Álvaro Uribe: culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal

Por primera vez en la historia del país, un expresidente ha sido hallado penalmente responsable por un tribunal de justicia ordinaria. Este 28 de julio, la jueza 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, condenó a Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Como medida inmediata, ordenó su detención domiciliaria.

La audiencia, que se extendió por más de ocho horas, concluyó con la solicitud de la Fiscalía de una pena mínima de 108 meses de prisión. La lectura de sentencia fue programada para el próximo 1 de agosto a las 2:00 p.m., momento en que se conocerá el tiempo exacto de la condena.

Según se estableció en el fallo, Uribe utilizó a su abogado Diego Cadena para intentar manipular testimonios que lo beneficiaran. Entre ellos, el más relevante fue el del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, a quien Cadena buscó persuadir para que no declarara sobre los presuntos vínculos del expresidente con grupos paramilitares en Antioquia. La jueza consideró que el testimonio de Monsalve era coherente y respaldado por las pruebas. “Todas las pruebas reunidas permiten concluir que el testigo no está faltando a la verdad”, señaló durante la audiencia.

El fallo concluyó que hubo una actuación deliberada para inducir al sistema judicial a error a través de la manipulación de testimonios, lo que configura el delito de fraude procesal. Además, se determinó que Uribe ofreció beneficios a personas privadas de libertad a cambio de declaraciones que pudieran favorecer su situación judicial, lo que derivó en la condena por soborno en actuación penal.

En 2024, la Fiscalía formalizó la acusación, lo que dio inicio al juicio oral el 6 de febrero. Este lunes 28 de julio, la justicia cerró una etapa crucial del proceso con el fallo condenatorio

El origen del caso se remonta a 2012, cuando Uribe interpuso una denuncia contra el entonces senador Iván Cepeda, quien en ese momento recolectaba testimonios de exparamilitares que vinculaban a Uribe y a su hermano Santiago con la creación de estructuras paramilitares en Antioquia durante los años noventa. Uribe alegaba que Cepeda estaba fraguando un complot en su contra. Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema archivó el caso contra Cepeda y abrió una investigación contra Uribe por manipulación de testigos. A partir de ese momento, el proceso atravesó años de dilaciones, recursos y maniobras judiciales por parte del equipo legal del expresidente.

El juicio comenzó finalmente en febrero de 2025. Uribe negó en todo momento las acusaciones. Argumentó que su intención era verificar testimonios que buscaban incriminarlo falsamente. Sin embargo, entre las pruebas más contundentes que presentó la Fiscalía estuvieron las grabaciones de llamadas telefónicas entre Uribe y su abogado Diego Cadena. El Tribunal Superior de Bogotá concluyó que dichas conversaciones no estaban protegidas por el secreto profesional, ya que Cadena no figuraba como su abogado formal en ese proceso. Esas grabaciones, obtenidas en 2018, motivaron el arresto de Uribe en 2020, aunque luego fue liberado.

La defensa intentó en dos ocasiones obtener la preclusión del caso, pero los tribunales de primera y segunda instancia rechazaron ambas solicitudes. En 2024, la Fiscalía formalizó la acusación, lo que dio inicio al juicio oral el 6 de febrero. Este lunes 28 de julio, la justicia cerró una etapa crucial del proceso con el fallo condenatorio.

la defensa tiene cinco días hábiles para apelar ante el Tribunal Superior de Bogotá

El exmandatario fue absuelto del delito de soborno simple, relacionado con las gestiones de su defensa para que la exfiscal Hilda Niño declarara contra antiguos funcionarios judiciales. La jueza concluyó que no existían pruebas suficientes para vincular a Uribe con esas acciones, y que el traslado carcelario de la exfiscal respondió a decisiones judiciales ajenas a cualquier intervención indebida.

El fallo no es definitivo: la defensa tiene cinco días hábiles para apelar ante el Tribunal Superior de Bogotá. Si se ratifica la condena, el proceso podría avanzar hasta la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario de casación.

Reacciones tras la sentencia: entre la defensa cerrada y el reconocimiento histórico

Tras la sentencia que declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe, las reacciones no tardaron en llegar. Mientras voces cercanas al expresidente denunciaron una supuesta persecución política, desde el oficialismo se destacó el valor del fallo como precedente democrático y evento histórico

En Colombia, figuras políticas afines al exmandatario rechazaron el fallo, denunciando una supuesta “politización de la justicia”. La senadora María Fernanda Cabal calificó el veredicto como el resultado de una “persecución política sistemática”, promovida —según ella— por sectores que Uribe enfrentó desde el poder.

Abelardo De La Espriella, precandidato presidencial por el movimiento Defensores de la Patria, llamó a sus seguidores a movilizarse en defensa del exmandatario. “Lo que ocurrió hoy no es justicia: es una venganza política”, escribió en redes sociales, insistiendo en que “el montaje está consumado”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se sumó a las críticas. En declaraciones públicas, apuntó directamente contra el presidente Petro y los congresistas oficialistas, a quienes tildó de “grupos terroristas”. Para Gutiérrez, la condena a Uribe es una injusticia, pues —según dijo— “combatió a quienes hoy están en el poder”.

Desde Estados Unidos, la congresista republicana María Elvira Salazar se sumó al coro de defensores del expresidente. En un mensaje publicado en sus redes, calificó la sentencia como una “infamia” y acusó a la justicia colombiana de actuar como parte de una supuesta estrategia de la “izquierda radical” para perseguir políticamente a quienes se oponen a su proyecto. Según Salazar, Uribe está siendo castigado por haberse negado a pactar con las FARC y por haberse convertido en un “obstáculo” para quienes —dijo— quieren “convertir a Colombia en otra Venezuela”.

Marco Rubio, actual secretario de Estado, condenó el fallo y aseguró que el único delito de Uribe ha sido “defender a su patria”. Además, acusó a los jueces colombianos de ser “radicales” y advirtió que el uso político de la justicia en Colombia sienta un “precedente preocupante”.

Del lado del oficialismo, el fallo fue celebrado como un momento clave en la historia del país.

Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico y defensor de derechos humanos, fue una de las voces más esperadas tras conocerse el fallo. Impulsor clave del proceso judicial contra Álvaro Uribe, hizo un llamado a su contraparte a «acatar la institucionalidad» y a «respetar la justicia». “Hoy es un día para hacer un reconocimiento a la justicia, como garante de la democracia y como control eficaz de los políticos más poderosos y sus crímenes”, afirmó.

La precandidata María José Pizarro, de la coalición del Pacto Histórico, destacó la importancia del veredicto y reconoció el papel del senador Iván Cepeda. También agradeció al equipo jurídico que representó a las víctimas, el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR), por su trabajo riguroso y sostenido a lo largo de los años.

A estas declaraciones, se sumaron las de la exministra de Salud Carolina Corcho, también precandidata presidencial, quien celebró el fallo de la jueza Sandra Heredia como un paso decisivo en la historia judicial del país. “Se reafirma la independencia judicial y rechazamos toda amenaza contra quienes imparten justicia”, señaló. Además, expresó su respaldo al senador Iván Cepeda, a quien felicitó por su compromiso con la verdad. “Este fallo es una esperanza para miles de víctimas. La democracia se fortalece cuando nadie está por encima de la ley”, concluye.