Gobierno ordena la aprehensión de la jueza Lilian Moreno

5 de mayo de 2025
Hace dos días, el abogado Jorge Pérez advirtió que, según la normativa vigente, ningún juez que esté resolviendo una acción constitucional puede ser aprehendido sin que antes el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revise el fallo y emita un informe al Ministerio Público. Ignorar este procedimiento constituye una persecución penal indebida.
Una vez más, el gobierno evidencia una dura persecución, no solo contra el expresidente Evo Morales y otros dirigentes, sino ahora también contra miembros del sistema judicial. La aprehensión de la jueza Moreno pone en evidencia la falta de respeto a la independencia de poderes del Estado.
Mientras tanto, los magistrados autoprorrogados, que han vulnerado abiertamente la Constitución Política del Estado (CPE), continúan impunes bajo la protección del gobierno y en complicidad con sectores conservadores de Bolivia.
El expresidente Evo Morales denunció en sus redes “aquí rige el terrorismo de estado que difama persigue y encarcela a los que piensan diferente. No buscan justicia sino venganza brutal, usan para eso operaciones policiales ilegales abusivas propias de las dictaduras”.
Claramente el aparato estatal se está moviendo según intereses políticos, lo que se resume simplemente en que Evo Morales no participe en las próximas elecciones generales. Incluso el intento de asesinato que sufrió no derivó en ninguna investigación.}
Nadia Alejandra Cruz Tarifa, ex-defensora del Pueblo se manifestó también: «Al igual que en 2020, el gobierno irrumpe independencia judicial y se lanza en cacería de juezas. Pueden o no estar en desacuerdo con esta autoridad judicial, pero el accionar es absolutamente autoritario, abusivo e ilegal.»
El actual defensor del Pueblo, al momento no se tuvo alguna postura al respecto.
El Equipo Jurídico de Defensa de Evo Morales emitió el siguiente Comunicado
*Llamado Urgente al Retorno del Estado de Derecho, el Debido Proceso y el Respeto a la Constitución Política del Estado*
El equipo jurídico de defensa del ciudadano Evo Morales expresa su profunda preocupación y rechazo ante los graves hechos acontecidos el día de hoy, que constituyen un atentado directo contra el Estado de Derecho, la independencia judicial y las garantías constitucionales en Bolivia.
La detención de la juez Lilian Moreno, quien en estricto cumplimiento de sus atribuciones y en ejercicio de su independencia jurisdiccional anuló una orden de aprehensión que no cumplía los requisitos mínimos legales, representa una violación flagrante de los principios más elementales del derecho y la justicia. Es importante destacar que *no existía investigación previa alguna* que justificara la apertura de proceso penal o disciplinario en su contra, lo que agrava aún más la arbitrariedad de esta medida.
Recordamos a la opinión pública nacional e internacional que la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales en materia de derechos humanos consagran el principio de legalidad, el debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia judicial. Procesar, sancionar o detener a una autoridad judicial por el contenido de sus resoluciones, sin que exista delito ni investigación previa, constituye no solo un acto ilegal, sino un grave precedente de persecución política y de violencia institucional, especialmente cuando se trata de una mujer que ejerce funciones jurisdiccionales.
Los hechos descritos configuran, entre otros, los siguientes delitos y vulneraciones:
– Quebrantamiento del principio de legalidad
– Detención ilegal
– Uso indebido de influencia
– Abuso de autoridad
– Persecución política y violencia de género
– Coacción y amenazas a la autoridad judicial
– Desconocimiento de la independencia judicial
– Violación de garantías constitucionales
Advertimos que este acto no solo vulnera los derechos de la juez Lilian Moreno, sino que constituye un mensaje de intimidación, tormento y persecución para todos los jueces y operadores de justicia en Bolivia, quienes hoy se ven obligados a actuar bajo presión de intereses políticos y mandatos del gobierno, en detrimento de la justicia y el Estado de Derecho.
*Exigimos el cese inmediato de toda forma de persecución y hostigamiento contra la judicatura independiente, el restablecimiento pleno del debido proceso y el respeto irrestricto a la Constitución Política del Estado.*
El equipo jurídico de defensa de Evo Morales anuncia que tomará todas las medidas legales nacionales e internacionales necesarias para garantizar los derechos no solo de la juez Moreno, sino de todos los jueces y juezas de Bolivia que hoy trabajan bajo amenaza y coacción.
Finalmente, hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional, organismos de derechos humanos y misiones diplomáticas acreditadas en Bolivia a intervenir y observar de manera inmediata estos hechos, en defensa de la democracia, la justicia y los derechos fundamentales en nuestro país.
*La defensa de la independencia judicial es la defensa de la democracia.*
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