21 de febrero de 2026
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos vuelve a estar en el centro del escándalo. Denuncias sobre contratos lesivos al Estado, sobreprecios, irregularidades en la provisión de combustibles y la comercialización de diésel y gasolina de dudosa calidad no son simples fallas administrativas, son síntomas de una degradación estructural en la gestión pública. Si el combustible falla, no solo se dañan motores; se daña la confianza en la institucionalidad.
Bolivia ya conoce este guion. Si esta empresa estratégica que sostiene buena parte de la economía nacional se convierte en terreno fértil para redes de corrupción, el impacto no es sectorial es macroeconómico. Son millones de dólares que se evaporan, recursos que debieron traducirse en inversión, empleo y estabilidad.
Y mientras el país enfrenta estas denuncias, la respuesta política ha sido débil, errática, irresppnsable, o festiva. Un gobierno con apenas tres meses de administración no puede escudarse en la herencia recibida para justificar la inacción. Gobernar es asumir responsabilidad inmediata. La incapacidad para contener irregularidades y esclarecer contratos sospechosos envía un mensaje peligroso, la impunidad continúa.
En medio del escándalo, reaparece la vieja receta, privatizar¡! Voces como la de Branko Marinkovic insisten en que la solución es entregar la empresa al sector privado, como si la corrupción fuera un problema exclusivo de lo público. La historia boliviana demuestra que el neoliberalismo y las privatizaciones indiscriminadas no trajeron salvación estructural, sino dependencia, debilitamiento del control estatal y pérdida de soberanía sobre recursos estratégicos.
La corrupción no se combate cambiando de dueño, sino cambiando de reglas y de controles. Privatizar en medio del escándalo puede convertirse en la coartada perfecta para transferir activos estratégicos en condiciones opacas. No se trata de estatismo ciego ni de mercado dogmático; se trata de gobernanza, transparencia y rendición de cuentas.
YPFB no necesita remate. Necesita auditorías independientes, responsabilidades penales claras y una reforma profunda de sus mecanismos de contratación y supervisión. El debate no es ideológico entre Estado y mercado, es ético entre saqueo y responsabilidad.
Bolivia no puede seguir oscilando entre corrupción pública y oportunismo privatizador. Lo que está en juego no es una empresa; es la soberanía energética y la credibilidad del Estado.
Si el gobierno de Rodrigo Paz. no reacciona con oportunidad, y sigue en la línea de buscar tapar el sol con un dedo, será la propia población la que pondrá un alto a semejante asalto descarado.
Por Koba Milenaria
