Radiografía del sistema de salud en emergencia

Qué significa ajustar en el sistema de la salud pública? En la Argentina de Javier Milei, no es una pregunta analítica, es una urgencia. Se responde con la falta de insumos en los centros de salud, residentes despedidos y el desborde de las guardias. Un sistema público de referencia regional se encuentra hoy en estado de emergencia. Tres casos permiten comprender el alcance de la crisis: el Hospital Garrahan, el Hospital Posadas y el Hospital Laura Bonaparte.

En este escenario, los sectores más afectados son siempre los mismos: niñeces, personas sin cobertura, pacientes con padecimientos mentales, profesionales precarizados. La salud pública deja de ser un derecho y se convierte en un servicio limitado. Y con eso, no solo se vulnera la salud individual, sino también el tejido colectivo. Porque el sistema público no solo cura: forma, investiga y produce conocimiento. Organiza su presencia en los barrios y articula con todos los niveles del Estado actividades que tienen como eje el acceso a la salud integral.

Un proceso deliberado de desfinanciamiento del sistema público de salud. Se trata de una concepción donde el Estado busca activamente excusas numéricas para retirarse y que la lógica mercantil avance. Los números, los despidos, el cierre de programas: todo responde a un mismo patrón.

Garrahan y el derecho a la salud de las infancias

El Hospital Garrahan es el principal centro pediátrico de alta complejidad de Argentina, con un sistema de derivaciones que alcanza a todo el país. No solo atiende niñas y niños de todas las provincias, también forma a gran parte de los pediatras y especialistas que sostienen el sistema público de salud.

Ese rol estratégico se construyó sobre una base federal: el 80% del presupuesto es aportado por el Estado nacional y el 20% restante por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, en 2025, ese esquema entró en crisis. Aunque el gobierno nacional sostiene que no hubo recortes, los números cuentan otra historia. Con una inflación acumulada del 117,8% durante 2024, el presupuesto del Garrahan tuvo un aumento nominal del 9,8%, lo que implica una caída real del 50%. El hospital tiene casi la mitad de los recursos económicos que necesita para funcionar al mismo nivel. La situación sigue empeorando: en lo que va del 2025, la inflación acumulada ya es del 15,1%, mientras que el presupuesto asignado solo se incrementó en un 9,8%.

Los efectos son inmediatos: caída en la capacidad operativa, restricción de insumos, programas de derivación paralizados, deterioro en la formación y la investigación. Se trata de una degradación acelerada que amenaza con desarticular un hospital cuyo objetivo es garantizar atención gratuita, especializada para las infancias. Lo que está en riesgo es un modelo federal de salud pública.

Un hospital nacido de la Ley de Salud Mental

El Hospital Nacional Laura Bonaparte también tiene un rol clave, pero en otro terreno: la salud mental. Ubicado en el Área Metropolitana de Buenos Aires, fue concebido como un centro de atención integral para personas con padecimientos psíquicos y consumos problemáticos. Parte de un enfoque de derechos humanos y una historia que remonta a fines del siglo XIX, el Bonaparte se convirtió en un referente en su área. El hospital nace con la Ley de Salud Mental en el año 2012, tomó su nombre en honor a la psicóloga e integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Laura Bonaparte, una figura clave en la defensa de los derechos humanos. Con el tiempo, esta institución se fue forjando como un centro nacional de referencia en Salud Mental.

El 8 de abril de 2025, el Ministerio de Salud nacional anunció el cierre de las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental, que garantizaban la formación de nuevos profesionales. Unos meses antes, ya se había producido la intervención del hospital mediante el Decreto 130/2025, bajo el argumento de una planta sobredimensionada. ¿El resultado? Se despidió a 200 residentes y se paralizaron funciones esenciales. Estos médicos, psicólogos y profesionales en formación denunciaron que cumplían con todos los requisitos para continuar con sus tareas y su capacitación. Además, alertaron sobre las graves consecuencias: la interrupción de las residencias no solo afecta su propia formación profesional, sino que impacta directamente en la atención de miles de pacientes, la mayoría de ellos en situaciones de extrema vulnerabilidad.

A pesar de su enfoque integral (incluyendo farmacia y jardín de infantes), el gobierno anunció su cierre y reestructuración. Si bien las protestas lograron un acuerdo de normalización, la intervención gubernamental se mantiene.

Posadas: un hospital de alta complejidad y bajos sueldos

El Hospital Posadas es el hospital público más grande de Argentina. Allí, más de 600 residentes trabajan de 60 a 70 horas semanales por sueldos muy bajos, sin ningún tipo de compensación. Así lo denunciaron en un comunicado difundido en junio de 2025. La situación, según los residentes, es crítica. “Junto con el Hospital Garrahan, compartimos que nuestro empleador es el Ministerio de Salud de la Nación, por lo que tenemos el mismo sueldo y enfrentamos una crisis respecto a la devaluación en nuestro salario”, explicó el médico Elian Chali.

La combinación entre salarios degradados, falta de recursos y fuga de médicos de planta profundiza el colapso: los turnos para pacientes se retrasan y los servicios esenciales quedan desbordados o suspendidos.

En el Posadas, como en otros hospitales nacionales, lo que se está discutiendo no es solo el ingreso mensual de los profesionales: es la posibilidad real de sostener un sistema público con personal especializado, condiciones dignas de trabajo y atención continua a pacientes.

La respuesta organizada

Garrahan, Bonaparte y Posadas comparten una característica clave: su principal fuente de financiamiento es el Ministerio de Salud de la Nación. Esta dependencia directa del gobierno central los deja en una situación extremadamente vulnerable. En un contexto de ajuste y desfinanciamiento, las autoridades nacionales concentran la responsabilidad presupuestaria y salarial, pero se niegan a abrir canales reales de diálogo. La falta de autonomía, combinada con la ausencia de negociación, convierte cada recorte en una asfixia y cada reclamo en una pulseada desigual.

El 17 de julio pasado más de 90 organizaciones de salud, sindicatos, colectivos profesionales y organismos de derechos humanos convocaron a un paro nacional y una movilización desde el Congreso a Plaza de Mayo. El epicentro fue el Hospital Garrahan, convertido en símbolo de la lucha por la salud pública. Pero no estuvieron solos: la protesta se replicó en 25 puntos del país, mostrando que la crisis es nacional. Los casos de estos tres hospitales permiten visibilizar lo que está ocurriendo en decenas de centros de salud en todo el país: una estrategia sistemática de desinversión que pone en riesgo el acceso a la salud de millones de personas.