17 de noviembre de 2025
(Recupero un textito de 2021 -publicado en un libro colectivo editado por Imagen Docs– y, sobre todo, algunas imágenes de 2019, 2020 y 2021 para recordar los seis años de la masacre de Sacaba y honrar la memoria de los caídos.)
El puente de Huayllani, en Sacaba, fue escenario de uno de los episodios más sangrientos y dolorosos de la crisis del 20/O de 2019: el viernes 15 de noviembre, un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad (policías y militares) y cocaleros acabó con la vida de nueve personas (*). Todos cocaleros. Fueron abatidos en su afán de ingresar a la ciudad de Cochabamba para seguir su paso hacia La Paz, donde pretendían instalarse en protesta para pedir el retorno del expresidente Evo Morales y la renuncia de Jeanine Áñez. Dijeron que su marcha era pacífica, pero estaba lejos de ser así, como tampoco fue amable la respuesta de los uniformados. Poco más se sabe de ese hecho.
A casi dos semanas de la matanza de Huayllani, los medios recién volvieron al lugar. El repliegue de los cocaleros dejó al descubierto la escena del crimen, de los crímenes. Los canales de televisión se prodigaron en despachos en vivo de las instalaciones policiales arrasadas presuntamente por los seguidores de Evo. Más impactantes que esas imágenes en movimiento, repetidas y previsibles en esa coyuntura, aunque no por ello menos condenables, fueron las tomas fijas que se publicaron tras la inspección de la Fiscalía al retén de Huayllani, el miércoles 27 de noviembre. Eran fotos que registraban las huellas de los proyectiles que se dispararon ese viernes en Sacaba: boquetes que atraviesan postes metálicos, impactos que horadan puertas y muros de viviendas, heridas que revelan las tripas de los árboles en la zona. El periódico Opinión dijo haber verificado siquiera 15 de esas marcas, circunvaladas con pintura azul para fines investigativos, que fueron provocadas por proyectiles de armas cuyo origen aún se desconoce.
Pocos hablaron de esas huellas recién descubiertas de la masacre; pocos compartieron en redes esas imágenes fijas que provocaban y provocan escalofríos en los reporteros que cubrieron la refriega; pocos se indignaron a voz en cuello ante la virulencia desmedida que revelaban esos agujeros. Acaso porque esas imágenes aún estaban frescas. Acaso porque sugerían una versión de los hechos que iba a contramano de la hipótesis más extendida por el régimen de Áñez y sus aliados sobre las muertes en Huayllani, esa que asegura que fueron provocadas por “fuego amigo”, por infiltrados armados del bando cocalero que dispararon contra sus propios compañeros para culpabilizar al Gobierno transitorio.
Más prensa mereció un mural que estaba siendo pintado, el último fin de semana de noviembre de 2019, a la altura del kilómetro 10.5 de la carretera nueva Cochabamba-Santa Cruz, a pocos metros de donde se instaló la vigilia cocalera, a pocos metros de donde cayeron nueve cocaleros. “Por la paz de nuestros pueblos originarios” es el título del mural de 50 metros pintado por 12 artistas, que estamparon sobre la pared una bandera y una wiphala unidas, el rostro de una niña indígena y hojas de coca cayendo como lágrimas, una por cada uno de los muertos.
El mural era (¿es?) la imagen que muchos, cuando no la mayoría, prefiere ver. La imagen que sintetiza el llamado a la pacificación que se impuso como ley tras la asunción del Gobierno transitorio. La imagen que quiso borrar de un plumazo la sangre de los heridos, las heridas de los caídos, la memoria de los muertos. Frente a la pintura que expresa un deseo entonces hegemónico de reconciliación, funcional a una pretensión nada disimulada de olvido de las muertes, asomaron las fotografías del exceso represivo que segó vidas y de la impunidad institucionalizada con que se pretendió acallar las voces disidentes. Podrán hacerse uno y más dibujos para conducir la mirada hacia eso que quiso ver la facción triunfante de la guerra del 20/O. Pero, ni siquiera cubriendo con figuras todas las paredes de Sacaba (o de El Alto) será posible tapar los boquetes de los proyectiles. Habrá ojos que no se distraigan en los murales y se acerquen a los postes y árboles heridos por las balas de la matanza. Habrá manos que hurguen en esas heridas. Habrá memorias que guarden las imágenes de esas balas contra el olvido.
Quince meses después
Este texto fue originalmente publicado el 2 de diciembre de 2019, en el portal de ImagenDocs, cuando Jeanine Áñez no llevaba ni un mes en el Gobierno. Mentiría si dijera que nada ha cambiado desde entonces. Entre la escritura de su primera versión y la entrega de esta nueva para el presente libro hubo un régimen eternamente transitorio, una pandemia que lo trastocó todo, unas elecciones nacionales en las que volvió a ganar el MAS y el repliegue de las fuerza políticas conservadoras que gobernaron el país entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020.
Las investigaciones judiciales por las muertes en Huayllani y Senkata, que avanzaron poco o nada durante la transición, se aceleraron en los primeros meses de la gestión de Luis Arce en la presidencia. Por los hechos registrados el 15 de noviembre han sido imputados los militares Alfredo Cuéllar, excomandante del Comando Estratégico Operacional de Cochabamba, y Sergio Carlos Orellana, excomandante nacional de las FFAA; los policías Jaime Zurita, excomandante de la Policía de Cochabamba, y Rudolfo Montero, excomandante general de la Policía Boliviana; los políticos Arturo Murillo, exministro de Gobierno de Áñez, y Luis Fernando López, su exministro de Defensa. Los exministros fueron los primeros en escapar tras la victoria electoral del MAS, mientras que los dos comandantes departamentales participan de sus procesos, estando Cuéllar –al cierre de este texto– con detención domiciliaria. Sobre ellos pesan, entre otros, los cargos de asesinato y tentativa de asesinato.
En el lado sur de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, unos metros después del retén de Huayllani y poco antes del desvío de ingreso a Sacaba, los familiares de los cocaleros caídos montaron un santuario que ha ido poblándose de fotos, flores, velas y carteles que piden justicia. Levantado sobre una pequeña loma con cemento y tinglado, el improvisado templo es punto de reunión de deudos y líderes sindicales-políticos de los cocaleros, pero también de gente particular que les rinde sus respetos a los difuntos con coca, licor, velas y oraciones. Solo unos pasos más al oeste están los postes metálicos, los árboles y las murallas perforados por las balas que dejaron muertos y heridos el 15 de noviembre. No han caído en el olvido, pero las huellas de la masacre fácilmente pasan desapercibidas frente a la parafernalia proselitista de las elecciones nacionales de 2020 y subnacionales de 2021.
Era mi intención escribir algo más actual y meditado sobre las imágenes del escenario de la matanza de Huayllani, pero, a más de las pericias judiciales que he resumido líneas atrás, no he encontrado otras cosas que merezca la pena reseñar. O acaso, no he buscado lo suficiente. He cambiado los tiempos verbales del escrito original, he redactado este añadido y poco más. El mural del reencuentro empieza a despintarse, igual que los anillos azulados en torno a los boquetes de las balas. Lo único que no deja de expandirse es el santuario tributado en honor a los muertos del 15 de noviembre de 2019.
Por Santiago Espinoza
Cochabamba, 23 de febrero de 2021
Fotos: Santiago Espinoza y periódico Opinión
(*) Con el paso de los días, el número de muertes de la masacre subió a once.
