El gobierno de Paz impulsa la ley antibloqueos y la militarización contra la protesta

20 de enero de 2026

El 15 de Diciembre del 2025 el diputado Carlos Alarcon de la bancada UNIDAD, presentó el proyecto de ley antibloqueo, haciendo alusión a la supuesta violencia de los bloqueadores contra la policía y al daño económico que los bloqueos le podrían causar al país. Es importante resaltar que los bloqueos a los que se oponen estos sectores son los bloqueos de los sectores populares, no de su paro empresarial en Santa Cruz que a la gente de a pie no dejaban pasar, pero si a los camiones de Sofía.

Este proyecto de ley no solo pena el acto de bloquear, con de 3 a 6 años de cárcel, sino que de manera arbitraria abre la posibilidad de ir hasta por 30 años a la cárcel por posibles daños a la propiedad privada, es decir, una persona ejerciendo su derecho a la protesta podría sufrir hasta 30 años de cárcel.

Como parte de penalizar la protesta, también les daría carta blanca a la policía y al Ejército, según el artículo 3 de este proyecto de ley, los oficiales policiales y del ejército que puedan violentar a las personas protestando, no tendrían la más mínima repercusión, estipulando que las personas que sean parte de los operativos de desbloqueo no tendrían ninguna responsabilidad penal, disciplinaria ni administrativa, en la práctica dándole el visto bueno a la policía y el Ejército para matar.

En ese mismo artículo, la ley plantea que el Estado debe armar de mejor manera a los operativos policiales y militares en contra de protestas, dotándolos de armas y más agentes químicos para llevar a cabo su represión. Además, estipula que la policía vaya acompañada de efectivos militares desde el principio en las “zonas rojas”, como las llama el proyecto de ley. Esto implica habilitar el uso del Ejército en la represión de las protestas sin excusa alguna, abriendo las posibilidades a una mayor represión por parte del Estado.

La Policía ya goza de cierta impunidad con asesinatos como los de Colcapirhua, siendo desestimados o permitiéndose la defensa en libertad de los perpetradores. Sin embargo, el salto de una impunidad ejercida desde la corrupción y los círculos de poder en las instituciones a una impunidad consagrada en la propia ley, es una arremetida directa contra el pueblo trabajador.

Paz y el PDC impulsan la ley

En los últimos días, gracias a la movilización y bloqueo de carreteras que se llevó a cabo de mano de las bases de la COB y la CSUTCB, se pudo ver la emergencia del movimiento de masas, que no está derrotado. Estas gigantes movilizaciones llegaron a ser una marcha de casi medio millón de personas con más de 60 puntos de bloqueo instalados, no llegaron a sus últimas consecuencias porque la burocracia de la COB terminó traicionando a los trabajadores en las negociaciones con el gobierno, dejando que la clase trabajadora pague por la crisis capitalista.

Tras esas movilizaciones, el 15 de enero, salió Paz haciendo alusión al proyecto de ley antibloqueo, donde dijo que mandaría a la cárcel a cualquier persona que tenga un explosivo en posesión. Esta es una forma de descalificar las movilizaciones ya que históricamente las marchas en Bolivia han hecho uso de cachorros de dinamita.

Un día antes el diputado del PDC Edgar Rojas llamó criminales a la gente que protesta contra el gobierno y dijo que pedirá 20 años de cárcel contra las personas que usen explosivos en las protestas.

La fuerza del PDC y Paz se van sumando al proyecto de ley que presentó Alarcón de Unidad hace 1 mes, porque tras lo sucedido las últimas semanas, se les hace evidente que si no disciplinan de una manera más severa a la clase trabajadora, la clase trabajadora pone al gobierno de Paz y su plan de ajuste en jaque.

Para esto buscan meter al Ejercito a romper protestas y darle más armamento a la policía, mientras les dan una carta blanca para matar sin ninguna consecuencia (como ya pasó antes en Colcapirhua). Este proyecto de ley y las declaraciones de Paz y Edgar Rojas son un ataque directo contra el derecho a la protesta de la clase trabajadora.

Aunque el proyecto de ley aún no ha sido sancionado ni aprobado por el Pleno de la Asamblea, el avance hacia conformar una “comisión integrada” para unificar los distintos Proyectos de Ley y propuestas de la misma temática, no es más que una trampa institucional destinada a legitimar un plan de criminalización de la protesta. Bajo el pretexto de “unificar proyectos”, “socializar” la norma o moderar penas que pueden llegar hasta los 30 años, se busca maquillar una ley profundamente represiva. Por esto, es importante comenzar a denunciar que cualquier intento de regular el derecho a la movilización sirve únicamente a los intereses del Estado burgués para aplastar las luchas populares. Por eso, ninguna organización social, sindical o campesina debe participar de estas comisiones, sentarse en esas mesas no es dialogar, es convalidar una ofensiva contra el pueblo, como ya ocurrió con el D.S. 5503. La única posición consecuente es el rechazo absoluto a cualquier ley antibloqueo y a toda negociación al respecto.

El objetivo de toda la burguesía boliviana

Este intento de penalización de la protesta no viene exclusivamente de un partido o de dos, sino de la mayor parte del espectro político representando en la Asamblea Legislativa hoy en día, es decir de los diferentes partidos de la burguesía nacional. Incluso, antes del proyecto de ley de Alarcón, ya se había presentado otro proyecto antibloqueos, esta vez impulsado por Claudia Mallón, de Súmate.

Lo que esto demuestra es que la imposición de una ley que, en la práctica, ilegaliza la protesta, no es el deseo de una o dos personas aisladas, sino el objetivo que tiene toda una clase, la clase que no trabaja y vive del trabajo ajeno. Si atacan el derecho a la protesta, atacan todos nuestros derechos. Por eso, la lucha contra esta ley no puede separarse de la pelea contra todo el paquetazo de ajuste. No es casual que esta ofensiva contra la protesta llegue después de una lucha impresionante que se desarrolló contra el DS 5503, pero de conjunto contra el plan de ajuste que pretenden implementar. Esta lucha recién empieza y mediante estos decretos buscan tener la legalidad para disciplinar y silenciar justamente a quienes salen a defender sus condiciones de vida.

Además, recordemos que todos los derechos fueron conquistados en procesos de lucha históricamente ganados, por eso el arremeter contra el derecho a protestar en los hechos es arremeter contra todos nuestros derechos y allanarse la posibilidad de retroceder en los mismos como vienen haciendo los sectores de ultraderecha a nivel internacional.

Por eso, desde la LOR-CI denunciamos este proyecto de ley y el intento de la militarización en contra de las protestas, el derecho a la protesta conquistado por la clase trabajadora, no es negociable. Debemos organizarnos en contra de este gobierno que intenta ilegalizar la protesta para imponer más fácilmente un ajuste y disciplinarnos a favor del imperialismo. También luchamos por el desfinanciamiento de las fuerzas represivas, por eso decimos: ¡basta de financiar la represión policial y militar, triplicar el presupuesto para la educación y la salud!

Por Matthias Zizka – LID