Sin licencias ambientales, gobierno busca formalizar 4000 permisos mineros

20 de marzo de 2026

Propuesta del Gobierno sobre contratos mineros

En Bolivia, el gobierno de Rodrigo Paz presentó un decreto supremo que beneficiará a 3982 operaciones mineras sin necesidad de adecuarse a la norma vigente. Esta iniciativa busca convertir trámites en contratos administrativos mineros con requisitos mínimos, excluyendo la licencia ambiental para cooperativas mineras. Lo que puede tener efectos desastrosos e irreversibles para el medio ambiente donde se desarrollen estas actividades.

Impacto en la Amazonía y la normativa vigente

El 38 % de estas operaciones se ubica en la Amazonía boliviana. Actualmente, existen las Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE) que deben adecuarse a la Ley Minera 535. Sin embargo, con este nuevo decreto, las 3982 ATE podrían ser aprobadas sin presentar requisitos ni licencias ambientales. En una zona que es el pulmón del planeta los efectos para la flora y fauna son incalculables.

Borrador del proyecto y su proceso de aprobación

El medio Mongabay Latam admitió tener acceso al borrador del proyecto titulado “Decreto Supremo sobre Reglamentación de Procedimientos y Plazos para la Adecuación de Derechos Mineros (ATE) a contratos administrativos mineros”. Este documento fue elaborado por el Ministerio de Minería y Metalurgia y revisado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente.

Fuentes del Ministerio confirmaron la veracidad del proyecto, aunque no se estableció una fecha para su aprobación. El decreto contempla un proceso de adecuación para derechos mineros otorgados antes de la Ley 535, pero no menciona el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas.

Críticas al proyecto y sus implicaciones ambientales

Fátima Monasterio, abogada e investigadora de la Fundación Solón, calificó este proyecto como una vía rápida para nuevos contratos mineros. Monasterio advirtió que esta iniciativa prioriza las inversiones sobre el medio ambiente, lo que podría agravar la crisis ecológica causada por la minería.

Cerca del 70% de las 3982 ATE ya iniciaron su trámite, pero muchos fueron observados sin explicación clara. La contaminación por mercurio es uno de los problemas más alarmantes asociados a la minería aurífera en Bolivia, afectando gravemente a comunidades indígenas.

Datos sobre derechos mineros y su adecuación

A pesar de existir 3982 derechos mineros previos a la Ley 535, solo unos 350 (cerca del 8 %) completaron el proceso de adecuación en más de una década. Desde la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), confirmaron que el proyecto fue elaborado por el Ejecutivo y revisado por ellos.

Pablo Solón, director de la Fundación Solón, organización que se dedica a la interpelación y búsqueda de alternativas para intentar cambiar el sistema, cuestionó cómo un decreto puede simplificar requisitos establecidos por ley. La propuesta podría beneficiar a los 2816 mineros que dejaron su trámite incompleto y a los 1166 que no iniciaron el proceso en más de diez años.

Caminos propuestos por el gobierno

La normativa establece dos caminos: reducir las exigencias a solo dos documentos (registro vigente y pago de patentes) y resolver las adecuaciones en diez meses. Esto plantea un nuevo perdonazo mediante una vía rápida, con plazos cortos para regularizar todo. Muy conveniente para los privados.

Ubicación geográfica de los derechos mineros

Según datos obtenidos por Mongabay Latam, un 38 % de los derechos mineros se encuentran en la Amazonía. Las demás operaciones están distribuidas en el Altiplano boliviano y zonas del valle donde se extraen minerales como plata, zinc y oro.

De los 3982 derechos mineros, 511 pertenecen a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) sobre áreas no nacionalizadas. Mientras tanto, 2816 solicitaron su adecuación al nuevo régimen contractual, quedando pendientes 1166 sin solicitud.