14 de noviembre de 2025
La agroindustria boliviana contemporánea no es solo un motor económico: es un depredador voraz que devora nuestros bosques, destruye comunidades y pone en riesgo la soberanía ecológica del país. Bajo el discurso de “desarrollo”, grandes operadores han convertido la tierra en mercancía, impulsando un modelo insostenible que alienta el desmonte brutal y el fuego sistemático.
Desde hace décadas, el agronegocio ha sido el principal impulsor de la forestación violenta. Según CIPCA, en Bolivia se pierden cerca de 200.000 hectáreas de bosque cada año, sobre todo en las tierras bajas, donde la ganadería y la agricultura mecanizada —incluyendo la soja industrial para exportación— son responsables de gran parte de la deforestación.
Los incendios son la herramienta brutal de este modelo: para despejar nuevas áreas, las empresas agroindustriales usan el chaqueo (quema controlada), pero sin ningún mecanismo serio de control estatal, esos fuegos se escapan, se descontrolan y se expanden sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Se estima que unos tres millones de hectáreas fueron arrasadas por incendios asociados precisamente a esta expansión agraria.
Los incendios en Bolivia han causado la muerte de millones de animales, incluyendo especies como jaguares, osos hormigueros, tortugas, y perezosos. En 2019, las estimaciones sugieren que más de 5.9 millones de mamíferos murieron directamente por el fuego en la Chiquitania. Además, miles de animales sufren quemaduras, deshidratación y desnutrición, y muchos otros mueren por asfixia o como resultado del trauma.
El costo humano y ecológico es altísimo: los ecosistemas amazónicos y chaqueños se fragmentan, las comunidades indígenas pierden sus medios de vida y los suelos se degradan. Al mismo tiempo, el país se convierte en un gran exportador de soya transgénica y carne, en un modelo que no prioriza la seguridad alimentaria nacional, sino las ganancias de las élites agroexportadoras.
Lo más grave es la complicidad política institucional con este saqueo. En la Asamblea Legislativa, la Comisión de Medio Ambiente está encabezada por Branko Marinkovic figura emblemática de la agroindustria depredadora. Durante el gobierno de Jeanine Áñez, su familia se apropió irregularmente de 33.000 hectáreas —resoluciones que luego fueron revertidas por el Tribunal Agroambiental. Estas tierras habían sido tituladas en territorios indígenas (Tierras Bajas del Norte y Laguna Corazón), superando el límite legal permitido por la Constitución.
Aunque el Tribunal Agroambiental anuló esas resoluciones, eso no borra la impostura: un empresario del agronegocio que influencia la política ambiental precisamente para seguir ampliando su imperio. Más aún, el Tribunal Constitucional Plurinacional revocó una tutela previa que favorecía a los Marinkovic, un triunfo parcial, pero la tensión entre Estado, elites agroindustriales y pueblos indígenas sigue siendo extrema.
Este es un conflicto de clase y de modelo: no se trata solo de terrenos, sino del control del territorio, del agua, del futuro climático de Bolivia. La agroindustria no es solo una amenaza ambiental: es una forma de violencia estructural que despoja a las comunidades, desplaza modos de vida tradicionales y entrega nuestros recursos a lógicas extractivas sin límite.
No permitamos que los intereses depredadores sigan arrasando lo que nos da vida. Que la tierra y los bosques no sean mercancía para élites, sino patrimonio de todo el pueblo. En nuestras manos está denunciar, y generar movilizaciones para defender nuestros recursos que significa defender nuestra dignidad y asegurar un futuro justo y sostenible para las próximas generaciones.
¡Basta de agroindustria depredadora!
Por Paz Libertad
