Traición, saqueo de minerales, litio y tierras raras

23 de junio de 2026

Hace horas, Mario Argollo concretó la traición, que ya habían adelantado los dirigentes sindicales de las minas de Huanuni y Colquiri días antes. Son más de 40 puntos de bloqueo aún firmes en las carreteras del país, en los que el movimiento campesino y los autoconvocados de barrios populares han puesto el cuerpo para resistir durante más de 50 días.

El documento de acuerdo que fue publicado por medios de prensa, es una traición en todo sentido, no toca ni un artículo de los decretos y leyes represivas y entreguistas, no asegura la liberación y el desprocesamiento de todos los presos políticos, como el propio Argollo había exigido al abandonar la mesa de diálogo hace dos días. En su lugar se conforma una comisión para “gestionar la liberación de los detenidos” y “revisión de los procesos en los conflictos”.

¿¡El gobierno nacional se compromete a cumplir su programa de gobierno?! El mismo programa de gobierno en el que se plantea como horizonte el “capitalismo para todos”, que plantea reformas de mercado y que fue clasificado por el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio como “una oportunidad transformativa para ambas naciones”, que establecía prioridades conjuntas entre EE.UU. y Bolivia en política migratoria, de inversiones y seguridad.

En cuanto a la privatización, el acuerdo es ambiguo e incompleto, dice que:

El gobierno nacional ratifica que no impulsará la privatización de empresas públicas estratégicas ni la entrega de recursos naturales estratégicos a intereses privados nacionales o extranjeros en perjuicio del Estado boliviano.

El “no impulsar” la privatización no es lo mismo que comprometerse a no privatizar, pues, si surge naturalmente el impulso desde la bancada parlamentaria de Tuto Quiroga o de las “Comisiones” contra las empresas públicas, no hay compromiso alguno de parte de Paz. Además el compromiso se limita a las empresas públicas “estratégicas” y la entrega de recursos naturales “estratégicos”.

Los modelos a los que constantemente apela Paz son precisamente aquellos que promueven el saqueo privado de recursos naturales, Perú y Chile, en donde florece la inversión minera que enriquece principalmente a los grandes capitales extranjeros mientras que la población hereda zonas de sacrificio, comunidades contaminadas, enfermas y pobres.

En el acuerdo firmado, sin mencionar siquiera al FMI ni responder a la exigencia de la “conminatoria” de no tener ningún acuerdo con el FMI, se establece que:

El gobierno nacional transparentará toda negociación, crédito o acuerdo con organismos internacionales, conforme a la normativa vigente, resguardando la soberanía nacional, la sostenibilidad fiscal y el interés del pueblo boliviano.

A lo que agrega, la cita textual al artículo 320 de la CPE:

El Estado es independiente en todas las decisiones de política económica interna, y no aceptará imposiciones ni condicionamientos sobre esta política por parte de estados, bancos o instituciones financieras bolivianas o extranjeras, entidades multilaterales ni empresas transnacionales.

El compromiso apenas firmado ya fue incumplido, los ministros declaran en medios internacionales sobre el acuerdo con el FMI, pero hasta ahora no se transparenta ni se publica el contenido. Hace apenas tres días, el ministro Espinoza anunció a medios internacionales que se unificará el tipo de cambio en los próximos días (es decir se devaluará la moneda nacional, tal y como mandan las orientaciones del FMI) y que se terminará de concretar el acuerdo con el FMI “muy pronto”. Las propias declaraciones de Espinoza desmienten la afirmación del gobierno de respetar el artículo 320 de la Constitución. [1]

Fue el propio gobierno de Paz, mediante el ministro de Minería quien firmó en abril un Memorándum de Entendimiento sobre Minerales Críticos con el departamento de Asuntos Económicos de los Estados Unidos, documento que tampoco ha sido publicado de forma “transparente”.

Con el mismo cuento de “inversión” e “inyección de capitales” durante las décadas de los 80, 90 y 2000, los gobiernos neoliberales entregaron el manejo de la minería y los hidrocarburos a empresas transnacionales. No hace falta explicárselo a Rodrigo Paz, quien fue diputado por el MIR y apoyó la última gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, mucho menos a su equipo de ministros como José Luis Lupo (quien fue ministro de Jaime Paz Zamora, Hugo Banzer y Jorge Tuto Quiroga), Marco Antonio Oviedo (alto funcionario en el ministerio de gobierno de Paz Zamora) y Ernesto Justiniano Urenda (exviceministro de Gonzalo Sánchez de Lozada).

El pacto fiscal, bajo la premisa electoralista del “50/50”, que Argollo introdujo a su conminatoria, sin que haya sido resolución de ningún cabildo, para colmo fue respaldado por el gobernador cruceño y accionista minoritario del Grupo Financiero Fassil, Juan Pablo Velasco. Como bien ha denunciado en un inicio la movilización del magisterio, el “50/50” es una forma de privatización encubierta, pues deja desfinanciada la educación y salud pública en áreas rurales, de población dispersa, abandonados históricamente por el Estado.

Plantea el acuerdo que el “gobierno nacional no permitirá la injerencia extranjera, respetando la soberanía y la dignidad nacional”. ¿Acaso no es injerencia extranjera que el canciller Aramayo firme un acuerdo con la embajada estadounidense para el control del “narcotráfico”? ¿No es injerencia que lleguen los paquetazos de ajuste hechos a la medida del FMI desde el Growth Lab de Harvard? ¿Dónde queda la soberanía y la dignidad, cuando el Presidente Paz se somete abiertamente al mandato del “escudo de las Américas”?
Entre las vaguedades a las que se compromete el gobierno, como el respeto a la Constitución y cumplir sus propias propuestas de campaña, se incluye otro punto peligroso. Mientras el Cabildo del Primero de Mayo exigía jubilación con el 100% del promedio salarial, pero además la gestión obrera colectiva de los fondos de seguridad social a largo plazo. El acuerdo que firman Argollo y Paye, se abren para que el gobierno conforme una comisión técnica para revisar la ley de pensiones, sin ninguna garantía, cuando Paz ya ha arremetido públicamente contra la administración pública de los fondos de pensiones.

De la “gasolina basura”, el gobierno de Paz busca atribuir responsabilidades individuales, en lugar de asumir las consecuencias de la política estatal que sostuvieron en el plano de combustibles: un gasolinazo para subir el precio, junto a la importación de gasolina de mala calidad. En el compromiso el gobierno se limita a plantear un “informe en detalle” sobre el resarcimiento por los daños provocados por la gasolina basura y una auditoría técnica para identificar “responsables”. El resto de los puntos acordados se limitan a una serie de “socializaciones” y “mesas técnicas”, promesas de cumplir la Constitución Política del Estado, sin efectivizar de forma concreta ninguna de las demandas de la movilización.

En el punto final, decir que “el gobierno nacional ratifica una política exterior conforme a la Constitución Política del Estado, basada en la paz, la soberanía, la independencia nacional, la integración de los pueblos y la defensa de los intereses de Bolivia”, queda como una farsa si no se efectiviza la ruptura de Bolivia con el “escudo de las Américas”, el restablecimiento de relaciones con Palestina, el desconocimiento de los acuerdos de ajuste estructural con el FMI, la anulación del memorándum de entendimiento sobre minerales críticos y el convenio para la “lucha contra el narcotráfico” con el gobierno estadounidense. La fuerza de las movilizaciones de campesinos, pueblos indígenas y trabajadores, los procesos de autoorganización, asambleas abiertas y cabildos, y la combatividad de los sectores dispuestos a luchar, muestran sin duda alguna, que aún frente a la traición burocrática, el plan de el ajuste y el saqueo de Paz, el FMI y los empresarios encontrarán una resistencia feroz en las calles y las carreteras.

Artículo publicado originalmente el 20/6/26