10/11/26
Los alcaldes de las ciudades capital de Bolivia dieron plazo al Gobierno nacional hasta el 13 de noviembre para aprobar un decreto de salvedad económica que permita proteger los proyectos municipales en riesgo, en medio del debate sobre la redistribución de recursos y la propuesta del 50/50.
Tras una reunión de emergencia realizada en La Paz, las autoridades municipales también demandaron el desembolso de recursos pendientes y rechazaron asumir nuevas obligaciones económicas sin el financiamiento correspondiente.
Los alcaldes advirtieron que las decisiones sobre la distribución de los recursos públicos no pueden adoptarse de manera unilateral y reclamaron su incorporación protagónica en las mesas de diálogo con el Gobierno central, las gobernaciones y las universidades.
“Nadie puede definir porcentajes de manera unilateral, esto lo vamos a construir entre todos los participantes”, manifestaron durante una conferencia de prensa.
Reclaman protagonismo en el pacto fiscal
Las autoridades municipales señalaron que buscan participar directamente en las decisiones sobre el nuevo pacto fiscal y la redistribución de los recursos públicos, no limitarse a asistir a reuniones informativas.
“Participar no solamente es asistir a una reunión y que se den lectura a diferentes componentes de algún documento, participar es ser protagonista de una de las grandes transformaciones que va a tener nuestro país”, expresaron.
En esa línea, anunciaron que promoverán la ampliación del diálogo a municipios de ciudades intermedias y pequeñas, además de incorporar a las gobernaciones y universidades, con el propósito de construir una propuesta consensuada.
“Esta construcción debe ser participativa, democrática y sujeta a un amplio debate”, señalaron.
Durante el encuentro también se informó sobre una propuesta elaborada por el municipio de La Paz, que será socializada con los demás gobiernos municipales como parte de la construcción de una posición común.
Nueva reunión el 16 de noviembre
Los alcaldes fijaron una nueva reunión para el lunes 16 de noviembre, con el objetivo de evaluar la respuesta del Ejecutivo a sus demandas y definir los siguientes pasos en la negociación.
El decreto de salvedad económica constituye uno de los principales requerimientos del sector, debido a que busca resguardar la continuidad de proyectos municipales que podrían verse afectados por las actuales condiciones financieras.
La exigencia de desembolsos y el rechazo a asumir nuevas cargas económicas se suman al debate sobre el 50/50, que plantea una redistribución de los recursos entre los distintos niveles del Estado.
Con el plazo fijado para el 13 de noviembre, los gobiernos municipales buscan que el Ejecutivo atienda sus demandas antes de avanzar en acuerdos sobre la distribución de recursos y las responsabilidades de cada nivel de gobierno. Mauricio Díaz
