Exportación ilícita

Apenas seis días después de que el Gobierno de Rodrigo Paz firmara con bombos y platillos un pomposo acuerdo con Estados Unidos de 20 millones de dólares para blindar nuestras fronteras, las autoridades de Brasil asestan la incautación de 50 toneladas de cocaína oculta en madera boliviana, que expone la ineficacia absoluta de los controles internos y la alarmante facilidad con la que el narcotráfico transnacional utiliza al país como un gigantesco almacén de despacho.

Siento una profunda indignación al constatar que la propaganda oficial del gobierno se desmorona a pedazos cruzando las fronteras. El pasado 15 de junio, las autoridades bolivianas nos vendieron un supuesto hito institucional tras suscribir una Carta de Acuerdo con Estados Unidos, canalizando 20 millones de dólares para «fortalecer la investigación criminal y la interdicción». Sin embargo, hoy la cruda realidad nos abofetea desde Brasil con la Operación Timber Shield. El Servicio Federal de Ingresos y la Policía Federal brasileña interceptaron en Corumbá y Cáceres cerca de 50 toneladas de cocaína camufladas en 260 toneladas de madera proveniente de suelo boliviano.

¿De qué sirven las millonarias firmas de cooperación técnica y los discursos sobre la soberanía si el territorio nacional sigue siendo un colador de exportación ilícita? Este hallazgo, catalogado ya como el mayor decomiso en la historia de Brasil y uno de los más grandes del mundo, se suma al reciente escándalo en Chile, donde se detectaron 108 toneladas de sustancias ilícitas también camufladas en cargamentos de madera boliviana.

El problema de fondo no radica en la falta de presupuesto extranjero para equipar a nuestras fuerzas del orden, sino en una preocupante inacción estructural y una porosidad institucional que permite la salida libre de toneladas de cargamento químico procesado. Mientras en los despachos gubernamentales se celebran reuniones bilaterales con el Departamento de Estado de EE. UU., en las carreteras, aduanas y otras instituciones publicas reales, las redes criminales operan con total impunidad logística. El gobierno nacional nos debe una explicación inmediata y profunda. Los millones de la asistencia internacional son simples propinas inútiles si las aduanas internas siguen ciegas ante el tráfico masivo de «narcomaderas».

A este horrendo escenario se suma la inacción de la Asamblea Legislativa, que prioriza normas anticonstitucionales, que van en contra de los derechos humanos, criminalizando las demandas del movimiento campesino, y obrero. Lo peor, omite su labor fiscalizadora ante el narcotráfico, demostrando complicidad y desinterés por la seguridad nacional.

Qué clase de gobierno tenemos ¡¡¡joder!!!