luchas parciales, permitiendo unificar, coordinar y elevar el nivel de enfrentamiento con el Estado y el capital.

Desde un punto de vista político, los comités de acción son instrumentos de unificación de la vanguardia con las masas en lucha. No se trata de órganos de representación democrática formal de “toda” la clase, sino de una representación revolucionaria de los sectores efectivamente movilizados. Son, ante todo, instrumentos de combate. Al mismo tiempo, no reemplazan ni a los partidos ni a los sindicatos: las masas ingresan a la lucha con todas sus tradiciones, organizaciones e ideas previas. Pero en la acción común, esas organizaciones son puestas a prueba.

En ese sentido, los comités de acción pueden funcionar como verdaderos parlamentos revolucionarios, donde los partidos no son excluidos, pero sí controlados por la experiencia viva de la lucha. Es allí donde las masas aprenden -no por discursos abstractos, sino por la práctica- a distinguir entre direcciones que empujan la lucha y direcciones que la frenan, y, también, a romper con la influencia de los partidos y burocracias que actúan como un freno consciente o inconsciente del proceso de lucha.

Los comités de acción no son un frente único, pero tampoco son aún soviets. Son instituciones transitorias, propias de momentos de ascenso de la lucha de clases, donde puede articularse la fuerza necesaria para imponer efectivamente la unidad de acción de la clase trabajadora contra el capital, allí donde las direcciones oficiales se niegan a hacerlo en nombre de la colaboración de clases. Su objetivo estratégico es disputar la dirección del movimiento real, romper los límites impuestos desde arriba y abrir paso a una orientación independiente y de clase.

Estos comités pueden surgir en el plano local -en barrios, centros de estudio, fábricas, puntos de bloqueo o experiencias como las ollas comunes- y, si la dinámica de la lucha lo permite, proyectarse a niveles superiores de coordinación regional o nacional. Por eso, una tarea central en la etapa actual es recuperar, sistematizar y dar continuidad a las experiencias vividas: los contactos establecidos, los espacios conquistados en las calles y carreteras, las coordinaciones espontáneas y las formas de autoorganización que emergieron al calor del conflicto. Todo ello puede y debe pensarse como embriones de futuros comités de acción.

La perspectiva estratégica es clara. No se trata de un ciclo cerrado ni de una derrota definitiva. La posibilidad de nuevas luchas sigue latente frente a los planes de ajuste que el gobierno, en alianza con el imperialismo, intentará descargar sobre la clase trabajadora, el campesinado y los sectores populares. Prepararse para ese escenario implica recuperar estas experiencias, profundizar la autoorganización desde abajo y avanzar conscientemente en la construcción de herramientas que permitan disputar la dirección política del movimiento real de masas, ligando cada lucha parcial a una perspectiva de transformación radical de la sociedad.

Un programa de lucha para una salida de la clase trabajadora

La experiencia reciente confirma una lección fundamental: sin un programa que ataque las bases materiales del poder del capital, incluso las luchas más masivas y radicales corren el riesgo de ser contenidas, desviadas o absorbidas por el régimen. Por eso, las lecciones de las luchas desde abajo no pueden agotarse en un balance organizativo o en la denuncia de la burocracia sindical; deben proyectarse en un programa de salida que conecte las necesidades inmediatas con una transformación estructural de la economía y el poder político.

Una primera medida central en esta perspectiva es el control estatal del comercio exterior. Mientras el país se desangra por la falta de divisas, los grandes exportadores, agroindustriales y empresas mineras continúan fugando capitales y especulando con los precios internacionales, utilizando el chantaje del dólar y las importaciones para imponer ajustes sobre el pueblo trabajador. El monopolio estatal del comercio exterior permitiría centralizar las divisas, planificar las importaciones según las necesidades sociales y cortar de raíz el poder extorsivo del empresariado sobre la economía nacional.

En segundo lugar, resulta indispensable la expropiación de la banca privada y su unificación en un sistema financiero único, estatal y bajo control de las y los trabajadores. No puede haber una salida favorable para las mayorías mientras el crédito, el ahorro y la inversión sigan en manos de un puñado de banqueros que lucran con la especulación, las altas tasas de interés y la deuda. Un sistema bancario estatal permitiría orientar el crédito hacia la producción socialmente necesaria, la vivienda popular, la pequeña producción campesina y las cooperativas, rompiendo con la lógica parasitaria del capital financiero que hoy estrangula cualquier intento de desarrollo al servicio de las mayorías.

Una medida igualmente estratégica es la colectivización de las grandes extensiones de tierra en manos de los agroindustriales, responsables históricos de la concentración de la tierra, el monocultivo orientado a la exportación, la destrucción ambiental y la dependencia alimentaria. La crisis de los alimentos y el encarecimiento del costo de vida son consecuencias directas de que la tierra esté subordinada a la ganancia privada y no a las necesidades sociales. La expropiación sin indemnización de los latifundios y su puesta bajo gestión colectiva de las y los trabajadores rurales, comunidades campesinas e indígenas permitiría reorganizar la producción agraria en función de la soberanía alimentaria, el abastecimiento interno y el cuidado de la naturaleza. Lejos de ser una consigna “utópica”, esta reivindicación golpea uno de los pilares materiales de la clase dominante y articula demandas inmediatas con una ruptura profunda del orden existente: la propiedad privada.

Del mismo modo, es imprescindible avanzar en un plan de industrialización de las empresas estratégicas del Estado —como YLB, YPFB y otros sectores clave— bajo control y administración obrera. La experiencia demuestra que la mera nacionalización formal, como realizó el MAS, sin control de quienes producen, no es suficiente: sin participación directa de las y los trabajadores, las empresas estatales reproducen corrupción, acuerdos con privados y subordinación al capital transnacional. El control obrero permitiría planificar la producción, transparentar costos, orientar la inversión hacia el desarrollo industrial sostenible y articular estas empresas a un plan económico general al servicio de las mayorías. En términos transicionales, esta medida enfrenta directamente el poder del capital en sectores estratégicos y plantea, en los hechos, la necesidad de una planificación democrática de la economía.

Estas medidas no pueden ser implementadas desde arriba ni dentro de los marcos del Estado capitalista existente. Solo pueden abrirse paso a través de la intervención independiente de la clase trabajadora, la unidad de acción desde las bases, la generalización de experiencias de autoorganización como los comités de acción y la construcción de una dirección revolucionaria capaz de ligar cada lucha parcial con una perspectiva de poder. Las luchas de diciembre y enero mostraron el camino: La fuerza real está en las calles, en la organización desde abajo y en la posibilidad concreta de que la clase trabajadora deje de limitarse a resistir el ajuste para avanzar en la construcción de su propio poder, disputando la dirección política y social frente al capital y el Estado. Como señalaba Marx, “la emancipación de la clase obrera debe ser obra de los obreros mismos”: solo mediante la autoorganización consciente, la acción colectiva y la intervención independiente de las y los trabajadores es posible abrir una perspectiva de poder obrero y transformación radical de la sociedad. Esa es la principal lección estratégica que dejan las luchas desde abajo.

Pity Ezra