Bolivia y la política del bloqueo

16 de junio de 2026

Los primeros seis meses del gobierno de Rodrigo Paz han estado marcados por una profunda desconexión con la realidad del país que pretende gobernar y una subordinación cada vez más evidente hacia los intereses de Estados Unidos. La política de Paz no guarda relación con las disputas internas que atraviesa el Estado Plurinacional; más bien, responde a una receta importada desde Washington que, en su pugna geopolítica con China, ha reactualizado la vieja Doctrina Monroe bajo nuevas formas: extorsiones económicas, una retórica de lucha contra el narcoterrorismo y el condicionamiento de los países de la región para reconvertirlos en su patio trasero.

En Bolivia, esa agenda se ha traducido en intentos de profundizar la liberalización económica, abrir espacios para la privatización de recursos estratégicos, modificar las relaciones de propiedad sobre la tierra y trasladar el costo de la crisis hacia los sectores populares mediante el incremento de precios y el deterioro de los servicios públicos.

La política de Paz no guarda relación con las disputas internas que atraviesa el Estado Plurinacional; más bien, responde a una receta importada desde Washington que, en su pugna geopolítica con China, ha reactualizado la vieja Doctrina Monroe bajo nuevas formas

A ello se suman las reiteradas declaraciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, que no solo han reiterado su apoyo al mandatario sino que han impuesto la narrativa de que no permitirán que «ningún bloque» interfiera en su hemisferio con financiamiento del narcotráfico; guión que ha servido para justificar la persecución, las detenciones extrajudiciales y, en los casos más extremos, el asesinato de quienes se movilizan contra esta reconfiguración neoliberal.

Sin embargo, Bolivia ha respondido de manera distinta a otros países de la región donde esta receta ya fue aplicada y esto porque existe un factor diferenciador: el componente identitario y la lucha por la autorepresentación del bloque popular que ha sido la punta de lanza para disputar y dar freno a las medidas que no representan al bloque popular.

Política del bloqueo

Son más de 40 días consecutivos de bloqueos y movilizaciones los que se llevan acumulados hasta la fecha en Bolivia. Las protestas de la Central Obrera Boliviana (COB) que comenzaron a inicios de mayo han dejado aisladas a La Paz y El Alto y en las últimas semanas se extendieron a otras regiones del país. Las acumulación de demandas sociales terminaron con detonar en un pedido único: la renuncia de Rodrigo Paz.

De acuerdo con Álvaro García Linera, exvicepesidente de Bolivia que ha escrito un amplio análisis para la Revista Ant/agón, son tres las agresiones que han gatillado los malestares más profundos de la sociedad boliviana en este momento y que  desencadenó lo que él mismo califica como una rebelión indígena y campesina contra el gobierno de Paz.

1) Un descontento social por la situación económica del país que se arrastra desde la pésima gestión de Luis Arce y que se agravó con la subida de precios impulsada por la administración de Paz, la cual sumió al pueblo en una crisis sin una compensación duradera y real para los sectores populares. La eliminación del subsidio a los combustibles, mediante el Decreto Supremo 5503, ha sido uno de los detonantes centrales de la protesta.

2) La sensación de traición de Paz. El mandatario ganó las elecciones casi como un golpe de suerte, gracias al voto popular del occidente que optó por él por descarte, a modo de impedir que el candidato ultraderechista de las oligarquías, Quiroga, se hiciera con el gobierno. Pero no bien fue posesionado, Paz cambió de interlocutores. Ya no eran los campesinos ni los vecinos que le dieron el voto con los que se codeaba para promulgar los decretos a su favor, sino las corporaciones empresariales. Los perdedores de las elecciones se hicieron del gobierno y

3) El desconocimiento del periodo histórico en el que los pueblos indígenas-campesinos experimentaron por primera vez en siglos el reconocimiento pleno de su ciudadanía (2006-2019), en el que accedieron masivamente a cargos públicos y abandonaron la miseria. Ese ciclo fue descalificado por el gobierno y por su coro de escribanos como meros tiempos de «barbarie», de «prebenda», de «desinstitucionalización» y de «dictadura», conminando nuevamente a la mayoría del país.

El bloqueo en Bolivia no es una medida radical, sino que responde a una institucionalidad paralela fuera de la institucionalidad gubernamental como medida de presión

Estos hechos son la caracterización más apropiada para entender el malestar colectivo que ha reactivado la política del bloqueo en Bolivia. Una política que remite a la memoria del cerco indígena de las rebeliones preindependentistas, que significa la toma del poder desde abajo.

El bloqueo en Bolivia no es una medida radical, sino que responde a una institucionalidad paralela fuera de la institucionalidad gubernamental como medida de presión. Las decisiones se toman bajo una lógica sindical y de organización campesina: los dirigentes se reúnen con las bases en asambleas para debatir y determinar la estrategia y las tácticas; las resoluciones adoptadas por el comité ejecutivo se publican, debaten y aplican en cada uno de los ámbitos territoriales. Todo esto sucede como un ejercicio político de representación directa donde todas y todos asumen su rol político y cada quien debe asumir responsabilidades (bloquear, marchar, trabajar) como parte de la institución sindical/comunitaria.

Después de 40 días, los bloqueos han entrado en una dinámica de expansión y reducción dependiendo del contexto, pero han aumentado su radicalidad. Es el sector campesino aymara quien sigue manteniendo el liderazgo y no ha retrocedido en su demanda de renuncia del presidente; al contrario, ha radicalizado las medidas, desconociendo a dirigentes que busquen dialogar con el gobierno. Si los dirigentes no responden a las demandas colectivas las bases no dudan en destituirlos y elegir otros por consenso, porque la traición significaría la aceptación de la represión como una humillación al sector campesino, una constatación de que sus vidas no valen nada.

Política del desgaste

El gobierno ha optado por la política del desgaste. El envío de policías y militares para intentar desbloquear por la fuerza ha sido una constante, pero el propio oficialismo ha reconocido que esa estrategia solo incrementa la indignación y puede acrecentar el conflicto. Tras semanas de especular con un Estado de excepción y generar un ambiente de psicosis colectiva —que remite tanto al golpe de Estado de 2019 como a los gobiernos dictatoriales de la historia boliviana— Paz ha definido dar golpes aislados pero contundentes, declarando un Estado de excepción casi de facto. Esto demuestra que, al igual que el bloque popular, el gobierno ha aprendido de sus antecesores en esta nueva correlación de fuerzas.

El gobierno ha aplicado una política paralela sostenida en el miedo: arrestando  dirigentes sociales o incluso civiles de manera aleatoria y extrajudicial para sembrar terror en la población y evitar la organización o incluso la denuncia.

Rodrigo Paz ha optado por la política del desgaste enviando a policias y militares a intentar desbloquear por al fuerza pero ha reconocido que eso solo incrementa la indignación y puede acrecentar el conflicto

Como ha funcionado en la historia del país, la protesta ha sido el mecanismo para hacer renunciar presidentes. Pero Paz ha aprendido de sus antecesores. A diferencia de Gonzalo Sánchez de Lozada o Jeanine Añez, quienes respondían a la movilización con violencia, militarización y terror de Estado, Rodrigo Paz ha entendido que la confrontación directa e inmediata con tanques en las calles no necesariamente resuelve el problema, sino que podría ser el detonante de una revolución en la que, de acuerdo con los antecedentes bolivianos, el pueblo podría salir victorioso.

Anacronismo neoliberal

Parece existir cierta ceguera para entender a cabalidad lo que pasa en Bolivia, comenzando por la intelectualidad conservadora que no reconoce el problema colonial y terminando por cierto sector progresista que ve en el bloque popular “una derrota social”. Ambas lecturas arrastran el sesgo del neoliberalismo: no logran leer a Bolivia como un país indígena que no necesariamente tiene que definir su política en términos de izquierda o derecha dentro de un sistema político partidario, sino en función de la representación social.

Por un lado la derecha que continúa interpretando la movilización social solo como una resultado de un gobierno “prebendalista y cooperativista premoderno” que busca restituir “privilegios sindicales” y no como la búsqueda por la recuperación del momento constitutivo de reconocimiento indígena donde los bienes públicos se convirtieron en derechos sociales y donde se desplazó a las élites para reemplazarlas por las clases populares. Sumado a eso la persistencia de interpretaciones regionalistas que tampoco logran comprender que la disputa boliviana remite a una cuestión colonial de larga data relacionada con el lugar que ocupa el sujeto indígena dentro del proyecto nacional.

Y por otro lado, cierto sector progresista continúa realizando análisis paternalistas sobre por qué la izquierda no gobierna, simplificando la no participación del bloque popular en el sistema político formal como una simple disputa de egos entre Morales y Arce. Olvidando mencionar a un sector de la población (equivalente al  porcentaje que dio el triunfo a Paz) que decidió votar en nulo como una posición política ante elecciones antidemocráticas en 2025. Evitan cuestionarse por qué, a pesar de haber tenido un representante del bloque popular como Andrónico Rodríguez, cierta base social decidió votar a Paz y no a él.

Parece existir cierta ceguera para entender a cabalidad lo que pasa en Bolivia, comenzando por la intelectualidad conservadora que no reconoce el problema colonial y terminando por cierto sector progresista que ve en el bloque popular “una derrota social”.

Quizás la respuesta es que, en las elecciones de 2025, los sectores populares se quedaron sin representación porque el candidato posible no fue electo desde la organización.

Es curioso que ambas posiciones cometan el mismo error de las elecciones y sitúen nuevamente a Evo Morales como un factor decisorio en la movilización, quitando agencia a las cientos de miles de personas que se han movilizado de manera constante contra el gobierno de Paz exigiendo su renuncia. Morales continúa siendo el referente político visible de mayor relevancia, pero no es quien dirige las protestas en esta ocasión. Sin embargo, su figura ha servido como chivo expiatorio para el gobierno para polarizar la discusión y para el sector progresista para asumir una «derrota» del bloque popular.

Ambas lecturas terminan negando la agencia política de cientos de miles de personas movilizadas y refuerzan una visión paternalista reduciendo un conflicto complejo a la voluntad de solo dirigentes.

La nueva relación entre sociedad civil y sociedad política

Bolivia vuelve a colocarse en el centro del debate latinoamericano no solo como ejemplo de movilización social y rechazo a las políticas neoliberales, sino también como un espacio privilegiado para analizar las transformaciones contemporáneas del Estado y de la representación política.

Lo que sucede hoy no puede entenderse únicamente a partir de la coyuntura. Los más de cuarenta días de bloqueos son la expresión visible de una fractura en el pacto social construido desde la llegada del MAS al gobierno en 2005 y consolidado con la refundación del Estado Plurinacional en 2009.

La situación actual no puede definirse como una victoria ni como una derrota definitiva para ninguno de los actores en disputa. Lo que se encuentra en juego es la construcción de una nueva hegemonía política. Ningún proyecto ha logrado consolidar una dirección estable del país y la correlación de fuerzas continúa abierta.

También resulta evidente que ningún proyecto político podrá construirse prescindiendo de los pueblos indígenas como sujetos centrales de la vida nacional. No basta con que los dirigentes se parezcan a las mayorías o hablen en su nombre. Deben representarlas efectivamente y ser reconocidos por ellas.

Bolivia vuelve a colocarse en el centro del debate latinoamericano no solo como ejemplo de movilización social y rechazo a las políticas neoliberales, sino también como un espacio privilegiado para analizar las transformaciones contemporáneas del Estado y de la representación política.

Bolivia atraviesa, además, un proceso de reafirmación del imaginario político surgido durante el proceso de cambio. Las demandas actuales no se limitan a la defensa de derechos conquistados; expresan también una voluntad de disputar nuevamente el poder y de ampliar la participación popular en la definición del rumbo nacional.

La centralidad adquirida por la demanda de renuncia presidencial y el cuestionamiento a los sectores de la vieja élite política muestran que la realidad del país ha cambiado profundamente. Más que una protesta coyuntural, lo que se discute es quién tiene legitimidad para gobernar y bajo qué mecanismos de representación.

Con el gobierno de Rodrigo Paz se inaugura una nueva dinámica de confrontación y negociación. Tanto el Estado como las organizaciones sociales experimentan nuevas formas de presión, resistencia y control político. El diálogo, la coerción y la movilización ya no operan bajo las mismas reglas que dominaron la política boliviana durante las últimas dos décadas.

En este momento, el bloqueo continúa siendo una herramienta fundamental, pero ya no suficiente por sí sola. Las organizaciones sociales enfrentan el desafío de reinventar sus mecanismos de presión y negociación, mientras el Estado descubre que la coerción abierta tampoco garantiza estabilidad. La disputa permanece abierta y su desenlace dependerá de quién logre construir legitimidad en una sociedad donde la representación política continúa siendo el principal terreno de conflicto.