Cuando la corrupción se convierte en coartada: quién paga el ajuste en Bolivia

19 de diciembre de 2025

Todo lo que es subvención en Bolivia es corrupción”. Con este arco narrativo, el Presidente Rodrigo Paz encontró la coartada perfecta para eliminar cualquier tipo de subvención y replegar la protección del Estado en la economía de las familias bolivianas.

El mantra comunicacional “subvención= corrupción” cumple tres funciones: identifica y cohesiona la percepción del enemigo común, legitima el sacrificio colectivo y valida una reforma regresiva presentada como cambio. Así, el enemigo común es la administración del MAS-IPSP que construyó un esquema de corrupción que hoy trae consecuencias para el pueblo; y por eso, es necesario sacrificar los hogares eliminando todo tipo de subvenciones para transparentar el mercado a través de la liberación de la economía. Con esto se justificó eliminar la subvención del pan, pero también se anunció el corte total de las subvenciones por alimentos y combustibles.

La Constitución boliviana establece desde 2009 que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria. Cumpliendo ese mandato, ese mismo año se emitió el Decreto Supremo No. 255, que definió la política de subvención estatal de alimentos con dos objetivos fundamentales: apoyar la producción agropecuaria de pequeña y mediana escala, y garantizar alimentos a precio justo para la población corrigiendo las distorsiones del mercado generadas por la intermediación especulativa. Este trabajo se ejecuta a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA).

El mantra comunicacional “subvención= corrupción” cumple tres funciones: identifica y cohesiona la percepción del enemigo común, legitima el sacrificio colectivo y valida una reforma regresiva presentada como cambio

Asimismo, la Ley de Presupuesto General del Estado de 2010, señaló que en situaciones de emergencia, encarecimiento de precios, desabastecimiento y otros, se autoriza al Órgano Ejecutivo aprobar mediante Decreto Supremo la aplicación de mecanismos de subvención con recursos del Tesoro General de la Nación, créditos o donaciones. En base a esto, el Decreto Supremo No. 771 de enero de 2011, ratificó un Convenio entre el Gobierno y la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (CONAPABOL) para mantener el precio de la unidad del “pan de batalla” de 60 gramos en Bs. 0,40 cts a cambio de subvencionar dos productos: harina y azúcar. Dicho precio ascendió a Bs. 0,50 cts en 2015 y desde entonces, se mantuvo hasta 2025. Sin embargo, el gobierno de Rodrigo Paz anunció que eliminaría la subvención argumentando que ésta se prestó para construir un mecanismo de corrupción, derivando en procesos penales al ex gerente de EMAPA, Franklin Flores, y el dirigente nacional de CONAPABOL, Rubén Ríos.

Pero, ¿es la corrupción el motivo real o único? Probablemente no. En el gobierno de Luis Arce, la subvención se incrementó drásticamente en monto y cobertura de productos (harina, azúcar, manteca y levadura), aprobados mediante el Decreto Supremo No. 5337 de febrero de 2025.

Si en 2011 la política de fomento a la producción y comercialización de productos alimentarios a precio justo demandaba Bs. 270 millones; en 2019 se presupuestaron Bs. 301,4 millones, es decir un incremento de 11% en 8 años. Sin embargo, en los siguientes 6 años entre 2020 y 2025, los costos de la subvención escalaron a Bs. 750 millones, es decir 148%.

Los informes también evidencian que del monto total presupuestado en 2025 (Bs. 750 millones), la subvención de harina de trigo significa más del 50%, equivalente a Bs. 383 millones.

La pregunta siguiente es: ¿qué hizo que se duplique los costos de la subvención en el Gobierno de Luis Arce? La primera respuesta puede encontrarse en los costos de importación de estos productos, pues al abrirse la brecha cambiaria en 2023 entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo, el mercado y la especulación derivaron en importaciones más caras. Preciso recordar que el tipo de cambio paralelo llegó a triplicar el valor oficial.

Pese a las distorsiones del mercado producto de la crisis cambiaria, las denuncias de corrupción de un esquema que parece haberse agotado y lo perfectible de la cobertura a los departamentos, ¿Es correcto en términos éticos eliminar la subvención?

El segundo elemento puede encontrarse en la dificultad de cubrir la demanda de harina de trigo a través de producción nacional; pues actualmente la producción nacional de trigo apenas cubre el 30% de la demanda, y aunque los márgenes más altos de producción en la última década alcanzaron al 42% en 2015, Bolivia tiene un problema estructural de producción por dificultades agronómicas y rentabilidad productiva.

El tercer punto lapidario es la corrupción, pues existen denuncias que vinculan al ex gerente de EMAPA y al dirigente de CONAPABOL en la venta irregular de harina subvencionada y otros delitos. Sin embargo, pese a que los delitos son personales, se logró empañar el mecanismo de subvención estatal, convirtiendo esto en la razón principal.

Un argumento final para invalidar la subvención es la cobertura. Pues de los 2.030 afiliados a CONAPABOL, el departamento de La Paz concentra 1.400, es decir el 68% de los beneficiados por la subvención de insumos para el pan. Así como en la paz, también la subvención llega a los panificadores de otros 5 departamentos, excluyendo a Santa Cruz, Tarija y Pando.

Pero pese a las distorsiones del mercado producto de la crisis cambiaria, las denuncias de corrupción de un esquema que parece haberse agotado y lo perfectible de la cobertura a los departamentos, ¿Es correcto en términos éticos eliminar la subvención?

Con esta medida, los más perjudicados, independiente del departamento, terminarán siendo los más pobres. Quienes, como en toda crisis, son la espalda sobre la cual se sostiene el ajuste

Si bien podría hablarse de unos centavos en la variación final del precio del pan, esta variación puede ser determinante para que una familia numerosa y pobre, duerma o no con el estómago vacío. Y lo peor es que esa variación no se mantendrá fija sino que, debido a la liberación del mercado, tenderá al alza.

El economista boliviano Omar Velasco, señala que si el precio del pan se incrementara de Bs. 0,50 cts a 0,80 cts, como ya anunciaron los panificadores confederados, esto puede reflejarse en una fuerte pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo nacional, pues la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística, informa que este alimento representa alrededor del 2% del gasto de una familia y su importancia es aún mayor entre los hogares de menores ingresos (quintiles 4 y 5), donde su participación aumenta a casi 7%. Es decir que con esta medida, los más perjudicados, independiente del departamento, terminarán siendo los más pobres. Quienes, como en toda crisis, son la espalda sobre la cual se sostiene el ajuste.

Y para reafirmar los intereses de clase que marcan las decisiones gubernamentales de Paz, en la misma semana que se desató el conflicto por la eliminación de la subvención sobre el pan, el Presidente envió a la Asamblea Legislativa 3 proyectos de Ley que buscan eliminar 4 impuestos que, según el gobierno, desincentivan la inversión extranjera: el Impuesto a las Grandes Fortunas, el Impuesto a las Transferencias Financieras, el impuesto al juego y a las promociones empresariales.

Dichos tributos acumularon en 2024 un total de Bs. 414 millones, un monto incluso superior al costo de la subvención de la harina necesaria para el pan (Bs. 383 millones) que comen los pobres de Bolivia.

Es decir que se recortan los recursos destinados al alimento básico de las grandes mayorías, mientras se alivian las obligaciones fiscales de las 260 personas más ricas del país. Ese es el modelo: ajustar abajo para liberar arriba. Y, como marco teórico, se apela a la vieja teoría del derrame, argumentando que la concentración de riqueza y privilegios algún día se volverá generosa, mientras el Estado renuncia a su responsabilidad y en el fondo, a su verdadero poder.

No se trata de defender la corrupción; se trata de castigar a quienes cometen delitos sin castigar al pueblo. Se trata de fortalecer los mecanismos de protección para las y los más humildes, evitando que, como siempre, terminen siendo los más perjudicados.

Por Adriana Salvatierra