2 de diciembre de 2022
El presidente Luis Arce Catacora este viernes promulgó la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los Ámbitos Financiero y Electoral.
La norma, aprobada el pasado 26 de noviembre por el pleno de Diputados y sancionada el 29 de noviembre por el Senado, recoge en esencia los contenidos del Decreto Supremo 4824 que fija para el 23 de marzo de 2024 la realización del Censo de Población y Vivienda.
En ese sentido, establece que en base a los datos oficiales de población del Censo que emitirá el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Órgano Ejecutivo efectuará la nueva distribución de recursos de coparticipación tributaria a partir del mes de septiembre de la gestión 2024.
De manera adicional, la norma determina que el Instituto Nacional de Estadística (INE) remitirá al Tribunal Supremo Electoral los datos oficiales de población del Censo “para que elabore el proyecto de ley de distribución de escaños, conforme al artículo 146 parágrafo V, VI y VII de la Constitución Política del Estado y la Legislación Electoral vigente, que se aplicaría en las próximas Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia”.
Durante un mensaje al país, el jefe de Estado criticó la actitud de los dirigentes de Santa Cruz que “truncaron todos los escenarios de diálogo” e impidieron solucionar el conflicto llevando a la región a un paro injustificado por 36 días.
Recordó que el 21 de octubre, antes del inicio del paro, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, propuso realizar el Censo de Población y Vivienda en abril del año 2024 y garantizar la distribución de los ingresos económico por coparticipación seis meses después.
De manera adicional, el 22 de octubre, cuando se registró el primer deceso de un funcionario edil que se oponía al paro en Puerto Quijarro, la ministra Prada hizo una nueva propuesta en la que se proponía conformar una comisión técnica `para que defina la fecha definitiva de la encuesta nacional.
Sin embargo, ambas iniciativas fueron rechazadas por la dirigencia del Comité Interinstitucional, integrada por el gobernador Luis Fernando Camacho, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno, Vicente Cuéllar y el cívico Rómulo Calvo, quienes decidieron continuar con la medida de presión con su exigencia de que el proceso censal se efectúa en 2023.
No obstante, en cada espacio de diálogo que el Gobierno nacional generaba, como el Encuentro Plurinacional por un Censo con Consenso, el 28 de octubre, en Cochabamba, y en la reunión de la Comisión Técnica en Trinidad, Beni, entre el 5 y 9 de noviembre, la dirigencia cruceña solo explicaba su propuesta censal, pero se negaba a escuchar los otros planteamientos, tanto del Ejecutivo como de los otros gobiernos subnacionales y de las universidades.
De acuerdo con Arce, nunca hubo una “voluntad de diálogo” de la dirigencia cruceña, en cambio optó por mantener “un bloqueo forzoso” en procura de generar una “convulsión social” para propagar la violencia no solo en Santa cruz sino en todo el país con la conminatoria hecha a los otros departamentos en el cabildo del 13 de noviembre.
Resultado de la medida de presión se registraron fallecidos, una sistemática violación a los derechos humanos, una denuncia de violación grupal, restricciones a los derechos fundamentales como el trabajo y la libre expresión, pérdidas económicas por $us 1.200 millones y ataques a sedes de varias organizaciones sociales.
El Jefe de Estado afirmó que ninguno de estos hechos quedará en la impunidad y que se sentará un precedente para “que nunca más una persona sea agredida por pensar diferente”.
Por ABI.
