Bolivia, 40 días después: continúa el bloqueo y fracasa el diálogo

9 de junio de 2026

Después de 40 días, el conflicto social en Bolivia parece haber ingresado en una fase de empantanamiento. Ni el Gobierno ha conseguido recuperar la iniciativa política ni los sectores movilizados han logrado forzar una negociación bajo sus condiciones. El resultado es un país que gravita entre el desgaste y la confrontación. La posibilidad de una salida dialogada sigue siendo más una consigna que una realidad. Y la presión por declarar un estado de excepción es cada vez más punzante.

A mediados de la pasada semana, las organizaciones movilizadas enviaron una nota al Ejecutivo planteando condiciones mínimas para iniciar conversaciones: cese de la represión, de la persecución política, liberación inmediata de los detenidos y atención y resarcimiento a los heridos. El Gobierno insistió públicamente en su disposición al diálogo. Sin embargo, las aprehensiones a dirigentes continuaron y terminaron debilitando cualquier expectativa de acercamiento.

La posibilidad de una salida dialogada sigue siendo más una consigna que una realidad

El principal problema es que el diálogo nunca llegó a constituirse en un proceso político real. Hubo reuniones parciales, contactos sectoriales y convocatorias dispersas, pero nunca una invitación formal con agenda definida, fecha, lugar y metodología clara.

Mientras la desconfianza se profundizaba, el Gobierno avanzó en otro frente. La Asamblea Legislativa aprobó una ley que reglamenta los estados de excepción que el Ejecutivo necesitaba para movilizar a los militares en contra de los bloqueos.

La abogada Ninoska Durán señala que la mayor preocupación ha sido generada por la incorporación a la ley del principio de presunción de legalidad y buena fe en las actuaciones de las fuerzas del orden. Sostiene que la disposición ofrece garantías anticipadas frente a posibles cuestionamientos por un uso excesivo de la fuerza. Los defensores de la ley argumentan, en cambio, que lo que se busca es otorgar seguridad jurídica a quienes ejecuten las medidas de contención de la emergencia dispuestas por el Estado.

Bolivia está en un empate. Nadie consigue imponerse. Nadie quiere retroceder

Esta discusión no ha sido técnica, sino política, pues Bolivia es un país marcado por una larga historia de estados de sitio y masacres en medio de conflictos sociales, por lo que cualquier ampliación de las facultades coercitivas y la discrecionalidad de las fuerzas del orden despierta temores. En la memoria reciente están las masacres ejecutadas en el gobierno de facto de Jeanine Añez, cuyas víctimas hasta ahora no han encontrado justicia.

El sábado el Gobierno desplegó un operativo de desbloqueo en San Julián, localidad de Santa Cruz tradicionalmente rebelde con las élites de esta región, que son conservadoras. El objetivo fue quebrar uno de los puntos estratégicos del conflicto. Participaron efectivos policiales y grupos civiles integrados por la Unión Juvenil Cruceñista, grupo que los expertos en derechos humanos consideran «parapolicial y violento». El saldo de esta acción fue de una decena de personas heridas y una escalada de la tensión política.

El dato político relevante es que el operativo no consiguió su objetivo. El bloqueo no pudo ser disuelto de manera sostenible ni se modificó la correlación de fuerzas en el terreno. En cambio, lo que la acción policial sí produjo fue una profundización de las fracturas entre los habitantes de San Julián, que en buena parte son “collas” o campesinos inmigrantes (provenientes de la zona aymara del país) y la Unión Juvenil Cruceñista que se arrogan representaciones locales. La presencia de estos civiles actuando junto a las fuerzas del orden constituye uno de los aspectos más preocupantes de toda la crisis. Aquí la frontera está definida: el orden público está en manos del Estado. Si esta regla es alterada, el Gobierno acaba promocionando la confrontación entre sus ciudadanos y los resultados pueden desgarrar el tejido social que el Estado debía cuidar primero que nadie.

El operativo demostró que la fuerza tampoco sirve para resolver el conflicto. Por el contrario, cada intervención represiva parece reforzar la cohesión de los sectores movilizados.

Mientras no encuentre la forma de reconstruir mínimos niveles de confianza, el país seguirá atrapado en un conflicto mucho más profundo que un bloqueos de carreteras

Esta es la razón por la que muchos creen que la aprobación de un estado de excepción produciría resultados opuestos a los que espera el gobierno. Una escalada mayor podría reagrupar fuerzas dispersas, aclarar y fortalecer liderazgos y reconstruir solidaridades que hoy, tras tantos días de lucha, muestran signos de desgaste.

Mientras tanto, la presión continúa aumentando en el Chapare, sede de los cocaleros bolivianos y bastión político de Evo Morales; allí permanece replegado desde hace varios meses para evitar su detención por acusaciones judiciales por presunto estupro y trata de personas. Durante varios días ha habido cortes de energía eléctrica en la zona, que han sido interpretados por los cocaleros como mecanismos de amedrentamiento político, lo que el Gobierno ha negado.

Este mantiene la tesis de que Morales es el principal articulador de las movilizaciones. Esta explicación es muy limitada para describir la complejidad del escenario actual. El evismo tiene intereses políticos en el desarrollo de la crisis y participa activamente de ella, pero atribuirle la conducción total del conflicto implicaría desconocer la diversidad de organizaciones, demandas y actores que intervienen en el proceso.

De hecho, una de las dificultades que enfrentó el Ejecutivo desde el inicio fue perder de vista que las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y vecinales que hoy participan de las protestas responden a dinámicas propias y no necesariamente a una dirección única.

Las élites económicas y políticas que reclamaron mano dura desde el inicio del conflicto no se han convertido en un sostén plenamente confiable para Rodrigo Paz

La madrugada del domingo, pocas horas después de la aprobación de la ley de estados de excepción, el presidente Paz publicó un mensaje agradeciendo la resistencia de la población a las dificultades provocadas por los bloqueos. El tono buscó transmitir serenidad y fortaleza. En esencia, la apuesta gubernamental sigue siendo la misma: administrar el desgaste hasta que las medidas pierdan capacidad de presión.

La intelectualidad cercana al oficialismo defiende que evitar medidas extremas y permitir que el conflicto se desgaste por sí mismo va a consolidar la imagen de Rodrigo Paz como un líder pacifista y a marcar una derrota histórica de las formas tradicionales de protesta del movimiento popular.

Pero, ¿con qué legitimidad gobernará Paz en adelante?  Más allá de cómo termine el conflicto, los bloqueos han puesto en evidencia una ruptura total entre el Gobierno y los sectores sociales que contribuyeron a su victoria electoral.

Un elemento internacional complicó aún más las posibilidades del diálogo. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, atribuyó la crisis boliviana al “narcoterrorismo”, lo que fue mal recibido entre los sectores movilizados y agradecido por el oficialismo. Para muchas organizaciones, las palabras del funcionario estadounidense equivalieron a una criminalización de la protesta social y son la constancia del “intervencionismo gringo” en el país.

En otro frente, las élites económicas y políticas que reclamaron mano dura desde el inicio del conflicto no se han convertido en un sostén plenamente confiable para Rodrigo Paz. En ellos persisten las dudas respecto a la solidez política del oficialismo. El intento permanente de Paz por convertirse en el representante político de estos sectores no ha disipado completamente estas reservas.

Bolivia está, entonces, en un empate. Nadie consigue imponerse. Nadie quiere retroceder. Los bloqueos muestran señales de desgaste, pero cada intervención estatal vuelve a otorgarles energía política. El Gobierno resiste, pero no consigue reconstruir la legitimidad perdida. Los movilizados mantienen su capacidad de presión, pero tampoco encuentran una salida clara.

Mientras no encuentre la forma de reconstruir mínimos niveles de confianza, el país seguirá atrapado en un conflicto mucho más profundo que un bloqueos de carreteras. Esto tiene historia: ¿quién me representa? ¿Quién tiene derecho a ostentar el poder? ¿A quién le pertenece esta nación?

Susana Bejarano