Bolivia al borde de la lista gris: qué exige GAFILAT y cómo afectará a todos

18 de junio de 2025

En junio de 2025, Bolivia asumió un compromiso político crucial con GAFILAT y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para fortalecer su sistema de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El mensaje es contundente: si Bolivia no implementa cambios urgentes y profundos, entrará en la «lista gris», un grupo de países considerados de alto riesgo financiero a nivel global.

Estar en esa lista no es un tecnicismo. Significa costos más altos para exportar e importar, restricciones bancarias internacionales, pérdida de inversiones y menos acceso al crédito externo. Las consecuencias no las sufren solo las grandes empresas, sino también los pequeños comerciantes, emprendedores y ciudadanos de a pie.

Las exigencias de GAFILAT no se limitan al narcotráfico. Incluyen cerrar las puertas al lavado de dinero proveniente de corrupción, contrabando, tráfico de oro, madera, trata de personas e incluso del uso no regulado de criptomonedas.

El problema es estructural. Bolivia es un país donde más del 80% trabaja en la informalidad, y eso choca de frente con los estándares internacionales de transparencia financiera.

Adaptarse para GAFILAT no es opcional: es la condición para seguir conectado al sistema financiero global.

Uno de los cambios más significativos es la creación de un Registro de Propiedad Beneficiaria. Toda empresa deberá declarar quiénes son sus verdaderos dueños, no solo los socios visibles en el papel. Esto busca impedir que narcotraficantes, contrabandistas o corruptos oculten dinero a través de sociedades de fachada.

Actualmente, esta información debe actualizarse al renovar la licencia de funcionamiento o cuando hay cambios, pero GAFILAT exige que la actualización sea inmediata y obligatoria, idealmente con un plazo máximo de 30 días.

Para los negocios formales, desde inmobiliarias hasta microempresas, esto implica más exigencias documentales, pero también mayor seguridad jurídica y transparencia.

Hoy en Bolivia, congelar cuentas vinculadas a terrorismo o proliferación de armas requiere trámite judicial, lo que genera demoras incompatibles con los estándares internacionales. GAFILAT exige que los congelamientos sean inmediatos, sin previo aviso y sin necesidad de orden judicial previa. Aunque Bolivia avanzó creando un protocolo que permite congelar en un día hábil, aún debe eliminar la necesidad de ratificación judicial posterior.

Para bancos, cooperativas y financieras, esto implica automatizar sistemas que revisen en tiempo real las listas internacionales de personas o entidades sancionadas.

Por primera vez, actividades como las inmobiliarias, notarías, estudios contables, abogados y casas de cambio serán formalmente reguladas como sujetos obligados, al mismo nivel que los bancos.

Esto significa que deberán aplicar controles para conocer a sus clientes, verificar el origen de los fondos y reportar operaciones sospechosas. Comprar una casa, vender un terreno o mover grandes sumas sin justificar el origen del dinero será, simplemente, inviable.

Bolivia antes prohibía las criptomonedas ahora debe aceptar regularlas. Los exchanges de criptomonedas deberán registrarse formalmente, aplicar procedimientos de debida diligencia, monitorear operaciones y reportar actividades sospechosas.

Se acabaría, así, la compraventa informal de criptoactivos en el país.

Hasta hoy, si un funcionario de un banco avisa a un cliente que está siendo investigado por lavado, no comete ningún delito en Bolivia. Eso cambiará.

La práctica conocida como «tipping-off» será penalizada con multas severas y hasta cárcel. Las entidades financieras estarán legalmente obligadas a no alertar a clientes que sean objeto de reportes o investigaciones.

El régimen sancionatorio boliviano es, hasta ahora, débil. Las multas actuales son bajas y no desincentivan las malas prácticas. Las reformas buscan elevar las sanciones a niveles realmente disuasivos, como multas de hasta el 5 % del capital en bancos y escalas proporcionales sobre ingresos para otros sectores, aunque GAFILAT recomienda subir aún más esos techos.

Además, las empresas, no solo las personas físicas, serán penalizadas penalmente cuando faciliten el financiamiento del terrorismo o el lavado.

Actualmente, las técnicas especiales de investigación (interceptaciones, agentes encubiertos, decomisos patrimoniales equivalentes) sólo pueden aplicarse a narcotráfico y trata de personas. No al lavado autónomo, la corrupción o el contrabando.

GAFILAT exige ampliar ese marco. Las autoridades bolivianas deberán tener la capacidad legal para aplicar esas técnicas contra cualquier delito que genere lavado de activos o financiamiento ilícito.

Estos cambios suponen un verdadero shock para la economía informal. Abrir una cuenta bancaria, enviar o recibir transferencias, participar en operaciones inmobiliarias o manejar grandes volúmenes de efectivo será casi imposible si no se puede justificar documentalmente el origen de los fondos. Habrán más preguntas, más comprobantes, más documentación a presentar, esto lo exige GAFILAT.

Las inmobiliarias, los notarios y los profesionales que antes miraban hacia otro lado estarán obligados a rechazar operaciones sospechosas o poco claras.

Si Bolivia no cumple, las consecuencias serán inmediatas:

a. Bancos internacionales dejarán de operar con entidades bolivianas o elevarán costos de transacción.

b. Exportaciones e importaciones serán más caras y más lentas.

c. Caerá la inversión extranjera directa.

d. El financiamiento internacional será escaso y costoso.

La economía sufrirá, desde el gran exportador hasta el vendedor ambulante.

Adaptarse a los estándares de transparencia financiera internacional, aunque duela en una economía con alta informalidad, o convertirse en un país aislado, riesgoso, desconectado del sistema financiero global. Es una decisión que hay que tomar.