14 de noviembre de 2022
Desde el 22 de octubre, una vez más en Santa Cruz, se inició un “paro cívico indefinido” con movilizaciones convocado por la extrema derecha nucleada en el llamado Comité Interinstitucional de Santa Cruz.
El mismo es dirigido por el Gobernador de Santa Cruz Fernando Camacho, el presidente del Comité pro Santa Cruz Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) Vicente Cuéllar.
El motivo de este paro es manifestar su disconformidad con la fijación de la fecha del censo de población y vivienda.
Mientras el gobierno plantea su realización para el año 2024, ellos exigen se lleve a cabo en el 2023.
La movilización mostró su carácter violento desde su inicio.
El primer día del paro, el 22 de octubre, cívicos apalearon hasta matarlo al funcionario municipal de Puerto Quijarro, Julio Pablo Taborga.
Los verdaderos motivos
A primera vista, la realización de un paro cívico en un departamento de un país por discrepancias en la fecha de efectuar un censo es insólito y seguramente el primer caso en el mundo.
Se podrá decir que la extrema derecha está envalentonada por su avance en muchos países (que la neofascista Giorgia Meloni sea la primera ministra de Italia, un siglo después de Mussolini, es la muestra más elocuente) y redobla su apuesta a la violencia (el asalto al capitolio por partidarios de Donald Trump en enero de 2021, el reciente atentado contra Cristina Fernández de Kirchner el 1º de setiembre, o las movilizaciones en estos días de partidarios de Jair Bolsonaro llamando a no reconocer el triunfo electoral de Lula y pidiendo a las FF.AA. que den un golpe de Estado).
Sin dejar de reconocer la validez general de este argumento, debemos decir que para intentar comprender las causas de los reiterados intentos de desestabilización de los gobiernos progresistas en Bolivia, se deben analizar sus variadas raíces históricas propias y muy profundas.
Digamos para empezar que este regionalismo a ultranza manifestado en el paro cívico indefinido tiene por objetivo desgastar y derrocar al gobierno nacional legítimamente electo en 2020 por más del 55% de la ciudadanía boliviana.
La fecha del censo fue una buena excusa para reiniciar las hostilidades antigubernamentales, ya que en base a las cifras que arroje, se determinan tanto la asignación de recursos económicos de coparticipación a cada uno de los nueve departamentos, así como la distribución de bancas parlamentarias por departamento.
La Ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza anunció en su momento que el censo se podía llevar a cabo el 16.11.2022.
Aparentemente, se apresuró sin tener a priori todos los elementos del caso.
Si solamente tomamos en cuenta la pandemia, comprobaremos que causó retrasos en las etapas y elementos preparatorios con los que se deben contar en estos censos en 14 países que decidieron posponer la realización del mismo por dos años.
Finalmente el viernes 11 de noviembre, el presidente Arce en un mensaje a la población, comunicó que la fecha del censo será el 23 de marzo de 2024 y la consiguiente distribución de recursos se hará en setiembre del mismo año.
Pero previamente, Arce Catacora hizo una cronología de los hitos que marcaron este conflicto desde que inicialmente el Estado fijara la fecha del censo para el 16 de noviembre de 2022, para luego convocar el 12 de julio al Consejo Nacional de Autonomías que reúne a todos los niveles del Estado, en el que las regiones como Beni y Pando plantearon sus preocupaciones respecto a la temporada de zafra y aspectos climatológicos, donde el único ausente fue el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
En este organismo se decidió en consenso llevar adelante el censo entre mayo y julio de 2024 para asegurar un censo inclusivo que llegue a todos los hogares de los bolivianos.
En esa línea enumeró los procesos de diálogo y socialización del proceso censal con distintos actores representativos desde el 12 de julio hasta el 2 de noviembre de 2022 recorriendo los nueve departamentos, hasta la convocatoria a la Cumbre Plurinacional por un Censo con Consenso realizada en Cochabamba en la que también los representantes del comité interinstitucional de Santa Cruz abandonaron estos espacios.
Finalmente, se conformó la comisión técnica con 41 delegaciones de gobernaciones, alcaldías, autonomías indígenas universidades, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) para analizar y definir la fecha del censo; pero que algunos equipos técnicos de Santa Cruz, Tarija y La Paz abandonaron estos espacios, en los que se trabajó más de 50 horas durante cuatro jornadas, analizando y escuchando las diferentes propuestas.
Tras meses de tensión, Arce dijo que ya no se podía seguir demorando esta decisión sobre la fecha de realización del censo, y valoró su importancia para el desarrollo de políticas públicas: “como Estado y sociedad como gobierno nacional y gobiernos subnacionales tenemos que conocer sin especulaciones, cuál es nuestra realidad demográfica, social, económica e identitaria de las bolivianas y bolivianos que habitamos este territorio, a partir de esa información debemos de trabajar políticas públicas orientadas hacia un desarrollo integral que beneficie a todas y todos los bolivianos” dijo el mandatario.
Al día siguiente promulgó el Decreto Supremo 4824 que garantiza lo antedicho.
La ofensiva reaccionaria continuará
Más allá de las garantías dadas por el gobierno, la derecha continuará con su plan de desestabilización.
No nos extrañe que querrán mantener el paro cívico en Santa Cruz con diversas excusas: plantearán la exigencia de que luego del censo inmediatamente en base a sus datos se redistribuyan los escaños parlamentarios entre departamentos en proporción a su población para las próximas elecciones de 2025, o una mayor autonomía presupuestal en base a un nuevo pacto fiscal que fije un mayor porcentaje del presupuesto para los departamentos en detrimento del gobierno central.
Esta discusión presupuestal en condiciones normales se daría en el marco de un sereno diálogo político y técnico sobre aspectos de una política de descentralización.
Pero teniendo en cuenta la actual situación política y los antecedentes históricos, se correría el riesgo de una balcanización del país, dados las marcadas inclinaciones separatistas de más de un departamento.
No podemos olvidar el levantamiento golpista y separatista (apoyado entre otros por el Embajador de los EUA Philip Goldberg) de los departamentos de la llamada “media luna” del año 2008 (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija).
Para mayores detalles incluyendo las acciones del grupo terrorista liderado por Eduardo Rózsa en Santa Cruz, se puede consultar el informe conclusivo de la Cámara de Diputados en el enlace https://biblioteca-enfp.blogspot.com/2014/05/terrorismo-separatista-en-bolivia.html
Estos departamentos conforman junto a Chuquisaca la rica región de los llanos, o tierras bajas de Bolivia.
Abarca el 64% de la superficie del país con una gran riqueza hidrocarburífera y ganadera.
Santa Cruz es el motor económico del país, su principal centro industrial, con el mayor índice de desarrollo humano.
Ha tenido un gran crecimiento demográfico debido a una sostenida inmigración económica.
Se suma a este afán separatista, las permanentes manifestaciones de racismo (sobre todo en Sta. Cruz y Tarija) en contra de las poblaciones originarias, fundamentalmente aimaras.
Por Carlos Flanagan – RBO.
