15 de enero de 2026
El Gobierno ha logrado lo que hasta hace poco era impensable: levantar el subsidio de los combustibles, duplicar el precio de la gasolina y triplicar el del diésel sin que el país estalle. Este punto está prácticamente cerrado, al menos por ahora.
Pensar en esta medida hace unos años parecía imposible, ni Evo Morales en su prime time logró avanzar con una propuesta similar aunque menos drástica en aumento del precio. En Ecuador, el antecedente más cercano y reciente, el conflicto por el combustible, provocó un par de muertos y cientos de heridos y detenidos.
Ciertamente a Rodrigo Paz le ayudó el consenso social sobre la urgencia y la “inevitabilidad” de esta medida, a la que en mayor o menor medida —mayor o menor ambigüedad— se adscribieron todos los candidatos.
Haber levantado el subsidio con respaldo generalizado ya es un hito histórico.
El problema fue creer que podían pasar del Estado “tranca” al Estado “hago todo por decreto” sin ningún tipo de resistencia.
Metieron más de cien artículos en un decreto lleno de errores: párrafos repetidos, referencias equivocadas y un artículo “fantasma”. ¿Nadie lo leyó dos veces?
Uno de los puntos polémicos tenía que ver con el mecanismo de aprobación técnica expedita para contratos sobre recursos estratégicos (hidrocarburos, minerales, etc.) denominado “Fast Track”. Con este procedimiento, el DS 5503 permitía al Gobierno aprobar en tiempo récord y sin consultar a la Asamblea Legislativa (ni a nadie) contratos de inversión en recursos naturales mediante decreto (Art. 11).
La Constitución Política (Art. 158) establece que este tipo de inversiones son de interés público y deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa (por eso Luis Arce no pudo concretar los proyectos del litio con China y Rusia) y a través de un proceso que incluye estudios de impacto ambiental y consulta previa, algo que según expertos se iba a omitir por la estrechez de los plazos.
En el mal timing del Gobierno, se mandó a la Policía a forzar el ingreso de una empresa petrolera a 15 cuadras de la Reserva de Tariquía, lo que muchos interpretaron como la antesala de lo que sería la política ambiental y de recursos estratégicos de Rodrigo Paz.
(A Tariquía encima, que lleva 10 años en pie de lucha… a quién se le habrá ocurrido 
).
).Volviendo al inicio, creo que el levantamiento del subsidio es una victoria inequívoca y la abrogación del decreto es un “estate quieto” con todo lo demás.
La propuesta de la COB era clara: hacer un decreto exclusivo con el tema del combustible, el salario mínimo y los bonos, y dejar que los demás artículos sean deliberados en la Asamblea Legislativa mediante ley.
La verdadera derrota es comunicacional: las «mesas técnicas» no alcanzaron para explicarle al país el decreto y la estrategia de desacreditar a sus interlocutores (recordando inmerecidos privilegios y salarios exorbitantes) no funcionó. Para muchos queda la imagen de un gobierno que va a claudicar ante las protestas.
El presidente pasó en cinco días de decir que no iba a dar “un paso atrás ni para tomar impulso” a ceder ante el pedido de la COB. Para rematar, en el mensaje presidencial de anoche, tuvo el desatino de recordarnos a Luis Arce con su tristemente célebre “vamos a salir adelante”.
Esta vez ni repetir mil veces “Bolivia, Bolivia, Bolivia” lo redimirá.
Por María S. Trigo
Publicado originalmente el 11/01/26
