¿𝐐𝐮𝐞́ 𝐞𝐬𝐜𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐞𝐥 𝐃𝐒 𝟓𝟓𝟗𝟓 𝐝𝐞 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 “𝐓𝐫𝐚𝐧𝐜𝐚”?

2 de abril de 2026

Entre bombos y platillos, el presidente Rodrigo Paz Pereira ha promulgado el Decreto Supremo N° 5595, una norma que se presenta ante la opinión pública con el eslogan de «Tranca Cero». La narrativa oficial apunta a la extirpación de ese «Estado Tranca» —término que, curiosamente, evoca viejas retóricas de desmantelamiento institucional—, prometiendo que la digitalización será el remedio definitivo contra la asfixia burocrática. Sin embargo, tras la fachada de la eficiencia administrativa y la modernidad tecnológica, se esconde una reconfiguración del poder estatal que merece un análisis urgente: lo que parece una mejora en la calidad de vida del ciudadano y ciudadana es, en realidad, el envoltorio de una agresiva política económica de desregulación y recentralización política.

Resulta profundamente contradictorio que un decreto cuyo objeto explícito es la «simplificación» comience duplicando funciones y robusteciendo el aparato burocrático que dice combatir. Al transformar el Viceministerio de Coordinación de la Gestión Pública en el nuevo Viceministerio de Coordinación y Modernización del Estado, el Gobierno no solo añade tres nuevas Direcciones Generales, sino que ignora deliberadamente la existencia de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (AGETIC).

Mientras países como Uruguay han avanzado hacia el Gobierno Digital fortaleciendo agencias técnicas especializadas, el modelo boliviano opta por la creación de una «super-instancia» política. En otras palabras, se crea un aparato burocrático para reducir el aparato burocrático. Al parecer, la lógica que ha marcado a esta gestión desde su inicio es la creación de mecanismos de centralización de poder y control directo desde el núcleo del Órgano Ejecutivo.

Esta lógica personalista se manifiesta, nuevamente, con especial crudeza en la concentración de competencias dentro del Ministerio de la Presidencia. Recordemos que, en su intento fallido de suprimir el Ministerio de Justicia, ya se delegaron funciones de dicha cartera a este Ministerio. Al erigirse como el gran vigilante de la «modernización», esta instancia secuestra una agenda que debería ser democratizadora y descentralizada. La verdadera paradoja reside en que, para «desburocratizar», el Gobierno ha tenido que redactar más normas, instituir un Comité Interministerial de seis cabezas y diseñar nuevos sellos de certificación. Es, en esencia, un intento de combatir la burocracia mediante una estructura más robusta, jerárquica y, sobre todo, más cercana al despacho presidencial, lo cual choca frontalmente con cualquier visión contemporánea de gestión pública eficiente.

Sin embargo, el corazón del DS 5595 no es la eliminación de la fotocopia de la cédula o el fin del dichoso “folder amarillo” que todos cargamos bajo el brazo para hacer trámites. El verdadero peligro radica en el «Ranking de Simplificación Regulatoria del Estado». Aunque el presidente lo vende como un instrumento de transparencia, este ranking funciona como un mecanismo de coacción institucional para una desregulación económica.

Al obligar a las entidades públicas a justificar la «necesidad económica» de sus normas bajo la amenaza de ser mal calificadas, el decreto otorga al Ministerio de la Presidencia la potestad discrecional de decidir qué regulaciones son «trancas» y cuáles no. Este escenario facilita la eliminación de controles estratégicos sobre las empresas privadas, disfrazando de «eficiencia» lo que en el fondo es una renuncia del Estado a su rol fiscalizador.

Hacia dónde apunta esta desregulación es hacia un modelo económico de corte liberal radical, donde el control estatal es visto exclusivamente como un costo y no como una garantía de derechos. Al centrar la fiscalización únicamente en «riesgos relevantes» —un concepto peligrosamente subjetivo que será definido por el Comité Interministerial—, el decreto abre la puerta trasera para que normativas ambientales, laborales o de seguridad industrial sean catalogadas como obstáculos prescindibles. Lo que se vende como una ayuda al ciudadano es, en realidad, una alfombra roja para el capital privado, permitiendo que la actividad empresarial se desarrolle con la mínima interferencia de un Estado que, progresivamente, abdica de su función de equilibrio social.

Finalmente, este shock normativo ignora que la burocracia boliviana es una herencia cultural de raíz napoleónica, donde el sello y el papel impreso son los pilares de la fe pública y la seguridad del funcionario. La mentalidad del «trámite» no se extingue por decreto ni prohibiendo la fotocopia de identidad si no se transforman los mecanismos operativos de fondo. Sin una interoperabilidad técnica garantizada, el sistema simplemente desplazará la burocracia hacia áreas menos visibles pero igualmente obstructivas.

En conclusión, el Programa «Tranca Cero» utiliza la tecnología como un caballo de Troya: mientras la ciudadanía celebra la simplificación de lo cotidiano, el Estado aprovecha el descuido para quitar al Estado de por medio y favorecer a las empresas y centralizar el mando, pasando de ser un garante del interés común a un simple facilitador del mercado bajo la estricta vigilancia de un solo Ministerio.