Mineros auríferos se aprovechan de la crisis: Gobierno les da vía libre en áreas protegidas y más privilegios
18 de mayo de 2026
Mientras Bolivia se desangra en una crisis social con marchas, bloqueos y pedidos de renuncia, un sector ha logrado capitalizar el caos para su propio beneficio: los mineros cooperativistas auríferos se han aprovechado de la crisis y, a cambio de desactivar sus protestas, han arrancado al debilitado gobierno de Rodrigo Paz un acuerdo que les da vía libre para operar en áreas protegidas, les garantiza más explosivos y consolida su poder dentro del Estado.
Este pacto, firmado tras los violentos enfrentamientos del jueves en La Paz, demuestra cómo la Fencomin se unió a las movilizaciones no por una causa común, sino para sacar el mayor rédito posible, sin apoyar a ningún bando más que a sus propios intereses de seguir penetrando en el aparato estatal y expandiendo sus operaciones, muchas de ellas ilegales y depredadoras.
El acuerdo de la extorsión: vía libre a la depredación
Tras una jornada de violencia en la que detonaron dinamita en el centro de La Paz, los mineros cooperativistas lograron lo que querían. El acuerdo firmado con el Ejecutivo es una lista de concesiones que alarman a los defensores del medio ambiente y a quienes fiscalizan el uso de los recursos públicos:
- Ingreso a áreas protegidas: Se acordó que la AJAM y el SERNAP restablecerán de inmediato el reglamento para otorgar derechos mineros en áreas protegidas, una de las demandas más controvertidas del sector.
- Más explosivos y nuevas áreas: El Ministerio de Defensa autorizó el incremento de volúmenes de explosivos, y el de Minería se comprometió a liberar áreas de trabajo y priorizar la otorgación de nuevas concesiones.
- Abrogación de reserva fiscal: Se anulará el Decreto Supremo 5615, que declaraba reserva fiscal minera en zonas de Potosí, abriendo esas áreas a la explotación cooperativista.
- Poder en el Estado: Se garantizará que un representante de Fencomin forme parte de la estructura de Comibol y del directorio de la Caja Nacional de Salud (CNS).
Un sector privilegiado que vive del subsidio
La capacidad de presión de la Fencomin se explica por su poder económico, construido sobre un sistema de privilegios que ningún otro sector posee. Aunque su presidente, Josué Caricari, negó recibir combustible subvencionado, los datos demuestran lo contrario:
- Subsidios millonarios: Según un informe de Oxfam, el sector aurífero recibía cerca de $300 millones de dólares anuales en subsidio al diésel. En total, sumando exenciones fiscales como la del IUE (Impuesto a las Utilidades), el Estado subvencionaba a las cooperativas con casi $1.000 millones de dólares al año.
- Aporte mínimo: A pesar de representar el 23% de las exportaciones de Bolivia (casi $2.500 millones), el sector paga apenas un 2,5% de regalías.
- Financiamiento estatal preferencial: A través del FOFIM, acceden a créditos con tasas del 6%, más bajas que las de cualquier emprendedor.
El doble discurso del Gobierno
Mientras el Gobierno firma este acuerdo, cediendo ante las demandas de un sector que usa dinamita en las calles, por otro lado advierte al resto de los movilizados que “el derecho a la protesta no ampara la comisión de delitos”.
El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, y el comandante de la Policía, general Mirko Sokol, han amenazado con el “uso progresivo y proporcional de la fuerza” y con procesar penalmente a quienes usen explosivos. Sin embargo, en el caso de los mineros cooperativistas, la respuesta no fue la ley, sino la negociación y la concesión.
Este doble estándar demuestra la debilidad de un Gobierno acorralado que, para sobrevivir, está dispuesto a sacrificar áreas protegidas y a consolidar los privilegios del sector más depredador y menos fiscalizado del país, a cambio de una paz social frágil y comprada a un costo ambiental y social altísimo.
Por Roberto A. Barriga – https://plumayespada.online/
