6 de abril de 2026
En medio de una gestión gubernamental marcada por la debilidad y una popularidad sostenida artificialmente por sondeos de opinión, se impulsa un polémico proyecto de ley (PL-103/25) que otorga suprapoderes inconstitucionales a los militares. La iniciativa, presentada por la senadora Judith Rosario García Coca, del PDC, partido que llevó a la presidencia a Rodrigo Paz, crea el Consejo Supremo de Defensa del Estado (COSDEP), un “súper gabinete” que operará bajo secreto de Estado, excluyendo a la Policía y sin rendir cuentas al Congreso, lo que plantea una pregunta alarmante: ¿se está preparando el país para una guerra internacional o para usar al Ejército en un futuro conflicto interno?
Un “supra gabinete” dominado por militares
Aunque el proyecto busca cumplir un mandato pendiente de la Constitución, su redacción esconde una clara militarización de la política de Estado. El análisis jurídico revela que es una norma “constitucional en la forma, pero inconstitucional en su espíritu democrático”.
El COSDEP, presidido por el Presidente, estará compuesto por ministros clave y, de manera desproporcionada, por todo el Alto Mando Militar. Sin embargo, excluye flagrantemente al Comandante de la Policía Boliviana, a pesar de que la “seguridad integral” del país incluye amenazas internas.
El poder militar se consolida aún más con el Artículo 14, que establece que el Secretario General Permanente del Consejo —su principal operador— deberá ser obligatoriamente un general militar, vetando a cualquier civil experto en la materia. Esto no solo viola el principio de igualdad para acceder a cargos públicos, sino que somete el asesoramiento estratégico del Estado exclusivamente a la doctrina castrense.
El peligro del “enemigo interno”: ¿militares contra bolivianos?
Uno de los puntos más críticos del proyecto es que faculta al COSDEP para proponer un “Plan de Defensa en caso de Conflicto Interno”. Desde el enfoque de los derechos humanos, esto es una receta para el desastre.
Al estar dominado por militares, este Consejo podría fácilmente calificar la protesta social, los bloqueos de caminos o una crisis política como un “conflicto interno” que requiere una respuesta militar, en lugar de una solución policial o de diálogo. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es clara: el uso de las Fuerzas Armadas en conflictos internos debe ser excepcional. Este proyecto, sin embargo, lo normaliza.
El riesgo se agrava por la opacidad con la que operará el Consejo. El Artículo 9.b.7 autoriza el manejo de “información reservada o clasificada”, blindando sus decisiones del escrutinio de la prensa, la sociedad civil y el propio Congreso.
Un bypass a la democracia: operar sin control del Congreso
El proyecto de ley presenta una inconstitucionalidad por omisión al ignorar por completo el rol de la Asamblea Legislativa en la cadena de mando.
La Constitución establece que cualquier declaración de estado de excepción o la movilización de tropas debe ser aprobada por el Congreso. Sin embargo, el PL-103/25 permite al COSDEP “emitir” planes de guerra y defensa interna asesorando directamente al Presidente, sin ninguna obligación de informar o solicitar autorización al Legislativo.
Esto crea una burbuja de poder cerrada donde el Presidente y el Alto Mando Militar podrían ejecutar operaciones de control interno, como la militarización de ciudades, amparándose en resoluciones secretas y dejando a los representantes del pueblo como meros espectadores.
¿Por qué ahora? Debilidad política y la tentación autoritaria
La pregunta clave es por qué un gobierno con una gestión débil y cuya popularidad se intenta maquillar con sondeos de opinión impulsaría una ley de este calibre. Una posible respuesta es que el presidente Rodrigo Paz estaría buscando un “súper órgano” institucional para justificar medidas extremas en un futuro cercano.
Ante un posible estallido social por la crisis económica o la inestabilidad política, contar con un Consejo que legitime el uso de la fuerza militar diluiría el costo político personal del mandatario y le daría una herramienta de represión con apariencia de legalidad. Este proyecto no fortalece la defensa del Estado, sino que blinda al gobierno de turno contra su propio pueblo.
Si bien el proyecto se enfoca peligrosamente en el “conflicto interno”, también otorga al COSDEP la atribución de diseñar el “Plan de Guerra en caso de Conflicto Armado Internacional” y el “Plan de Movilización del Estado”. Planificar la defensa ante una amenaza externa es una función legítima y necesaria de cualquier Estado. Sin embargo, la forma en que está redactado el proyecto representa un riesgo latente.
Un “Plan de Movilización” implica subordinar toda la economía, el transporte privado, las telecomunicaciones y los recursos del país al esfuerzo bélico. La ley no establece ningún límite ni control democrático sobre esta medida, otorgando al Ejecutivo y a los militares un “cheque en blanco”para disponer de los activos de la nación bajo el pretexto de una guerra, sin necesidad de la aprobación o fiscalización previa del Congreso.
Por Roberto A. Barriga – https://plumayespada.online/
