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¿Dónde están los aportes de la Gestora? ¿Quién se los gastó?

El presidente Rodrigo Paz, respecto a los aportes de las y los trabajadores, declaró que “No hay sus aportes en la Gestora, se los gastaron. ¿Voy a decir que hay los aportes? No, no hay los aportes". Esta declaración no sólo es incorrecta sino que cumple con un objetivo político, de atacar lo público y crear un relato legitimador del proyecto privatizador. Paz y Lara se preparan para profundizar el saqueo.

10 de diciembre de 2025

Para entender cómo se implementa la Gestora Pública de Seguridad Social a Largo Plazo, vamos a pasar de forma breve por las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) que la antecedieron. A partir del año 1997 en Bolivia se privatiza el sistema de pensiones, y dos grandes empresas financieras BBVA Previsión (de capital español) y Futuro-Zürich (de capital suizo) se han hecho cargo de administrar los ahorros de las y los trabajadores. Las AFP trabajan con dos fondos distintos: Fondos de Capitalización Colectiva (FCC) y Fondos de Capitalización Individual (FCI). Los FCC se conforman a partir de la privatización de los bienes comunes del país, allí figuran acciones de Lloyd Aéreo Boliviano, Ferroviaria Andina, Ferroviaria Oriental, antes se encontraban también acciones de ENTEL, de subsidiarias de YPFB y de ENDE.

Las AFP “entregaron” a la Gestora Pública los Fondos de Capitalización Colectiva, cerca al 52% de estos fondos correspondían a acciones en Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), aproximadamente 29% de los fondos eran acciones en la Ferroviaria Oriental, cerca al 15% de los fondos eran acciones de la Ferroviaria Andina y el saldo correspondía a inversiones en FCI y liquidez. Así es, ¡más de la mitad de los Fondos de Capitalización Colectiva que entregaron las AFP luego de gestionar las pensiones durante 25 años eran acciones en la hoy inexistente Lloyd Aéreo Boliviano!

Por otro lado, los FCI se invierten en productos financieros derivados, es decir, en acciones y en fondos de inversiones manejados por el sector financiero privado, que se convierten en créditos para el sector privado, así como inversión en bonos del tesoro y otros mecanismos que inyectan de liquidez al sector público. Desde 1997 hasta 2022 las AFPs y las empresas capitalizadas fueron un botín para la élite política y empresarial del país.

Según los informes de la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS) hasta el 31 de diciembre de 2024, el 35,73% de los FCI se encuentran en la Deuda Soberana, es decir bonos del Tesoro General de la Nación (TGN) y Banco Central de Bolivia (BCB). El 51,52% de los Fondos de Capitalización Individual se encuentran entre depósitos y valores financieros del sistema financiero privado, es decir de los bancos. El 8,48% se encuentra en los Fondos de Inversión Cerrados. El resto de los FCI se destinan a los instrumentos financieros de empresas que cotizan en la bolsa de valores. El valor total de los FCI hasta cerrar el año 2024 fue de 188 mil millones de bolivianos (Gestora Pública, 2025, p. 51), en su mayoría en moneda nacional (93,96%), con poco más del 4,83% en USD, 0,92% en bolivianos con valor ligado al dólar y 0,29% en UFVs.

Veamos qué porción de los fondos de pensiones tienen cada uno de los bancos privados (suma de los depósitos a plazo fijo, bonos bancarios bursátiles, bonos verdes o sostenibles, bonos a largo plazo del banco y de sus empresas del sector financiero):

● Banco Mercantil Santa Cruz S.A. 6,80%
● Banco Nacional de Bolivia S.A. 6,28%
● Banco Bisa S.A. 5,01%
● Banco Fassil S.A. 4,77%
● Banco FIE S.A. 4,68%
● Banco de Crédito de Bolivia S.A. 4,63%
● Banco Económico S.A. 3,80%
● Banco Ganadero S.A. 3,77%
● Banco Solidario S.A. 3,55%
● Banco Unión S.A. 2,75%
● Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. 1,99%
● Banco PRODEM S.A. 1,47%
● Banco Fortaleza S.A. 1,08%
● Banco PYME EcoFuturo S.A. 0,75%

¡Según los datos presentados por la APS, el 4,77% de los Fondos de Capitalización Individual se encuentran invertidos en el quebrado Banco Fassil! Es decir, un valor de más de 8.970 millones de bolivianos de nuestras pensiones se entregaron en el Banco Fassil. En total el sistema financiero privado tiene más de 96 mil millones de bolivianos de nuestros fondos de pensiones (la gran mayoría de estos corresponde a depósitos en bolivianos). Mientras tanto, el gobierno de Paz Pereira anuncia la “devolución” de 2.700 millones de USD a los bancos privados para “restaurar la confianza en el sistema financiero” (El Deber, 27/11/2025).

A los bancos privados nacionales, se suman las Instituciones Financieras para el Desarrollo (IFD): Diaconía – de la iglesia tiene un 0,11% de los FCI, ProMujer y Crecer tienen cerca al 0,04% cada uno. Se ha depositado un 0,25% en el tesoro estadounidense, el 0,05% en el Banco Mundial y el 0,03% en la Corporación Andina de Fomento (CAF). También se encuentra la subsidiaria ENDE Transmisión con el 0,63% de los FCI.

Al seguir revisando dónde están los fondos de pensiones, encontramos las siguientes empresas privadas, que tienen bonos a largo plazo, pagares bursátiles y valores de titularización (en orden porcentual):

● Telefónica Celular de Bolivia S.A.
● Industrias de Aceite S.A.
● Itacamba Cemento
● SOBOCE S.A.
● Las Lomas Import Export
● Parque Industrial Latinoamericano S.R.L.
● Industria Textil TSM S.A.
● Prolega S.A.
● FANCESA
● Frigorífico BFC S.A.
● Empresa Minera Paititi S.A.
● Gas & Electricidad S.A.
● Empresa Ferroviaria Oriental
● Granja Avícola Sofía Ltda.
● Industrias Oleaginosas S.A.
● Clínica de las Américas S.A.
● Nibol
● Bolivian Power Company
● Sociedad Agroindustrial Nutrioil S.A.
● Dismatec
● Nuevatel S.A.
● Nacional Vida
● Toyosa S.A.
● Gravetal Bolivia S.A.

Entre los accionistas de estas empresas se encuentran las familias Marinkovic, Camacho, Zurita Vera, Anglarill Serrate, Antelo Dabdoub, Kuljis, Landívar, entre otros. Los mismos grupos de poder que dirigen las cámaras empresariales, y hoy se encuentran en el parlamento, se benefician con el usufructo de nuestros fondos de pensiones.

El gobierno del MAS-IPSP aprobó la nueva ley de Pensiones en 2010 que establecía formalmente el traspaso de la administración de la seguridad social a largo plazo de las AFP al sector público. Sin embargo, no fue sino 12 años después que se concretó el funcionamiento de la gestora estatal. La ley de Pensiones, si bien establece previsiones como el fondo solidario y el fondo de renta universal de la vejez, mantiene una lógica de aportes “distribuidos” entre los trabajadores y la patronal, establece una gestora estatal sin participación democrática de las y los trabajadores quienes aportan, y no rompe con las lógicas del mercado financiero que caracterizan las AFPs. En lugar de usar los fondos de pensiones para préstamos con tasas de interés accesibles para viviendas sociales y consumo de los propios aportantes, se entregan estos fondos a bancos, empresas agroindustriales, mineras y transnacionales.

Luego de haber administrado los fondos de pensiones durante 25 años, en los que sus directivos se han beneficiado de salarios de entre 85 mil y 100 mil bolivianos mensuales (IBCE, 03/02/2015) nos entregan Fondos de Capitalización Colectiva que corresponden en un 52% a acciones en el quebrado Lloyd Aéreo Boliviano. Para luego enjuiciar al país en la CIADI, en el caso de BBVA Previsión la entidad internacional dictaminó una penalidad de 105 millones de USD que debe pagar el Estado Boliviano a la transnacional.

Al preguntar, ¿dónde están los fondos de pensiones?, sin duda, deben responder los responsables de las gestiones estatales anteriores. Pero junto a ellos, en el banquillo de los acusados, deben responder los ejecutivos de las AFP, los dueños de los bancos y de las grandes empresas privadas que se han beneficiado con nuestros fondos de pensiones y que hoy cuentan con representación directa en el gobierno de Paz-Lara. Mientras desde el gobierno se especula sobre nuestros fondos de pensiones, las Fuerzas Armadas gozan del privilegio de jubilación con el 100% de sus haberes (Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, 1992).

Desde la LOR-CI por un Partido de Trabajadorxs Revolucionarixs creemos que es fundamental organizarnos en defensa de nuestros fondos de pensiones, que son el salario social diferido en el tiempo. La jubilación al 100% debe ser financiada con el aporte patronal, y deben constituirse en parte de un sistema integral de seguridad social que contemple corto plazo y largo plazo, además de incorporar a las y los trabajadores del sector informal, consultores, tercerizados, precarizados y cuentapropistas. La administración de nuestros aportes debe ser democrática, a cargo de las y los trabajadores, que nuestros fondos sirvan para créditos populares accesibles y no para el engorde del gran capital. Exigimos la apertura de todos los libros contables de los bancos, fondos de inversiones y grandes empresas que figuran en las listas de la Gestora y las AFP.

Por Nathanael HastieSociólogo | Consejo Editorial LID Bolivia

Fuentes

Reporte de APS – Diversificación de la Cartera del FCI por Emisor, Instrumento y Calificación de Riesgo (31/12/2024)
Memoria Anual – AFP Previsión (2021)
Memoria Anual – AFP Futuro (2021)
Reporte Anual – Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (2024)

 

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