23 de junio de 2026
La historia de Nuestra Abya Yala parece condenada a repetirse, aunque ahora con un guion actualizado y una crueldad más descarnada. Mientras el gobierno de Estados Unidos, desde la República de Honduras, teje una red para imponer un régimen que algunos ya califican como sionista fascista, en Ecuador se consuma un acto de cesión de soberanía que debería helar la sangre a cualquier latinoamericano. No se trata de alarmismo. Es una constatación dolorosa de un presente que amenaza con borrar de un plumazo dos décadas de conquistas sociales, políticas y culturales en la región.
El caso ecuatoriano es paradigmático y profundamente preocupante. El presidente Daniel Noboa, mediante el Decreto Ejecutivo 424, no solo ha declarado un nuevo «conflicto armado interno», sino que ha establecido un marco jurídico que otorga impunidad como premio a militares extranjeros que cometan delitos en su territorio . Este decreto, que «exhorta» a la Asamblea a conceder amnistías y otorga inmunidad a personal de «estados cooperantes», es una puerta abierta para que fuerzas de Estados Unidos o Israel operen sin rendir cuentas ante la justicia ecuatoriana . Es la legalización de la impunidad, un cheque en blanco a potenciales violaciones de derechos humanos que la historia nos ha enseñado a temer.
Esta medida no es un hecho aislado. Se inscribe en una estrategia continental que, según las investigaciones del «Hondurasgate», busca desmantelar los gobiernos progresistas y los avances democráticos de la región . Los audios filtrados revelan una trama en la que el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, indultado por Trump, actúa como operador político para «extirpar el cáncer de la izquierda», con financiamiento de Israel y el respaldo de la administración estadounidense . El objetivo es claro: someter a los países latinoamericanos a intereses foráneos, cediendo soberanía, recursos y bases militares a cambio de apoyo político . La denuncia de la izquierda hondureña, que señala que el gobierno de Asfura fue impuesto mediante fraude para destruir los avances sociales de la gestión de Xiomara Castro, resuena con la misma lógica de dominación .
Ante este avance de la militarización y la subordinación, Bolivia se convierte en un nuevo foco de resistencia. Las organizaciones sociales, campesinas e indígenas han manifestado su firme oposición a la militarización del país y al régimen de excepción que, en su lógica interna, busca desmontar los cambios socioeconómicos y políticos de las últimas dos décadas. La resistencia boliviana no es un capricho, es la defensa de su identidad, de sus recursos y de su derecho a decidir su propio futuro. Es la voz de un pueblo que sabe que la seguridad no se compra con la entrega de la patria.
Por eso, hoy más que nunca, la mirada internacional debe posarse sobre Bolivia. Se necesita solidaridad activa, observación rigurosa y un repudio contundente a estas políticas que, bajo el manto de la lucha contra el crimen, esconden un proyecto de recolonización. No podemos permitir que el fantasma de la injerencia y el lawfare se convierta en la nueva normalidad. El continente debe despertar y alzar la voz, no solo por Bolivia, sino por cada rincón de Abya Yala donde se intente arrebatar la soberanía y la dignidad de los pueblos. La historia nos juzgará si optamos por el silencio cómplice o por la resistencia solidaria.
Ollantay Itzamná
