20 de junio de 2026
El Estado de Excepción dictado esta madrugada por el gobierno es la prueba contundente de su incapacidad para gobernar mediante el diálogo. Al cerrar las puertas a la concertación y responder con medidas de fuerza al movimiento campesino, el Ejecutivo no solo demuestra debilidad política, sino que sepulta la posibilidad de una convivencia pacífica. Cuando un gobierno recurre al estado de excepción, confiesa implícitamente que ha perdido el control institucional de la nación.
La implementación del Decreto Supremo 5636, y muy particularmente el alarmante blindaje operativo de su Artículo 26, proyecta una sombra de autoritarismo que anula las garantías civiles y acelera la ruina económica de las mayorías trabajadoras.
El Artículo 26: Impunidad armada frente a la protesta social
El núcleo más peligroso de este decreto radica en su Artículo 26, el cual redefine el uso de la fuerza y las responsabilidades del aparato estatal de seguridad. Este apartado constituye un cheque en blanco para la represión por las siguientes razones:
Inmunidad operacional de facto
Al eximir o flexibilizar la responsabilidad penal y civil de los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía bajo la premisa de la «defensa del orden público», se debilita el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza
Institucionalización del abuso
Al despojar a los ciudadanos de mecanismos inmediatos de fiscalización judicial sobre los uniformados, el Artículo 26 convierte el derecho a la protesta en un delito de alto riesgo, sembrando terror legalizado en las comunidades rurales.
Violación de pactos internacionales
Esta disposición choca frontalmente con la Constitución Política del Estado y los tratados de derechos humanos, que establecen que los delitos de lesa humanidad y los abusos contra la integridad física cometidos por el Estado no prescriben ni gozan de fueros especiales.
El costo en Derechos Humanos. Criminalización e invisibilización
Esta medida profundiza una herida histórica en Bolivia; la constante criminalización de las demandas rurales. El enfoque punitivo del decreto genera un escenario de alta vulnerabilidad humana
El campesino como enemigo
El decreto asume al productor y al indígena no como un actor social con reclamos legítimos, sino como un peligro público que debe ser contenido por la fuerza.
Suspensión de libertades fundamentales
Con la anulación práctica del derecho de reunión, libre tránsito y asociación, las zonas rurales quedan bajo un estado de sitio que incomunica a las dirigencias e impide la veeduría de derechos humanos.
Invisibilización de la crisis estructural
Se atacan los síntomas (las movilizaciones) mediante la bota militar, pero se ignoran de forma deliberada las demandas agrarias, el acceso a insumos y el olvido histórico del agro.
Impacto Económico: El estrangulamiento de las mayorías
Lejos de restaurar la normalidad, la militarización amparada en el decreto actúa como un bumerán que destruye el motor productivo y comercial del país.
Un gobierno que necesita las armas y la impunidad legal de un artículo represivo para hacerse escuchar es un gobierno que ya no tiene autoridad moral ni política. El control verdadero se ejerce mediante el consenso; el estado de excepción es solo el síntoma de un poder en franca decadencia. Bolivia no podrá retornar a una vida normal mientras la única respuesta oficial a la crisis económica sea
la bota militar y la cancelación de los derechos más elementales del pueblo..
Koba Milenaria
