El Gobierno exige pruebas por la denuncia de Doria Medina sobre narcotráfico: pugna por cobros a avionetas
22 de octubre de 2026
La denuncia de Doria Medina sobre narcotráfico provocó una enérgica respuesta en el Órgano Ejecutivo, luego de que el viceministro de Lucha Contra el Narcotráfico, Dorian Badani, exigiera públicamente al empresario que declare ante el Ministerio Público y entregue las pruebas sobre los presuntos cobros a aeronaves ilícitas. La controversia estalló tras una entrevista concedida a la periodista Maggy Talavera, en la que el dirigente político afirmó que, según informes transmitidos por una senadora, las tarifas clandestinas para el paso de avionetas subieron de cincuenta mil a ochenta mil dólares bajo la actual administración de Rodrigo Paz, situación que según dijo puso en conocimiento del primer mandatario.
El emplazamiento del viceministro Badani y la advertencia de obstrucción
A través de un pronunciamiento en video difundido en plataformas digitales, el viceministro Badani, conocido como el zar antidrogas, calificó las afirmaciones del dirigente opositor como acusaciones de extrema gravedad institucional, debido a que involucran la presunta complicidad de servidores públicos con el crimen organizado.
La autoridad estatal sostuvo de forma categórica que tales afirmaciones conllevan repercusiones jurídicas que no pueden limitarse a la deliberación mediática: “Las declaraciones realizadas por Doria Medina tienen implicaciones muy complejas y deben ser sustentadas con nombres y pruebas ante la justicia”, remarcó el viceministro.
Asimismo, Badani lanzó una advertencia legal al líder partidario, señalando que guardar silencio o negarse a formalizar los testimonios ante las instancias judiciales competentes colocaría al denunciante en una posición contraria a la ley. En esa línea, puntualizó que omitir la presentación de información formal equivaldría a “perjudicar y obstaculizar la lucha contra el narcotráfico y esto no se debe tolerar”, instando a la Fiscalía a tomar cartas en el asunto.
Tarifas clandestinas: el señalamiento sobre los ochenta mil dólares
El núcleo de la confrontación radica en las revelaciones que el empresario formuló en el espacio de la comunicadora Maggy Talavera. En esa conversación, Doria Medina explicó que durante la pasada gestión gubernamental del Movimiento Al Socialismo existía un cobro irregular estimado en cincuenta mil dólares para autorizar el tránsito de avionetas cargadas con sustancias ilícitas. Sin embargo, enfatizó que en el presente periodo gubernamental esa cifra se habría incrementado a ochenta mil dólares por vuelo.
El dirigente opositor descartó hacer pública la identidad de la senadora que le proporcionó dichos datos para evitar represalias políticas, pero aclaró que no guardó reserva frente al Ejecutivo. Según su versión, él mismo advirtió de manera personal y directa al presidente Rodrigo Paz sobre la existencia de esta red de recaudación antes de que el tema tomara estado público.
Este intercambio de posturas profundiza el distanciamiento entre el Ejecutivo y antiguos aliados del oficialismo, situando el debate sobre la penetración de dineros ilícitos en el centro de la pugna política nacional.
Antecedentes de pistas clandestinas y sospechas en el oriente
El señalamiento sobre cobros a vuelos irregulares no surge en un vacío institucional, sino que coincide con investigaciones previas y filtraciones que salpicaron a mandos policiales y asesores de gobierno. Meses atrás, grabaciones atribuidas al consultor Fernando Cerimedo expusieron presuntas coordinaciones con el exdirector de la fuerza antinarcóticos, coronel Frans William Cabrera, en las que se aludía a pagos de quince mil dólares por despegues en pistas de NAABOL en San Joaquín y San Lorenzo en el departamento de Beni.
A este panorama se suman los recientes cuestionamientos contra el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, por la investigación periodística de Erbol sobre la sustracción de cuatro millones de dólares de la casa de Sebastián Marset, y los convenios de cooperación suscritos con la delegación de EEUU para recibir veinte millones de dólares destinados al combate del crimen transnacional.
La exigencia gubernamental para que las denuncias de cobros a avionetas se trasladen a estrados judiciales abre un nuevo capítulo de tensión en el país, donde la credibilidad de los aparatos de interdicción vuelve a quedar bajo el escrutinio de la opinión pública.
