4 de febrero de 2026
No han pasado ni tres meses en la gestión de Rodrigo Paz Pereira como presidente y ya UNITEL ha publicado dos encuestas de aprobación sobre su gobierno.
La primera se llevó a cabo durante el mes de diciembre. Las encuestadoras mostraron que la popularidad del presidente alcanzaba el 65%. Nuevamente, las mismas empresas publicaron ayer una segunda encuesta en UNITEL que otorga a Rodrigo Paz el mismo porcentaje del 65%.
Cabe destacar que ambas encuestas se realizaron en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y El Alto con 400 personas consultadas en total. Es decir, se aplicaron alrededor de 80-100 encuestas por cada ciudad. Una muestra muy reducida.
Más allá de realizar dos encuestas en menos de tres meses, como si el medio estuviese desesperado por limpiarle la imagen a Paz, lo que me llama la atención es que el resultado no varíe entre ambas mediciones, pese a hechos que seguramente impactaron en la percepción de la población.
Entre estos acontecimientos destacan: la anulación del DS 5503; el caso de las narcomaletas que el gobierno abiertamente admitió conocer antes de que saliera a la luz y que involucra a uno de sus más cercanos aliados, Luis Fernando Camacho, ya que la exdiputada implicada, Laura Rojas, era de Creemos. Pero lo que más se ha escuchado estos días es la mala calidad de la gasolina que está distribuyendo YPFB.
Las encuestas se realizaron entre el 16 y el 28 de enero. ¿Ninguna de estas situaciones cambió la percepción de la población boliviana o es que Ipsos y CIESMORI le preguntaron a las mismas 400 personas? ¿O es por el número tan reducido de personas encuestadas?
¿Y si mejor salen a preguntarle a los conductores de todas las clases sociales?
Desde hace varios días, la población observa con creciente descontento la calidad de la gasolina que se está distribuyendo mediante YPFB. Mecánicos y conductores ya han advertido que el combustible estaría generando sedimentos o carbonilla que se acumulan en piezas clave del motor, como las válvulas y los inyectores. Cuando estos residuos se adhieren, lastimosamente el vehículo pierde potencia y las fallas mecánicas empiezan a agravarse. En los casos más graves, el daño del motor puede ser irreversible y obliga a reparaciones muy costosas, que le genera más gasto a la población.
Este era un problema que ya se advertía durante el gobierno de Luis Arce. Pero tras la eliminación de la subvención y con un gabinete de gente supuestamente experta, ¿no debía mejorar el control sobre la calidad de los carburantes? ¿O el gobierno ha sido tan negligente en la aplicación de sus medidas que descuidó un aspecto elemental como la supervisión del combustible?
Choferes y medios han denunciado que la gasolina contendría entre un 18% y un 20% de etanol, cuando este no debería pasar el 12%. Conductores de transporte libre han decidido hacer ellos mismos las inspecciones si no reciben respuestas, y tomarán medidas si es que el gobierno no responde a sus denuncias. Ya un grupo de choferes tomó la ANH en Cochabamba.
Cabe destacar que la población aceptó la eliminación de la subvención, incluso sectores como los marchistas de la COB terminaron por asumirla, bajo la expectativa de que traería mayor orden y eficiencia. Entonces, ¿por qué la población sigue pagando el costo de la negligencia del gobierno?
Por Quya Reyna
